La comisión presidida por el general Raúl Castro, encargada de la redacción de la futura Constitución de Cuba, acordó poner a consideración de la Asamblea Nacional del Popular las modificaciones propuestas al proyecto de Ley de Leyes durante la "consulta popular", informó el diario oficial Granma.
Según el órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC), el grupo se reunió durante cinco días y en las sesiones participaron Miguel Díaz-Canel Bermúdez y José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del PCC, que tiene bajo su tutela todo el proceso alrededor de la reforma constitucional.
La comisión fue informada de que durante la "consulta popular" se celebraron 133.681 reuniones, con una asistencia de 8.945.521 personas.
En dichas asambleas en barrios, centros de trabajo y estudiantiles, se realizaron 1.706.872 intervenciones, de ellas 783.174 propuestas, (666.995 modificaciones, 32.149 adiciones, 45.548 eliminaciones y 38.482 dudas).
Del mismo modo fueron conocidas 2.125 propuestas realizadas por los cubanos residentes en el exterior. La cifra se queda muy por debajo teniendo en cuenta que el Gobierno esperaba que los casi 1.400.000 cubanos dispersos por unos 120 países se involucraran en el proceso.
Aceptaría —dejó claro entonces— aquellos planteamientos que no incluyeran posiciones contrarias a su elección de sistema.
El medio no ofrece detalles sobre cuáles fueron las formulaciones, cambios, adiciones, eliminaciones e inquietudes planteadas.
Se sabe que la elección directa del presidente y el derecho a invertir en la Isla fueron algunas de las peticiones más repetidas de los cubanos. También estuvieron los reclamos de salarios "que alcancen" para vivir y los cuestionamientos a la posibilidad de que se cobre la educación superior.
El "debate" del Proyecto de Constitución durante los últimos tres meses estuvo signado además por pedidos de garantía para "todas las formas de pensamiento político", demandas para que termine "la lucha descarnada contra la riqueza que ha llevado al empobrecimiento en Cuba", el apoyo al matrimonio igualitario por un amplio sector de la sociedad o el abierto rechazo protagonizado por congregaciones religiosas.
Opositores al régimen, figuras internacionales e incluso cubanos de a pie consideran que la nueva Constitución está destinada a cimentar el sistema actual y blindar el legado del castrismo antes de la muerte y el retiro definitivo de la llamada "generación histórica".
Rechazan que el nuevo texto constitucional que se prepara en Cuba "no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación", por tanto "no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política y social de la sociedad cubana".
El proyecto contempla el reconocimiento de la propiedad privada y divide en varias figuras el poder del Estado, pero mantiene sobre todos ellos el poder del PCC.
Aunque el texto ya no se refiere a la construcción de la sociedad comunista sino de un "Estado socialista de derecho", mantiene que el socialismo es "irrevocable" en Cuba.
Diversifica los actores económicos y sociales como los dueños de pequeños negocios y establece la no discriminación de la identidad sexual, por un lado; pero por otro mantiene los medios de prensa bajo la propiedad estatal y la regulación de la concentración de la riqueza.
El documento incluye además la mención de la traición a la patria y pide la sentencia máxima para quienes la cometan, lo que en Cuba significa pena de muerte.