Cuba y Venezuela vuelven a conformar la "lista negra" en materia de derechos humanos de la CIDH, según el informe anual de 2017 que publicó este jueves ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El capítulo IV del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conocido como la "lista negra", identifica los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una "atención especial" de este organismo, con sede en Washington.
En cuanto a Cuba, la CIDH encontró especialmente reseñables "las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, y las restricciones a la libertad de movimiento" que sufren los cubanos.
Además, alertó de las "mínimas garantías judiciales y de protección judicial", que afectan especialmente a defensores de derechos humanos, disidentes, líderes sociales y políticos y periodistas independientes.
La Comisión también advirtió sobre la discriminación y violencia contra personas del colectivo LGTBI en la Isla, la exclusión de la población afrodescendiente, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
La CIDH dijo tener constancia "de ciertas acciones del Estado cubano que tendrían como efecto impedir la plena participación política de candidatos independientes" en el simulacro "electoral" del régimen.
Enumeró: "hostigamientos, amenazas y represalias; detenciones arbitrarias ; allanamientos de morada y confiscación de bienes, generalmente vinculados a causas penales 'fabricadas'; obstáculos para reunirse con fines políticos; indebidas restricciones de salida del país y deportaciones de La Habana hacia otras provincias del interior ; así como la estigmatización y el desprestigio, las cuales buscan obstaculizar la postulación de candidaturas independientes en las Asambleas de Nominación de Candidatos".
"Tales tácticas represivas forman parte de un patrón empleado directamente por el Estado, o por personas bajo su autorización, apoyo o aquiescencia, en perjuicio de todo individuo cuya labor sea identificada como una amenaza contra el actual sistema de Gobierno", precisó en informe.
Asimismo, alertó que durante el año 2017, "la CIDH observó la persistencia de las vulneraciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial de las que son objeto las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos, y periodistas independientes, al desempeñar sus labores".
Todas estas acciones represivas, prosiguió, "procuran desalentar las manifestaciones críticas al Gobierno, obstaculizar la libre expresión de las opiniones e ideas, impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales y el surgimiento de nuevos liderazgos".
La Comisión señaló los casos de las organizaciones opositoras, Damas de Blanco y Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), así como "el uso de tácticas represivas" contra sus miembros ("imposición de onerosas multas; los allanamientos de morada y confiscación de bienes, generalmente vinculados a causas penales 'fabricadas'; las indebidas restricciones de salida del país y al libre tránsito en el territorio; y la estigmatización y desprestigio").
Por otra parte, la CIDH denunció las restricciones de residencia y tránsito que imperan en la Isla y señaló que impiden el ejercicio pleno de los derechos de circulación tanto al interior como al exterior del país.
"Respecto a la aún existente restricción de 24 meses de permanencia de una persona en el exterior bajo amenazas de ser consideradas emigradas, la Comisión reitera que esta continúa siendo una restricción irrazonable en el ejercicio del derecho de residencia y tránsito", agregó el informe.
"La imposibilidad —prosiguió— de regresar a su país de origen impide a las personas cubanas gozar de una nacionalidad efectiva, lo que conlleva a otras violaciones de derechos humanos, como el derecho a la familia. Adicionalmente, sitúa a las personas cubanas que salen de su país en una situación especial de vulnerabilidad, ya que se encuentran de manera irregular en el país en el que se encuentran y no pueden tampoco regresar a su país".
Sobre la "violencia por el ejercicio de la libertad de expresión", la CIDH enumeró, entre otros, los casos de los periodistas de Henry Constantín Ferreiro y Sol García Basulto, de la revista La Hora de Cuba, y Manuel Alejandro León Velázquez, de DIARIO DE CUBA.
La Comisión concluyó sobre el caso cubano que "no observa una mejoría en aspectos como las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el Gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, violaciones a las garantías al debido proceso, limitaciones indebidas al derecho de residencia y de tránsito, entre otras".
La Comisión pidió al régimen, entre otros, "eliminar las figuras de la 'peligrosidad' y la 'especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos', contenidas en el Código Penal", así como "adoptar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio periodístico y la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sea las amenazas provenientes de agentes del Estado o de particulares".
Venezuela
Sobre el caso venezolano, la Comisión consideró: "El grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes de Venezuela".
"A lo anterior, se suma la existencia de serias restricciones que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Asimismo, la situación causada por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema", agregó el organismo.
Cuba y Venezuela repiten en esa lista, donde el año pasado apareció inicialmente República Dominicana, pero después la CIDH se retractó y dio marcha atrás sacando al país caribeño de la lista.
Venezuela apareció por primera vez en la lista negra de la CIDH en 2002 y ha permanecido allí desde entonces con excepción de 2004. Cuba está desde 1985.
Cuba fue excluida del sistema interamericano en 1962 y no reconoce a la CIDH.