La reforma de la ley migratoria que entró en vigor en enero de 2013 ha permitido que opositores y activistas de la sociedad civil cubana puedan viajar al exterior regularmente. Sin embargo, a su vez el régimen ha incrementado el control y el decomiso de bienes personales de estos ciudadanos —fundamentalmente libros, documentos y aparatos de comunicación— cuando pasan los controles migratorios a su regreso a la Isla.
Ha sido el caso de varios opositores en recientes ocasiones, aunque pocos establecen demandas contra la Aduana en reclamo de lo incautado. Entre las excepciones está la del activista de la plataforma ciudadana #Otro18 y colaborador de DIARIO DE CUBA Boris González Arenas, quien ha seguido un pleito en los tribunales cubanos en reclamo de ocho libros que le fueron decomisados el 1 de abril del pasado año cuando regresaba de un viaje a España.
Para justificar la incautación, las autoridades recurren a la Resolución Nº5 de la Aduana General de la República de 1996, que expresa: "se prohíbe la importación y exportación de libros, pinturas, grabados, publicaciones, figuras y cualquier otro objeto que su contenido sea considerado contra la moral y las buenas costumbres y atenten contra los intereses generales de la nación".
Sobre esta batalla judicial, González Arenas explica a DIARIO DE CUBA que primero presentó la correspondiente reclamación por la vía administrativa, en la cual manifestó por escrito su inconformidad y señaló: "A menos que al hablar de 'intereses generales' hubieran querido decir 'intereses de los generales' ninguno de esos libros encaja en la noción de 'contrarios a la moral' ni contra los 'intereses generales de la nación' con que fue fundamentado el decomiso".
Como la Aduana ratificó la incautación de los libros, el activista acudió a la vía judicial, con una demanda contra la Aduana en la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana a finales del pasado año.
Ahí comenzaron las violaciones al debido proceso que caracterizan al sistema judicial cubano: "Cuando los jueces de la sala pidieron a las partes presentar sus pruebas, la asesora jurídica de la Aduana, Janice Madera Fleitas, concurrió únicamente con fotos borrosas de la portada de los libros. Este proceder impide a los jueces evaluar con conocimiento de causa la pertinencia de la decisión de las autoridades y viola abiertamente la ley, la cual exige se presenten en este caso copias de los libros o los originales", explica González Arenas.
Cuenta que su abogada, Marleyvis Padrón Hernández, "realizó una impugnación documental haciéndole ver al tribunal las insuficiencias de las pruebas presentadas por la Aduana, pero el tribunal desestimó esa petición y aceptó las evidencias, a todas luces muy pobres, como pruebas válidas".
"Incluso —añade el opositor— cuando presenté mis pruebas al Tribunal hice ver que uno de los libros decomisados, Una nación para todos, Raza y Nación en Cuba 1900-2000, de Alejandro de la Fuente, está publicado en Cuba por la colección Imagen Contemporánea de la Fundación Fernando Ortiz.
Pero la abogada de la Aduana —refiere el activista— mintió al decir que "el libro decomisado fue reeditado en el exterior por lo que experimentó un proceso durante el cual, en ocasiones, se introducen cambios a la obra, deviniendo en una obra nueva". La edición publicada en Cuba es idéntica a la extranjera, cuestiona González Arenas.
Las juezas Magdeline Despaine Felipe, Elena Leonard Deliz y Mariela Peña Castro del Tribunal Provincial de La Habana dictaron sentencia el 31 de marzo de este año y declararon "sin lugar" la reclamación de González Arenas apoyándose para su decisión en los artículos 60 y 62 de la Constitución vigente y manifestando en su dictamen que: "resulta materialmente disputable el contenido de los materiales importados, cuyo sentido literario considerado fue por los especialistas aduaneros contrarios a los intereses patrios".
Estas juezas "hacen esta aseveración sin haber leído ni siquiera uno solo de los libros" decomisados, critica el activista.
La abogada de González Arenas presentó el 10 de abril un recurso de casación para impugnar la sentencia del Tribunal y entre sus argumentos dice: "Es ilógico sostener que unos libros, reservorios de la libertad de expresión como derecho humano fundamental (…) atenten contra la seguridad nacional de un Estado si no quedó demostrado siquiera que fueron introducidos al país para su comercialización".
González Arenas admite que es "muy improbable" que los libros le sean devueltos.
"Mantengo esta lucha porque me parece una exigencia natural y moral agotar la vía judicial. La mantengo porque es importante visibilizar los atropellos a la sociedad civil. Los juristas en estos casos se enfrentan a un dilema ético y de principios cuando ven casos como éstos. Por eso llegaré hasta el final".