Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, y participar en una reunión en el despacho del canciller, no hemos podido sino quedar impresionados por el gigantesco mapamundi de madera instalado en una de las paredes de esa oficina. El mapa presenta el mundo al revés de como suele ser mostrado, es decir, el hemisferio Sur se encuentra en la parte superior, con África a la izquierda y América del Sur a la derecha.
Brasil queda de esa forma situado en el cuadrante que ocupa Europa en los atlas tradicionales. Esa inédita perspectiva evoca y refleja la legítima aspiración brasileña de ejercer funciones preeminentes en los asuntos internacionales.
En las ambiciones geopolíticas del Brasil, Itamaraty ha desempeñado un papel no despreciable. La diplomacia brasileña se ganó en efecto, con el paso del tiempo, una reputación de profesionalismo que la izaba entre las más competentes del mundo.
No obstante, durante los últimos diez años, es decir, a lo largo de los gobiernos de Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, la diplomacia brasileña ha ido perdiendo su legendario esplendor.
A pesar de la indiscutible pericia de sus negociadores, Brasil ha sido incapaz de ejercer el liderato diplomático que estaba en condiciones de asumir en la región. En más de una ocasión ha preferido sacrificar su prestigio, adhiriendo o dando su visto bueno a estrambóticas posturas adoptadas por la Venezuela chavista y la Cuba de los hermanos Castro.
¿Cómo explicar que la diplomacia brasileña haya apoyado el levantamiento del embargo estadounidense contra el régimen castrista, sin exigir en reciprocidad una apertura democrática en la Isla?
¿Por qué el régimen chavista puede confiscar todos los poderes, monopolizar las cadenas de televisión, acosar judicialmente a la oposición y la prensa independiente, destrozar la independencia de la justicia y manipular el conteo de votos, alterando el resultado de las elecciones, sin que Rousseff o Lula digan esta boca es mía, mientras el Congreso paraguayo no tiene derecho, sin desatar la desaprobación virulenta del Brasil, a ejercer la prerrogativa que le confiere la Constitución de destituir en 2012 al presidente Fernando Lugo?
El alineamiento del Brasil al castrochavismo ha quedado igualmente patente en el marco del Mercosur, organización formada en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el fin de promover el comercio entre los Estados miembros.
El Brasil se prestó a la jugarreta de suspender al Paraguay del Mercosur en el momento de la destitución del presidente Lugo, jugarreta cuyo propósito no era otro sino pasar por encima del veto paraguayo y forzar la admisión de la Venezuela chavista a esa organización.
Maniobras de ese tipo se suelen pagar caro, como subrayó el presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Rubens Barbosa: "El Mercosur hoy como instrumento de política comercial terminó. No vale nada para la apertura del comercio. Ahora se transformó en un foro político".
Por su parte, el director de Relaciones Internacionales del mismo Fiesp, Roberto Giannetti da Fonseca, propuso nada más y nada menos que liberarse de la "camisa de fuerza" del Mercosur.
La diplomacia brasileña ha dado igualmente un espectáculo bochornoso frente a la Bolivia de Evo Morales.
Primero hubo la intervención militar en 2006 de la refinería de la firma brasileña Petrobras en Bolivia. El presidente Lula decidió dejar pasar el incidente sin reaccionar.
Luego vino la ocupación manu militari en 2011 del avión del Ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, quien se encontraba en visita oficial en Bolivia. Esta vez el gobierno brasileño no solo deja pasar como si nada el incidente, sino que llega incluso a ocultarlo.
El más reciente de los espectáculos bochornosos de la diplomacia brasileña, patético por demás, ha sido el caso del senador boliviano Roger Pinto, asilado durante 452 días en la embajada del Brasil en La Paz luego de que Brasil le concediera el estatus de refugiado político. Ante la interminable negativa de las autoridades bolivianas a otorgarle el salvoconducto correspondiente, y la ausencia de una posición firme del gobierno brasileño a este respecto, el encargado de negocios del Brasil en La Paz, Eduardo Sabóia, tomó corajudamente la iniciativa de sacar a escondidas de Bolivia al senador asilado.
Cuando aquel hecho salió a la luz pública, la presidenta Rousseff, en vez de hacer hincapié en que las autoridades bolivianas debieron haber concedido el salvoconducto en conformidad con las convenciones vigentes en América Latina, prefirió exigir la dimisión inmediata de su canciller, Antonio Patriota, y declarar, a fin de apaciguar y complacer al presidente Evo Morales, que la fuga del senador Pinto era "inaceptable".
Como prueba del malestar reinante en Itamaraty, el hasta ese momento encargado de negocios de Brasil en Bolivia, Ernesto Sabóia, ha amenazado con divulgar las tergiversaciones de las autoridades brasileñas a lo largo de esta crisis, afirmando: "Tengo elementos para poder acusar".
En su último número, la revista The Economist pone de relieve el descontento de muchos diplomáticos de Itamaraty ante una política exterior que da prioridad a amigos del PT (partido en el poder) como Evo Morales o Nicolás Maduro, en detrimento, según esos diplomáticos, del interés a largo plazo del Brasil en apoyar democracias pluralistas en la región.
Para transformar en realidad la original perspectiva del mapamundi de Itamaraty, y jugar en las grandes ligas de la geopolítica mundial, Brasil posee diplomáticos a la altura del reto. Pero antes de alcanzar tal objetivo, la primera potencia de América Latina necesita romper los atavismos que la inducen a plegarse sistemáticamente a las pretensiones de la Venezuela chavista y la Cuba de los Castro.