La injerencia política e intervención militar extranjera en Venezuela no son posibilidades teóricas. Ya existen; no provienen de Washington, sino de La Habana.
El tema venezolano —como también el cubano— no es exclusivamente un asunto moral por la violación brutal y masiva de derechos humanos. La actuación concertada de ambos países representa una amenaza a la seguridad regional que requiere ser priorizada como tal.
Estamos en presencia de un conflicto interno entre la población y un Estado dictatorial. Pero ese enfrentamiento endógeno se ha internacionalizado por el activo apoyo de miles de asesores militares y de la inteligencia cubanos a los narcopolíticos venezolanos en ese país. A ellos se suma la presencia de otros miles de narcoguerrilleros de las FARC, y la concertación con terroristas islámicos e Irán.
Después del escándalo por tráfico de drogas en 1989, los hermanos Castro decidieron "externalizar" progresivamente los riesgos de seguridad que esa actividad le suponía. Para ello traspasaron esas operaciones y los vínculos directos con otros Estados y grupos terroristas, latinoamericanos e islámicos, al territorio venezolano.
El Gobierno cubano ha implantado un genuino outsourcing del crimen y terror. Venezuela devino en el nuevo Departamento MC de Cuba. Desde allí también —con lo que parecía una fuente inagotable de petrodólares— se conspiró para promover y/o apoyar gobiernos afines a La Habana en el resto del hemisferio y sustituir las instituciones panamericanas por otras antiestadounidenses.
En realidad, la batalla por reelegir —contra la Constitución— a Manuel Zelaya era un conflicto entre carteles por el control de Honduras para el tráfico de drogas hacia EEUU. La expulsión de la DEA de Bolivia —así como la complicidad de Correa con las FARC, a las que permitió usar su territorio y de las que recibió 100.000 de dólares para su campaña electoral, según los documentos de la narcoguerrilla ocupados a Raúl Reyes—, se hacía agitando banderitas antimperialistas, pero respondían a una oscura alianza continental entre la política y el narcotráfico que se concibió en La Habana y se financió por Caracas.
Castro necesita del régimen venezolano para sobrevivir, no solo por el petróleo y los subsidios, sino por el oscuro flujo multimillonario de recursos provenientes de diversas actividades criminales. Esos no están contabilizados por los expertos y economistas. El centro criminal que genera esos ingresos está en Caracas. Por eso —no por consideraciones ideológicas— es que Raúl Castro no vacila en impartir la orientación a sus títeres venezolanos y asesores en aquel país para que masacren sin titubear a los que pretendan denunciar la naturaleza colonial y criminal de ese Estado.
El tema cubano-venezolano no resulta secundario, ni puede esperar para atender primero otros focos de amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Estamos en el umbral de un importante conflicto regional y toca a los gobiernos democráticos del hemisferio lanzar de inmediato una iniciativa para ponerle coto, comenzando por la retirada de toda fuerza extranjera, militar o de inteligencia, de Venezuela.
General Castro: ¡esos venezolanos asesinados son responsabilidad suya! No lo olvide, porque las víctimas no lo van a olvidar.