La Comisión Justicia Cuba anunció el inicio de una serie de acciones internacionales de fiscalización que incluyen el enjuiciamiento de Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad debido al incremento de la represión que está ocurriendo en la Isla.
En una conferencia de prensa este jueves en Florida, el jurista mexicano René Bolío, presidente de la organización que busca el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Cuba, anunció "una ofensiva legal y global contra la dictadura cubana" en "el momento de su máxima debilidad".
"Es un momento muy importante y queremos contribuir con acciones decisivas no solo para el futuro sino para el presente", dijo a EFE el presidente de la Justicia Cuba, creada en 2017 e integrada por juristas y activistas de derechos humanos de diversos países.
La ola de represión desatada actualmente contra el Movimiento San Isidro y artistas y activistas es la respuesta de un régimen "acorralado" por el cúmulo de dificultades "políticas, económicas y sociales" de Cuba, dijo Bolío, antes de destacar que "de una manera sorprendente" el pueblo cubano ha reaccionado con protestas.
Bolío indicó que Díaz-Canel, por su carrera "gris y burocrática", no estaba hasta ahora en las listas de involucrados directamente en la represión sistemática del régimen, pero a partir de los recientes acontecimientos, y porque forma parte de la "cadena de mando" desde la Presidencia, la Comisión convocará una audiencia de juristas internacionales para analizar su caso con vistas a su encauzamiento, agregó.
Entre las medidas anunciadas en la presentación de la iniciativa está solicitar oficialmente a la Presidencia de EEUU que incluya de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
También se pedirá que se aplique la Ley Magnitsky a los 43 miembros del régimen cubano incluidos en la lista negra elaborada por Justicia Cuba, que reúne a violadores de derechos humanos que van desde Raúl Castro y Ramiro Valdés hasta agentes de las prisiones cubanas implicados en abusos y en la muerte de prisioneros políticos.
Ese listado, aseguró Bolío, será actualizado para incluir a los responsables de la ola represiva actual.
La misma petición se hará al Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que tienen leyes similares a la estadounidense Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.
Dicha Ley prohíbe la entrada en EEUU y congela los activos que puedan tener los extranjeros acusados de violar los derechos fundamentales de las personas.
También se formalizarán denuncias contra tales cargos ante los órganos de derechos humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se pedirá la "designación del régimen comunista de Cuba como empresa criminal conjunta".
Ese sería el paso previo a una petición ante el Parlamento Europeo para que se cree un tribunal "ad hoc" para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba, como se hizo con Ruanda o la ex Yugoslavia.
El Gobierno cubano ha afirmado que los participantes en recientes protestas son "mercenarios" de un complot organizado desde "el imperio", según planteó la noche del martes el noticiero de la televisión estatal en un reportaje especial y los más importantes medios oficiales, como el diario Granma y el sitio Cubadebate.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el pasado martes que a la luz de la "fuerte represión" ejercida contra miembros del Movimiento de San Isidro (MSI), el Gobierno de Cuba puede estar "en vías de justificar una nueva Primavera Negra, que termine por ahogar la voz de una nueva generación de disidentes".
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