El régimen cubano rechazó este miércoles en Ginebra las peticiones de respeto a las libertades fundamentales, negó que impida viajar a los opositores y defendió su particular visión de los derechos humanos.
La Habana se sometió por tercera vez al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos y escuchó las recomendaciones de los países miembros, entre ellas la ratificación de los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que firmó en la ONU en 2008.
Las recomendaciones mostraron la división en la escena internacional respecto al régimen. Gran parte de los países de África, Asia y Medio-Oriente, así como China y Rusia, se limitaron a pedir al Gobierno que continúe los esfuerzos en el plano de la educación, la cultura, la salud, los derechos de la mujer, la lucha contra la trata de personas, la discriminación racial y de género.
En cambio, los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros, llamaron a La Habana a respetar las libertades de expresión y asociación, dejar de acosar a los periodistas independientes y a los defensores de derechos humanos. Asimismo, criticaron que el Gobierno haya impedido a activistas de la Isla viajar a Ginebra para asistir al EPU.
Entre los que no pudieron viajar estuvo Juan Antonio Madrazo Luna, líder del opositor Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).
Varios países pidieron a La Habana que extienda una invitación permanente y sin restricciones a los relatores de la ONU sobre libertades fundamentales y derechos humanos, y que permita a estos visitar los lugares que deseen, incluidas las prisiones.
Otra recomendación mencionada por distintas delegaciones estuvo relacionada con la pertinencia de crear una institución nacional de derechos humanos independiente, acorde con los principios de París.
En el inicio de la sesión, al presentar el informe elaborado por el Gobierno, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó el embargo estadounidense, al que La Habana señala como "principal obstáculo" para el desarrollo económico y social de la Isla. Además, exaltó los "logros" del régimen y presentó a la sociedad cubana como "plural".
Rodríguez aprovechó para describir a los defensores de derechos humanos como "agentes de una potencia extranjera", el calificativo que habitualmente utiliza La Habana para intentar desacreditar a los disidentes y justificar su silenciamiento.
"En Cuba no se puede quebrantar la legalidad (...) al servicio de una agenda externa de cambio de régimen, del orden constitucional y del sistema político que los cubanos hemos escogido libremente", dijo el funcionario.
Quienes actúan de esa manera "no merecen el noble calificativo de defensores de los derechos humanos", añadió.
Por otra parte, afirmó que 2.200 organizaciones de la sociedad civil funcionan actualmente en el país. No dijo que el Gobierno solo permite la existencia legal de aquellos grupos que no se oponen a la línea oficial y que muchos de ellos tienen en sus estatutos la subordinación al Partido Comunista.
Tras escuchar las recomendaciones, varios miembros de la delegación oficial defendieron el modelo político del régimen. Negaron la existencia de presos políticos, las detenciones arbitrarias y las acusaciones de tortura.
También rechazaron que haya en la Isla restricciones al derecho a huelga o a la libre sindicación de los trabajadores, pese a que solo existe un sindicato legal, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que responde a los intereses del Gobierno, el mayor empleador del país.
Rodolfo Reyes, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería cubana, negó que el régimen impida viajar a disidentes, activistas de derechos y periodistas independientes, pese a las numerosas denuncias al respecto.
El funcionario criticó a organizaciones de derechos humanos como Freedom House y UN Watch, a las que acusó de realizar "manejos turbios" que "transgredan el principio de la cooperación", y de servir a la inteligencia de Estados Unidos e Israel.
Reyes aseguró que los procesados por la justicia cubana disfrutan de todas las garantías en la Isla, aunque con frecuencia los opositores denuncian juicios amañados, dirigidos por la Seguridad del Estado, y con pruebas fabricadas.
"Sencillamente negamos cualquier tipo de represalia cometida contra un defensor de derechos humanos en Cuba. Los defensores de derechos humanos en Cuba son protegidos", afirmó.
Olga Lidia Pérez Díaz, funcionaria del Ministerio de Justicia, llegó a defender que el sistema de justicia cubano goza de absoluta independencia.
En cuanto a América Latina, la complejidad del tablero regional también quedó reflejada en el tipo de recomendaciones formuladas a La Habana.
Venezuela, Nicaragua y Bolivia expresaron su apoyo al régimen y a su lucha contra el embargo estadounidense. Mientras, República Dominicana, Ecuador y El Salvador pidieron al Gobierno continuar los esfuerzos supuestamente realizados.
En cambio, Chile, México, Uruguay y Costa Rica se sumaron a las voces que aconsejaron a La Habana ratificar los pactos de la ONU.