El régimen impidió este miércoles la salida del país a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, quien debía viajar a EEUU a impartir una conferencia durante la V Semana Social Católica, según condenó el propio centro en su página de Facebook.
"En la tarde del 7 de febrero de 2018, las autoridades de Inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron viajar a Dagoberto Valdés Hernández, bajo la explicación de que tenía una PS: prohibición de salida", detalló el Centro.
"Al preguntarle la funcionaria (aeroportuaria) Maricet si tenía algo pendiente con la Justicia, Dagoberto expresó que no, que además había preguntado en Inmigración de Pinar del Río (lugar donde reside) y le habían dicho que no estaba 'regulado'. Ella dijo que 'regulado' y 'PS' son cosas diferentes. Rompió el pase a bordo y le entregó a Dagoberto el comprobante de equipaje y la otra parte del pase a bordo para que reclamara el equipaje en la aerolínea", prosiguió la nota del Centro.
Dagoberto Valdés estaba invitado a dar una conferencia el próximo sábado 10 de febrero en la Ermita de la Caridad en Miami.
Asimismo, Convivencia informó que Yoandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo directivo del Centro, que estuvo "regulado" sí pudo viajar esta vez, después de que en octubre pasado le impidieran salir de la Isla a un evento en España.
Lo sucedido este miércoles fue catalogado por Convivencia como una "continuación de la represión" del régimen hacia su equipo de trabajo.
A finales de septiembre, la economista Karina Gálvez, miembro del equipo de Convivencia, fue condenada a tres años de privación de libertad. En abril Convivencia condenó todo el proceso alrededor de la economista y consideró que "formaba parte del hostigamiento continuado y creciente" contra su equipo.
Como resultado de este proceso legal, fue decomisada la vivienda de Gálvez que fungía como sede del proyecto.
A finales de mayo, Convivencia sostenía: "No nos vamos de Cuba, a pesar de los momentos duros de represión que estamos viviendo".
Las restricciones de movimiento son una práctica frecuente del régimen que suele impedir a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes viajar fuera del país. El modus operandi es comunicarles en los controles antes de abordar el avión que están "regulados" sin darles explicaciones y sin permitirles subir a sus vuelos.