Ocho de los nueve jóvenes cubanos condenados a duras sentencias de cárcel por intentar entrar en la Base Naval de Guantánamo se declararon en huelga de hambre en la prisión provincial de esa provincia.
La acción de los condenados el pasado 10 de junio en un juicio ante un tribunal militar se produjo en respuesta a la decisión de dejar sin lugar la apelación del caso.
Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los condenados, dijo a Radio Televisión Martí que, con excepción de Aniel Martell, pendiente de traslado a Cienfuegos por otra causa, los jóvenes se plantaron desde el domingo pasado, tras recibir la noticia del fracaso de la apelación el sábado.
Según Aguilar Conde, el abogado que los representó en la apelación, Jorge Lescaille Delgado, acudió a la prisión provincial para conocer detalles de la negativa.
"Ahora los separaron a todos", dijo el padre de Jesús Miguel Aguilar, uno de los condenados.
Los jóvenes en protesta son Amari Martínez, Yordanis Ramírez, Yasdiel Galván, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García, Yasmani Marcelino Mendoza yRoinel Espinoza Céspedes.
El abogado Alberto Méndez Castelló dijo que ahora solo le queda a la familia pedir una revisión del caso ante el Tribunal Supremo.
"Declarado sin lugar el recurso de casación, ahora solo les queda un último recurso, que se llama procedimiento de revisión, y pueden solicitarlo al Fiscal General de la República, al presidente del Tribunal Supremo o al ministro de Justicia", explicó.
Los familiares de los nueve jóvenes sentenciados por el delito de salida ilegal del país habían presentado la apelación en mayo pasado ante el Tribunal Militar de Guantánamo.
El letrado guatanamero Jorge Lescaille Delgado había alegado que los jóvenes debieron ser acusados por "desobediencia", dado que no se detuvieron al llamado de las autoridades, pero no de "salida ilegal".
Las familias de estos jóvenes, además, esperan por la respuesta a una queja que presentaron ante el Consejo de Estado de la República de Cuba por las diversas irregularidades sucedidas durante el proceso de instrucción del caso, así como en el juicio.
Durante el proceso Aguilar Conde denunció que la Fiscalía Militar presentó pruebas falsas y que los militares que detuvieron a los jóvenes no estuvieron presentes en el juicio.
Aseguró, además, que la sentencia estuvo "basada en falsos testimonios y pruebas que el abogado de la defensa pudo desmentir", pero "de nada sirvió", agregó.
Señaló asimismo que "las huellas de material de terreno no se correspondían con las del calzado".
Desde inicios de este año, rumores de que la Base estaba brindando acogida a los migrantes se extendieron por toda Cuba. Hasta el momento se desconoce quién lo difundió y con qué intención, pero influyó en cientos de jóvenes de diversas provincias que se dirigieron a Guantánamo a probar suerte.
Ante tal realidad, las autoridades policiales y militares de la provincia oriental colocaron retenes en las vías que conducen a la Base y al municipio de Caimanera para impedir el paso de los que iban llegando y efectuaron un número indeterminado de detenciones.
A pesar de ello, el Gobierno cubano nunca desmintió los rumores.