El cuentapropista José Antonio Herrera Torres lleva casi dos meses sin conseguir ingresos debido a que la Seguridad del Estado desmanteló su negocio utilizando como pretexto su relación de amistad con el periodista de DIARIO DE CUBA Osmel Ramírez Álvarez.
Herrera Torres fue multado el 10 de noviembre de 2017 con 700 pesos (moneda nacional), supuestamente por realizar una actividad no incluida en su licencia. Las circunstancias del supuesto delito están en disputa y, según alega el afectado, nunca existieron.
"La multa fue impuesta por mandato del oficial del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) que dirigía un registro e incautación de mis medios de trabajo, ordenado por la Seguridad del Estado", asegura.
El registro se produjo el mismo 10 de noviembre. Ese día, la Seguridad del Estado allanó también la vivienda de Ramírez Álvarez y detuvo al periodista.
"Me multaron por tener un teléfono nuevo encima de la mesa de trabajo, que ellos afirman sin pruebas que estaba en venta", explicó Herrera Torres. "Resulta que es del padre de mi ayudante y estaba ahí para ponerle música en una tarjeta SD. Lo cual, además de ser un asunto familiar, es parte de nuestra actividad autorizada".
Herrera Torres consideró que el ensañamiento con él se debe a sus vínculos con Ramírez Álvarez.
Pero "yo no participo en sus actividades periodísticas. Solo soy un cuentapropista", aclaró. "Aun así, me quitaron todo: computadora, disco duro, mi tablet y todos los dispositivos de mis clientes también se los llevaron. Dicen que deben revisarlos en busca de propaganda enemiga y que no devolverán nada".
Tras el operativo que desmanteló su negocio, Herrera Torres reclamó a la Fiscalía municipal de Mayarí, donde reside, pero lo remitieron a la de Holguín, ubicada a 100 kilómetros.
"Como en mis equipos no hay delito, según la Fiscalía deben devolverlos. Pero la Seguridad del Estado continúa diciendo que no me devuelven nada", aseguró. "Estoy a la espera, sufriendo estos atropellos".
El cuentapropista también reclamó ante la Fiscalía por la multa que califica de "injusta".
"No se trata solo del dinero, sino del chantaje y de la humillación que significa quedarse tranquilo frente a una injusticia así, ante el abuso de poder. La reclamé con argumentos claros ante la oficina de inspectores (DIS) e increíblemente me dijeron 'no ha lugar'".
"En Fiscalía me respondieron que las decisiones de la DIS son inapelables y que no hay forma de demandarlos por abuso de poder o algo parecido", se quejó Herrera Torres. "Se percataron incluso de que es una violación incautarlo en el registro para investigarlo y además multarme por supuestamente tenerlo en venta. Es decir, que fui doblemente penado. Pero, según interpreto de la respuesta de la Fiscalía, en este país no hay leyes que protejan al pueblo contra el abuso de poder. Es increíble pero cierto".
Como la Fiscalía no quiso recibir el caso ni siquiera como queja, Herrera Torres y su ayudante presentaron una solicitud de análisis al presidente del gobierno municipal que, en teoría, es jerárquicamente superior a la DIS.
"Veremos qué pasa. Es penoso que el padre de mi ayudante, que es trabajador incluso del MININT, no haya podido disfrutar de su teléfono nuevo porque fue incautado. Y, además del sacrificio que hizo para comprarlo, su hijo y yo fuimos multados por tenerlo ese día. Son cosas increíblemente aberrantes", concluyó.
Al periodista Osmel Ramírez Álvarez, que también escribe para Havana Times, los órganos represivos del régimen le incautaron también sus medios de trabajo. Estuvo detenido e incomunicado durante tres días en la prisión de Pedernales, en Holguín. Tras ser liberado, las autoridades le impidieron viajar a Perú para asistir a un evento.