Tres abogados especialistas en derechos humanos denunciaron una vez más en España el "robo de órganos a presos de conciencia" en China y pidieron al Congreso español que condenara tal práctica, informó este martes el diario El País.
Se trata de los canadienses David Kilgour y David Matas y el español Carlos Iglesias, que representan a víctimas de Falun Gong, una práctica espiritual que China prohibió en 1999 al considerarla una secta. Desde entonces muchos de sus seguidores fueron detenidos y enviados a campos de trabajo y reeducación.
Un informe de Kilgour y Matas citado por el periódico español asegura que "en 15 centros chinos se extraían, sin su consentimiento, órganos de presos practicantes de Falun Gong incluidos 'corazón, córneas, riñones e hígados' para venderlos, generalmente a extranjeros.
En ese sentido, "Iglesias recordó el caso de Óscar Garay, un vasco que, tras serle denegado el trasplante de hígado en España viajó a China para comprar uno por 130.000 dólares en 2008".
"La postura oficial durante los años 90 y primeros de 2000 era que los órganos provenían de donaciones voluntarias, pero China carecía de un sistema de donaciones y no está dentro de la cultura china el hacerlo", explicó Matas.
"Luego dijeron que pertenecían a presos ejecutados tras ser condenados a muerte, y en diciembre de 2014, aseguraron que a partir del 1 de enero de 2015 acabarían también con esa práctica y que todas las donaciones serían voluntarias, pero hemos analizado lo ocurrido desde entonces y los números no cuadran", afirmó el abogado en declaraciones que recogió El País.
"El régimen chino habla de 10.000 trasplantes al año, pero nosotros hemos contabilizado entre 60.000 y 100.000", agregó.
"Según su testimonio, se comunicaron telefónicamente con hospitales de distintos puntos de China haciéndose pasar por familiares de personas que necesitaban trasplantes y preguntado si tenían órganos de practicantes de Falun Gong —en teoría estos estarían en mejor forma que los presos comunes— a la venta. En 15 centros, según su informe, les dijeron que sí. Pekín niega ese tráfico de órganos", recordó la publicación española.
Los letrados han entregado 251.000 firmas de ciudadanos españoles pidiendo que el Congreso madrileño condene estas prácticas.
El caso de China recuerda una denuncia presentada en mayo del año pasado por la directiva ejecutiva de Archivo Cuba, que acusó al Estado cubano por mercadear con sangre y partes corporales de cubanos —según dijo— sin su consentimiento. Durante décadas, expuso la directora de la organización María Werlau, La Habana ha exportado sangre y productos sanguíneos particularmente a países aliados bajo secretismo.
En un reciente evento celebrado en el Vaticano, el Gobierno chino acopió esfuerzos en sus intentos de persuadir a la comunidad médica internacional que ha dejado de usar a prisioneros ejecutados como donantes de órganos.
Según un reporte de la AP, el doctor Huang Jiefu, antiguo viceministro de Salud de China, admitió que las reformas al programa de trasplante de órganos de China han sido lentas y "muy difíciles". Pero insistió en que las medidas que han tomado para desautorizar la práctica han logrado bastante progreso.
"Sin transparencia, verificación de presuntas reformas es imposible (saber)", dijo el doctor Torsten Trey, director ejecutivo de la organización Doctores en Contra de las Cosechas Obligatorias de Órganos, quien pidió a la conferencia del Vaticano que exigiera a Pekín la presentación de evidencias de sus cambios y sometiera sus prácticas a un escrutinio independiente.
En el 2005, Huang reconoció públicamente que China cosechaba órganos de presos ejecutados para trasplantes, y seis años después indicó en un ensayo que hasta el 90% de los trasplantes chinos que usaban órganos de donantes muertos provenían de ejecutados.