El Gobierno de Cuba expondrá el próximo 16 de mayo en Ginebra, Suiza, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) lo que considera "sus avances en materia de derechos humanos durante los últimos cinco años", los cuales circunscribe al "acceso a la salud, la educación, la cultura, la alimentación y las tecnologías de la información y las comunicaciones".
Según recoge la oficial Prensa Latina, se trata de un mecanismo auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos, órgano de Naciones Unidas, al que La Habana se sometió anteriormente en febrero de 2009 y mayo de 2013.
Durante esta última evaluación, el régimen cubano desbordó el Consejo con más de 450 informes positivos provenientes de organizaciones que controla, tanto dentro como fuera de la Isla, así como de centenares de ONG latinoamericanas, asiáticas y africanas que simpatizan y tienen vínculos con el Gobierno.
A la evaluación del próximo mes de mayo acudirá la Cancillería de Cuba, y la volverán a acompañar instituciones oficiales con un documento central con sus autoproclamados "logros".
Fuentes diplomáticas citadas por el medio estatal dijeron que el texto "abarcará el compromiso en la lucha contra la discriminación; la promoción de la igualdad de género; y la atención a la infancia, los ancianos y las personas con discapacidad".
En el informe La Habana presentará la exportación de servicios profesionales, sobre todo médicos, como otro avance en derechos humanos.
Lo que los propios profesionales implicados en el negocio y organizaciones opositoras y de defensa de derechos humanos ven como esclavitud moderna, el régimen lo llevará a la EPU como "obra solidaria" para "preservar el derecho a la vida y al bienestar humano" en otras latitudes.
Como era de esperar, funcionarios anunciaron que el ejercicio del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra permitirá al Gobierno de Cuba "denunciar una vez más" el impacto del embargo de EEUU en los derechos humanos.
Para las autoridades cubanas, esa política "constituye la principal violación de los derechos humanos de los cubanos" y la enmarcan en "el término de genocidio reconocido internacionalmente".
Establecido en 2006, el EPU es un proceso que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.
El examen consiste en una exposición de los gobiernos de su situación, seguida de la posibilidad de que otros realicen recomendaciones para potenciar el disfrute de los derechos humanos.
Los Estados sometidos al EPU tienen la potestad de aceptar, tomar nota o rechazar las recomendaciones recibidas.
La Habana recibió en 2013, 292 recomendaciones, de las que aceptó 230, tomó nota de alrededor de 40 y descartó unas 20 que el Gobierno consideró "sugerencias hostiles".
Desde el MINREX ratificaron que el régimen no aceptará lo que llamó "criterios disfrazados de buena voluntad dirigidos al cambio de régimen o a imponer ordenamientos políticos e institucionales".