La nueva Constitución del régimen cubano y el asesinato de líderes sociales en Colombia centraron este miércoles el diálogo de la sociedad civil con la Organización de Estados Americanos (OEA), que celebra su Asamblea General en Medellín. La Habana impidió que a esta edición 49 acudieran activistas de la Isla.
Rosa María Payá, promotora de la iniciativa CubaDecide, tomó la palabra para denuncia la falta de "legitimidad" de la nueva Ley de leyes.
"El texto de reforma constitucional, concluido recientemente en Cuba, no cumplió las garantías y estándares necesarios de un proceso libre, justo y transparente", dijo en el "Diálogo de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores" con delegados de la OEA, a la que pidió que "denuncie la ilegitimidad de la Constitución de Cuba".
Cuba promulgó su nueva Constitución durante una sesión de la Asamblea Nacional el pasado 10 de abril, el mismo día en que hace 150 años se comenzó a redactar la primera Carta Magna de la Isla.
El texto no introdujo cambios en el sistema político, mantuvo al Partico Comunista de Cuba (PCC) como "fuerza dirigente superior de la sociedad" y ratificó el comunismo como aspiración, pese a que ese término se había eliminado en el primer borrador de la reforma constitucional.
Aunque reconoce la propiedad privada y considera a la inversión extranjera como necesaria, mantiene al cubano al margen.
Por otra parte, Payá culpó al Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel de tener una "influencia directa e indirecta" en las crisis de Nicaragua y Venezuela, países en los que, según aseguró, los ciudadanos son víctimas de "violencia gubernamental, detenciones arbitrarias, acoso, prisión política, deportaciones forzosas y restricción del movimiento".
"Hago un llamado al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas", añadió.
El asesinato de líderes sociales en Colombia fue otro asunto recurrente en el encuentro y sobre ello habló Judith Botero, de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en representación de la Coalición Paz.
La activista criticó al Gobierno del presidente Iván Duque por "la militarización de los territorios" para afrontar el problema de la violencia desbordada.
"Nuestra preocupación es compartida con la ONU, que instó al Gobierno a desarrollar una política que cuente con la plena participación activa de defensores y defensoras y de la sociedad civil, situación que no se ha materializado", señaló Botero en medio de la algarabía del auditorio que celebró su discurso.
Impunidad en crímenes de lesa humanidad en Cuba, Nicaragua y Venezuela
Las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejan en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad, alertaron expertos reunidos en Medellín, donde se celebra la 49 Asamblea General de la OEA.
"Las víctimas (...) deben exigir la justicia a sus tribunales y muchas veces los tribunales no están ni preparados, ni con el conocimiento necesario y principalmente están en connivencia con el poder político, por tanto, no hay independencia, autonomía, y eso lo estamos viendo en países como Venezuela y Nicaragua", aseveró el italiano Amérigo Incalcaterra, exfuncionario de la ONU en América Latina.
El experto participó en el panel "La Justicia internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad", que hace parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de la OEA.
"Lo más triste que uno enfrenta (en países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad), no es solamente el dolor de las víctimas, es también esa impotencia para poder acudir y exigir justicia, exigir la verdad", añadió.
Por su parte, Christopher Hernández, asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el organismo tiene el compromiso de hacer frente a los crímenes de lesa humanidad en la región.
"La Secretaría General de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso a los testimonios y las denuncias de los venezolanos, nicaragüenses y cubanos (sobre crímenes de lesa humanidad)", afirmó Hernández, quien representó a Almagro en el panel.
Las protestas contra el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, comenzaron el 18 de abril de 2018 y han dejado 317 muertos, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 197.
La CIDH manifestó en su último informe anual que en Cuba hay "restricciones arbitrarias" al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como "violaciones" al debido proceso, mientras que en Venezuela se han "agravado" las condiciones "estructurales" que afectan los derechos de los ciudadanos y han derivado en "una grave crisis".
"En Nicaragua, Venezuela y Cuba, las autoridades del Estado, principalmente su máxima autoridad, en ningún caso adoptaron medidas razonables para detener estas acciones", añadió Hernández.
La abogada venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA de Praga, centro especializado en estudios de América Latina que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, lamentó que haya tres países de Latinoamérica donde se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad.
"Mal puede un Estado que comete estos crímenes sentarse en la silla de la OEA a discutir cualquier otro tema que para su gente es totalmente intrascendente cuando se ha reprimido, asesinado, desaparecido, torturado o violado", añadió Suju.