Durante estos meses de "batalla" contra el Covid-19, agentes de la Policía han estado involucrados al menos en las muertes de tres cubanos y en agresiones sexuales a tres cubanas, dos de ellas de solo 17 años.
El caso más reciente es el del joven Luis Alberto Sánchez Valdés, fallecido el 2 de enero en Pinar del Río, tras un incidente ocurrido el 8 de diciembre y en el cual, según la versión oficial, sufrió una caída "de sus propios pies".
El 24 de junio de 2020, mientras los medios oficiales de la Isla criticaban el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, el cubano Hansel Ernesto Hernández Galiano, de 27 años, negro como Floyd, moría por los disparos de un uniformado.
Según el reporte oficial, Hansel Ernesto fue sorprendido "in fraganti" mientras robaba "piezas y accesorios de un paradero de ómnibus", y durante la fuga lanzó piedras al policía. Para "defenderse" de las "mortíferas" piedras y de la "puntería" exhibida por Hernández Galiano mientras corría, el agente no tuvo más remedio que disparar su arma reglamentaria.
A diferencia del caso de George Floyd, en el de Hansel Ernesto no hubo más testigos del hecho que el autor de los disparos. Aunque no se realizó una autopsia independiente que permitiera desmentir o verificar el relato oficial de lo ocurrido, los familiares de la víctima dijeron luego que el cuerpo tenía balazos en la espalda, algo que contradice la versión del agente.
El 5 de julio de 2020, menos de un mes más tarde, un ciudadano identificado como Yamisel Díaz Hernández, de 32 años, recibió un disparo mortal de otro agente policial. También en este caso el Ministerio del Interior (MININT) alegó defensa propia: "Como parte de la investigación se conoció que cuando el militar, junto a uno de los campesinos, le daba seguimiento y en el momento en que trató de detenerlos, fue agredido con un machete de forma reiterada y a corta distancia por uno de los individuos. Al ser atacado, el oficial realizó un disparo preventivo, y al continuar la agresión, estando en peligro su vida, respondió con otro que provocó la muerte al agresor", dijo.
Sin embargo, esa historia fue desmentida por el padre de la víctima, quien contó que su hijo tenía una herida de bala en el costado y no en el pecho, como tendría que haber ocurrido de acuerdo a la narración del MININT.
En abril, dos menores afirmaron haber sido violadas por dos agentes del orden dentro de una patrulla. Los uniformados recibieron condenas de seis y ocho años de privación de libertad, por abuso sexual y violación en un juicio a puertas cerradas sin presencia de prensa (ni siquiera oficial), al que solo pudieron acudir los familiares. La madre de una de las niñas llegó a amenazar con revelar en las redes sociales lo que ocurría en el juicio, al sospechar la pretensión de exonerar a los policías.
Según el Artículo 298.1 del Código Penal vigente en Cuba, "se sanciona con privación de libertad de cuatro a diez años al que tenga acceso carnal con una mujer, sea por vía normal o contra natura, siempre que en el hecho concurra una de las siguientes circunstancias: a) usar el culpable fuerza o intimidación suficiente para conseguir su propósito". El punto 2 del artículo establece una sanción de siete a 15 años de privación de libertad "a) si el hecho se ejecuta con el concurso de dos o más personas, b) si el culpable, para facilitar la ejecución del hecho, se presenta vistiendo uniforme militar o aparentando ser funcionario público".
En este caso, pese al empleo de intimidación y de que los perpetradores se encontraban de uniforme, la condena por violación fue la mínima prevista por la ley. Esto contrasta con la cadena perpetua impuesta por el Tribunal de Santiago de Cuba a Alejandro Luis Wilson Corona, autor de la violación de una niña de ocho años en febrero de 2020.
De acuerdo al citado artículo del Código Penal, la sanción por la violación de una persona menor de 12 años es de 15 a 30 años de privación de libertad o muerte. Por lo general, en Cuba las sentencias por este tipo de delito no exceden los 20 años.
Pero, aunque las condenas impuestas a estos policías estuvieron mucho más cerca de las sanciones mínimas que de las máximas previstas para los delitos que cometieron, al menos las víctimas pueden decir que recibieron algo de justicia.
La activista Dasniurka Salcedo denunció haber sido abusada sexualmente por dos agentes de la policía política en noviembre, y hasta el momento se ignora si se ha tomado alguna medida contra ellos.
Ni siquiera los hechos perpetrados por policías que han recibido condenas en los tribunales han merecido una mención crítica del Ministerio del Interior. Esto y la falta de un llamado contundente a que no se repitan, envía a los policías cubanos, pero sobre todo a la ciudadanía, el mensaje de que los uniformados tienen carta blanca para cometer estos y otros abusos de poder cuando les dé la gana, contra el pueblo al cual tendrían que proteger.
¡Claro! Son los esbirros ABUSADORES (por ahora) que sostienen en parte al régimen brutal.
¡Mira para eso! Se parece a la dictadura de Batista. La única diferencia era que cuando aquella dictadura había comida.
En un modelo de dominación donde no existe transparencia ni contrapartida, pues todo obedece a los intereses del Estado, en especial a los de la seguridad del estado, es imposible saberse la verdad o darla por hecha. Todo se politiza y se asocia con un enemigo ficticio construido.
Pedir información a la Fiscalía General es imposible, la niegan hasta el final e introducir pruebas en favor de las víctimas que lacere intereses es imposible.