Oficiales de Emigración y Extranjería impidieron esta mañana tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a Moisés de Prada y Álida León, presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, respectivamente.
Esas denominaciones protestantes, la primera y la cuarta más grandes en el país, crearon a inicios de junio la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba (AIEC), entidad independiente, como alternativa al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), con el fin de trabajar "en defensa de los valores bíblicos", de acuerdo con el acta fundacional.
En las semanas siguientes, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, no inscrita en el Registro de Asociaciones y apadrinada por Mariela Castro, y el propio CIC atacaron a la organización fraternal.
Tanto León como de Prada estaban invitados a un evento internacional sobre libertad religiosa, organizado por el Gobierno estadounidense en Washington.
Los obstáculos a la participación en ese encuentro con la sociedad civil, cuya segunda edición se realizaba este año, "están íntimamente relacionados con la creación de la AIEC y las 16 peticiones que un grupo de iglesias evangélicas llevaron ante el Estado durante la pasada reforma constitucional", consideró una fuente eclesial que prefirió mantener el anonimato.
"Las iglesias evangélicas fueron el principal grupo que enfrentó el proyecto constitucional comunista y en la ruptura de la tradicional y temerosa unanimidad en las votaciones dentro del periodo revolucionario", dijo la fuente, recordando el resultado de la votación, con más de un diez por ciento de la población absteniéndose o apostando por el No.
Durante la pasada reforma, las iglesias cristianas y sus líderes fueron presionados para que votaran por el Sí, de acuerdo con denuncias de las propias iglesias.
Las peticiones de los creyentes iban desde mayor libertad de conciencia, y la no criminalización de lo que el régimen llama "acumulación de riquezas", hasta el entendimiento del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y mayor libertad religiosa.
Restringir la libertad de movimiento sin explicaciones o "regular", como le llaman las autoridades cubanas, es una de las violaciones a los derechos humanos más utilizadas por La Habana contra la sociedad civil cubana.