No ha sido la opción militar la que ha aplicado la Administración de Donald Trump al reactivar las acciones contra el régimen venezolano. Luego de algunos meses de letargo, Washington reapareció con fuerza con un conjunto de sanciones que podrían irse ampliando en el tiempo, y que buscan la asfixia financiera y comercial del Gobierno de Nicolás Maduro.
"Un sector opositor en Venezuela ha estado clamando por una intervención militar, pero esa opción no es la que está sobre la mesa. Trump insistirá en la ruta de las sanciones, que pueden llevar algún tiempo antes de que ofrezcan resultados a favor de un cambio en Venezuela", sintetiza para DIARIO DE CUBA un veterano diplomático sudamericano afincado en Caracas.
Se sigue reservando Estados Unidos una eventual medida de fuerza para desalojar a Nicolás Maduro del poder.
La reactivación de medidas desde Washington, luego de un par de meses más bien discretos, reaviva la discusión sobre qué deberá ocurrir para que Maduro negocie su salida del poder, y especialmente cómo y con quiénes podría construirse un gobierno de transición en Venezuela.
En las últimas semanas, varios gobiernos europeos, incluyendo el de Alemania, han reafirmado su compromiso con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como jefe de Estado interino por más de 50 países occidentales. Sin embargo, en Venezuela se respira una suerte de equilibrio de poderes. Guaidó cuenta con el respaldo popular y el de la comunidad internacional; pero Maduro ejerce el poder, las Fuerzas Armadas lo apoyan y controla las instituciones.
Consultado por DIARIO DE CUBA, el abogado venezolano Mariano de Alba, especializado en derecho internacional, explica desde Washington que la nueva decisión del Gobierno de Donald Trump, anunciada este lunes 5 de agosto, tiene dos puntos principales.
"En primer lugar, bloquea todas las propiedades e intereses del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos", confirma el experto.
En segundo término, y tal vez es la gran novedad, "el Gobierno de Estados Unidos le dice a cualquier empresa estadounidense o extranjera de cualquier parte del mundo, que si tiene algún tipo de relación de relación material, financiera o tecnológica con el Gobierno de Maduro, debe pararlas de inmediato", dice de Alba.
A partir de ahora, Estados Unidos bloqueará todos los activos de esas empresas en territorio estadounidense y también prohibirá la entrada a ese país a los directivos de dichas firmas.
Diversos analistas coinciden en señalar que las acciones están dirigidas contra el régimen de Maduro, pero no descartan del todo que pueda tener consecuencias para la población dentro de Venezuela.
Para Mariano de Alba, a diferencia de sanciones de este tipo aprobadas contra Irán, Cuba o Siria, en el caso de Venezuela se han establecido tres grandes excepciones, y luego se han difundido una serie de excepciones específicas.
Las excepciones principales están relacionadas con alimentos, medicinas e insumos médicos y vestimenta.
"El impacto sería limitado para el ciudadano común, pero no puede descartarse del todo", precisa De Alba, quien menciona ejemplos de excepciones como la posibilidad de que las operadoras de internet no se vean afectadas, ni las firmas financieras internacionales como Visa o MasterCard.
Sin embargo, De Alba considera que por ahora se trata de medidas limitadas, pero que en el caso de no lograr su objetivo, que Maduro abandone el poder, podría aumentar tanto en intensidad como en extensión para frenar la capacidad comercial y financiera del régimen venezolano.
Más allá de una lista de un centenar de altos funcionarios, colaboradores de Maduro y sus familias, que están sancionados individualmente por Washington, hasta ahora la Administración Trump solo había emitido una orden ejecutiva contra Petróleos de Venezuela, a fines de enero de este año, pocos días después de que reconociera a Guaidó como presidente interino.
En esa ocasión se restringió el comercio petrolero entre los dos países. Esto tuvo un claro impacto en las finanzas públicas de Venezuela.
Esta es la segunda ocasión en que una medida desde Washington está dirigida al conjunto de la administración de Maduro.