El Parlamento catalán proclamó este viernes la "independencia" unilateral de España, mientras el Senado español pidió aplicar el artículo 155 de la Constitución mediante el cual el presidente Mariano Rajoy y el Gobierno español asumen temporalmente el control de Cataluña, reporta EFE.
La mayoría independentista del Parlamento catalán proclamó este viernes una "República" constituida como "Estado independiente y soberano" y propuso entablar negociaciones inmediatas con el Estado español, medidas que ponen a la región fuera del marco constitucional.
"Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", explica el texto, aprobado por 70 diputados de un total de 135, que ejercieron su voto en secreto, depositando su papeleta en una urna.
En paralelo, este viernes el Senado español integrado por todos los partidos constitucionalistas otorgó poderes al Gobierno central para que intervenga el Parlamento, destituya al gobierno regional y tome las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional en la región catalana, en virtud del artículo 155 de la Carta Magna.
Este artículo 155 implica varias medidas. Entre ellas autoriza a Madrid a cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, al vicepresidente y a los consellers que integran el Consell de Govern. Y autoriza al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a asumir la competencia del presidente de la Generalitat.
El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes en Madrid aprobó el cese de todo el Gobierno de la Generalitat, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Que el Gobierno general español se encargue de la gestión de una de sus comunidades, como lo es Cataluña, es algo excepcional.
En las potestades que tienen las regiones españolas dentro del marco de su autonomía ante el Gobierno central, se incluyen determinar programas y planes de estudio. Ello ha conllevado que la educación en Cataluña durante décadas haya mostrado la región como un estado reducido por el peso de Madrid y, además, ha generado rechazo y odio hacia la capital y todo lo hispano, evidente en disímiles aspectos como el propio uso preferente del idioma catalán y la relegación del español.
El delito de rebelión: hasta 25 años de cárcel para los promotores y jefes
La Fiscalía General del Estado ultima su querella por un delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Govern y a los de la Mesa del Parlament que han permitido la votación.
El delito de rebelión, tipificado en el artículo 472 del Código Penal y siguientes, prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, "induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión", para "los jefes principales de esta".
Este es el delito por el que se castigó a los autores del golpe de Estado de 1981.
Ahora, la Fiscalía prepara una querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los miembros del Govern y los integrantes de la Mesa que han permitido votar la declaración de independencia.
Pero aún no está decidido que solo se ejerza la vía penal contra ellos, y esta mañana la Fiscalía ha avanzado que se propone actuar contra "todos" los que hayan participado en los hechos delictivos.
Las principales fuerzas políticas españolas no reconocen la 'independencia'
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, envió esta tarde un mensaje de "confianza" a los que anhelan la unidad de España: "Prevalecerá la unidad de España. Cataluña seguirá siendo España, porque por irresponsables que sean los que gobiernan no se concibe España sin Cataluña ni Cataluña sin España", dijo.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que "no había derecho" a la declaración de independencia aprobada hoy en el Parlament de Cataluña y ha subrayado que su formación seguirá defendiendo la celebración de un "referéndum pactado".
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aseguró que la "independencia" "carece de valor jurídico", supone "una provocación" y resulta "verdaderamente irresponsable".
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por su parte, hizo un llamamiento a restaurar la legalidad en Cataluña con "serenidad, firmeza democrática y sin complejos", y se mostró convencido de que se acabará con "el golpe a la democracia" del independentismo en las urnas.
Gobiernos de todo el mundo desconocen la "independencia" y llaman a buscar una solución democrática
El secretario general de la ONU, António Guterres, animó a "buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española" ante la crisis en Cataluña.
El Departamento de Estado de EEUU afirmó que "Cataluña es una parte integral de España" y aseguró que el Gobierno estadounidense apoya las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España "fuerte y unida".
Los países de la Unión Europea también han ratificado su apoyo a Madrid, entre ellos los gobiernos de Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Escocia, Bélgica, entre otros. Varias autoridades han señalado que su "único interlocutor" es el Ejecutivo de Madrid y que "no reconocen ni reconocerán" la independencia unilateral.