El periodista independiente Adrián Quesada ha recibido tres cartas de advertencia por "usurpación de la capacidad legal" por colaborar con varios medios en la realización de audiovisuales, denunció a DIARIO DE CUBA Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba.
Quesada, quien reside en Camagüey, confirmó a este medio que ha recibido amenazas de procesamiento penal y cárcel en tres ocasiones después de abril de este año.
"El 15 de octubre fui citado en la Fiscalía municipal donde se me impuso una tercera carta de advertencia por 'usurpación' de funciones y capacidad legal. En la primera, además, fui acusado de 'cabecilla de grupo contrarrevolucionario'", explicó.
Para Quesada se trata de "amenazas con prisión, el hostigamiento al que tienen habituado a quienes ejercen el periodismo independiente".
Me abrieron un expediente, añadió Quesada, quien no descartó un futuro proceso penal en su contra.
El joven, que es activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), colabora con la revista La Hora de Cuba y con otros periodistas.
Según contó a DIARIO DE CUBA, el pasado día 11 de octubre sufrió una detención por manifestarse en desacuerdo con un desalojo en Camagüey.
"Una de las cosas que más pudo haberlos molestado es una colaboración que hice con La Hora de Cuba. Henry (Constantín Ferreiro) me llamó y a raíz de publicarse el trabajo fue que empezó todo", consideró.
El audiovisual preparado por Quesada para la publicación recogió opiniones del pueblo sobre la designación de Miguel Díaz-Canel al frente del Gobierno el pasado mes de abril.
La "usurpación de capacidad legal" es un delito recogido en el Artículo 149 del Código Penal al que recurre al régimen para acallar las voces contrarias.
Incurre en él quien "con ánimo de lucro u otro fin malicioso, o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado".
Otros periodistas, incluido el equipo de La Hora de Cuba, han sido acusados de este delito.
El régimen, que controla todos los medios de comunicación legales en Cuba, mantiene un blindaje contra la prensa independiente amparado por el Artículo 53 de la Constitución, el cual prohíbe la existencia de medios de comunicación privados.
El propio Código Penal incluye disposiciones que permiten juzgar el ejercicio de la libertad de prensa como delito contra la seguridad del Estado. Además, el régimen ha creado leyes, como la 88, conocida como Ley Mordaza, con apartados destinados a reprimir al periodismo independiente.
Por ese aparato legal, entre los 75 disidentes enviados a prisión en la primavera de 2003 unos 27 eran periodistas independientes.