La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) demandó al Gobierno cubano "que se inhiba de sacar provecho" de la catástrofe dejada por el huracán Irma, "valiéndose de su monopolio estatal sobre el comercio, las aduanas y la banca".
Para la FHRC "el Estado debe limitar sus gestiones de donativos al ámbito de otros gobiernos y organizaciones multilaterales".
"El modo en que vienen actuando las autoridades indica que mientras muchos cubanos han perdido todo, el Gobierno cubano ha perdido todo sentido de responsabilidad y decencia", señaló en un comunicado que tituló "Recuperemos Cuba".
Catalogó como "una obscenidad" que exhorte "a potenciales donantes a canalizar su generosidad preferentemente en dinero y depositándolo en una cuenta del Banco Financiero —propiedad del consorcio militar GAESA— como ha promovido una hija del dictador cubano".
"Vender a las víctimas donativos internacionales que fueron recibidos para ellos de manera gratuita, es una canallada. Priorizar la reparación de hoteles, pertenecientes al mismo consorcio militar, mientras se reparten promesas abstractas —sin calendario de cumplimiento— a los damnificados, es inhumano", consideró la FHRC.
Por esas razones, la organización de derechos humanos emplazó a Raúl Castro a "respetar el derecho ciudadano a ejercer individual y colectivamente la solidaridad nacional e internacional para recolectar, recibir y distribuir directamente dinero y donaciones en especie de amigos en la Isla y a través de organizaciones de la sociedad civil global".
Asimismo, demandó "liberar por un año de impuestos aduanales y de importación la entrada a Cuba de alimentos, ropa, medicinas, materiales de construcción, así como de muebles y útiles de aseo y limpieza".
También "reducir de inmediato en un 80% los precios de las tiendas estatales a los productos básicos y de la construcción que están inflados con precios que les permiten ganancias entre el 200 y el 500% al Estado cubano".
La FHRC exigió al régimen "reducir el precio de las comunicaciones —teléfono e internet— en un 50% y aumentar el número de puntos WiFi" y "aceptar la propuesta presentada hace más de un año por Google —a la que el gobierno cubano se ha negado hasta ahora— o la de otra compañía que como aquella ofrezca instalar de inmediato internet de alta velocidad en todo el país, gratis y con calidad".
Demandó "liberar de impuestos estatales de todo tipo al sector privado nacional por un año y permitir al sector nacional privado todas las actividades económicas que ya han sido aprobadas a empresas extranjeras, sin restricciones a la dimensión de la inversión ni área de actividad".
Pidió, además, que el Gobierno "autorice a los sectores privado nacional y extranjero a ejercer el comercio de exportación e importación y la venta mayorista y minorista en todo el territorio nacional", y ponga "fin a la venta forzada a acopio de la producción agrícola y pecuaria, y traspasar definitivamente la propiedad de las tierras a aquellos campesinos dedicados a la producción de alimentos".
Por último emplazó al Gobierno de Raúl Castro a que autorice "la gestión, recepción y distribución directa por y para los ciudadanos cubanos de microcréditos para que puedan de inmediato desarrollar iniciativas vinculadas a la producción de alimentos, muebles, útiles para el hogar y aseo, así como para la reparación de viviendas".
"La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se compromete a trabajar con la sociedad civil global y la comunidad internacional en la obtención de recursos siempre que, al cumplirse estos principios, vayan destinados genuinamente a la recuperación de Cuba", concluyó.