El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Fundación para los Derechos Humanos para Cuba (FHRC) presentaron este jueves en Ginebra una denuncia internacional contra el Gobierno cubano "por la confiscación salarial" a trabajadores cubanos que laboran en empresas de capital parcial o totalmente extranjero en Cuba, y a los trabajadores especialistas que laboran en el extranjero en virtud de convenios bilaterales suscritos por La Habana.
Según informó el OCDH en una nota de prensa, en un documento presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU las organizaciones expresaron "que en el sector formado por las empresas mixtas de capital extranjero y cubano y empresas de capital totalmente extranjero, los trabajadores solamente pueden ser contratados por intermediación de una 'entidad empleadora' perteneciente al Estado cubano, la cual les confisca mensualmente entre el 80 y el 96% de sus salarios".
Asimismo, denunciaron "la confiscación de un alto porcentaje del salario, entre el 67% y el 80%, a los especialistas que colaboran en el extranjero mediante convenios entre el Gobierno cubano y otros gobiernos".
El OCDH y la FHRC pidieron al Alto Comisionado que inste al Gobierno cubano a poner fin a esa práctica, que contraviene la Convención 95 de la Organización Internacional del Trabajo de la cual Cuba es parte. También que pida a La Habana devolver a los trabajadores "con carácter retroactivo" la cantidad confiscada, y permitir "la libre contratación laboral y el ejercicio independiente de las profesiones liberales".
Por otra parte, este viernes el OCDH reprochó en Ginebra, durante la presesión del Examen Periódico Universal (EPU) al que debe someterse La Habana este año, "el poco compromiso del Gobierno cubano con los derechos humanos".
La organización con sede en Madrid criticó la actuación del régimen, que —dijo— ignora la mayoría de las recomendaciones que le hicieron otros estados en el EPU anterior (2013).
Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH, recordó que La Habana "no ha ratificado los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni ha modificado las normas que, en los diferentes ámbitos, permiten al Gobierno discriminar por motivos ideológicos y partidistas".
Igualmente, señaló que "las medidas económicas implementadas por Raúl Castro han sido insuficientes e inadecuadas".
"A pesar del contexto amable que genera el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la derogación de la Posición Común, el acuerdo de cooperación con la Unión Europea, y el beneplácito Vaticano, el Gobierno cubano no ha mostrado una real voluntad de cambio", advirtió González Raga.
Por otra parte, el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75 "recordó la necesidad de que el Gobierno cubano elimine de la Constitución y del marco legal los artículos que limitan el ejercicio de los derechos humanos". Asimismo, la figura de "peligrosidad social predelictiva, los delitos políticos y la aplicación política de delitos comunes", indicó el OCDH.
También recomendó que establezca la independencia de poderes, especialmente del Poder Judicial, y la creación de una sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo.
En el plano económico, el OCDH pidió a los estados que soliciten a La Habana "iniciar reformas que garanticen a todos los cubanos los derechos a la propiedad individual y su participación en la actividad económica del país". Además, establecer "normas laborales que permitan a los trabajadores negociar directa y libremente sus condiciones laborales con el empleador, sin la injerencia del Gobierno".
El OCDH aseguró que más de una decena de estados (Alemania, República Checa, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Suecia, Irlanda, Eslovaquia, Croacia, México) "manifestaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba y condenaron que el Gobierno de la Isla haya impedido a varios activistas viajar para participar en la presesión", entre ellos, miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y la Asociación Cubana para Desarrollo de la Educación Infantil.
Además del OCDH, el Proyecto Archivo Cuba envió un mensaje a la presesión, a la que asistieron representantes de la las Damas de Blanco, la Fundación Cubana para los Derechos Humanos en Cuba, la Plataforma Femenina y la Red Manos (LGBTI).
Los representantes del Gobierno cubano en Ginebra no acudieron.