Si hay una profesión maniatada en Cuba es la de la abogacía. Sobre ella el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado ejercen un total control, que impide un desempeño imparcial y libre a los profesionales. Un claro ejemplo es la carrera de Julio Alfredo Ferrer Tamayo, un abogado condenado a tres años de privación de libertad por un supuesto delito de "falsificación de documentos públicos" durante trámites para legalizar la vivienda donde reside hace ya más de una década.
Esa condena, que Ferrer Tamayo rechaza por considerar que tiene motivos políticos, es apenas la punta del iceberg de los muchos contratiempos que ha enfrentado en la defensa de los derechos de los ciudadanos cubanos y contra el poder desmedido de los órganos represivos del país. La última lucha legal de este jurista santiaguero ha sido tratar de poner en libertad a su esposa, víctima de un encarcelamiento prolongado.
¿Recuerdas tus primeras experiencias como jurista? ¿Cuál fue tu primer choque con la realidad?
Mi primer choque fue al poco tiempo de ser nombrado juez, en 1988, en el Tribunal Municipal de Guanabacoa, donde me asignaron la materia penal, que era la que más me gustaba. Y fue ver los mecanismos internos de este órgano de justicia. Recuerdo que llegó un policía con un detenido y me dijo a rajatabla: "Traigo a esta persona por orden del jefe de la Policía municipal para que le pongas seis meses de privación de libertad". Este acto era una violación total de la imparcialidad de un juez, los derechos del detenido y el debido proceso.
Te vinculas años después a Bufetes Colectivos, donde los ciudadanos contratan los servicios de abogados. ¿Qué problemas tuviste en esa entidad?
Mi enfrentamiento de más envergadura fue contra el juez Tomas Fernández Malvarez, un jurista con vasta experiencia en el sistema de tribunales. Entre otros muchos casos, atiendo el de Iván Lafo Soto. A esta persona le inician dos expedientes por tráfico de drogas y yo solicito lo que establece la ley, que deben acumularse estos dos procesos, no hacerlos por separado, pero las autoridades de instrucción se niegan. A él lo acusan en un primer hecho de tráfico de drogas, pero no se prueba su participación y el fiscal en el propio juicio retira la acusación y queda absuelto.
Al ser absuelto lo que corresponde es ponerlo en libertad, pero Lafo Soto lleva más de un año en prisión provisional y ¿cómo se justifica todo ese tiempo en prisión? Había que justificarlo de alguna manera, si no había que imponerle medida disciplinaria a los jueces. No lo ponen en libertad y presentan el otro expediente por el mismo delito. Cuando me notifican las conclusiones provisionales, yo expreso que mi defendido ya había sido juzgado y que no procedía volverlo a encausar por el mismo delito; ellos, como no respetan la ley, pasan este procedimiento por alto, pero se les crea un gran conflicto: desde el punto de vista legal tengo razón y hay que poner a esa persona en libertad, pero si hacen cumplir la ley desobedecen las órdenes del Ministerio del Interior.
Por ello no obtengo respuesta sobre mi reclamación y la causa se estanca. Como yo no cedo a las presiones, el juez Fernández Malvares se traslada personalmente hasta la prisión a hablar a mis espaldas con mi defendido para proponerle que se declarara culpable, que él le iba a poner el mínimo de la sanción prevista para delitos de esta naturaleza, un acto y una propuesta totalmente indignos de un juez y que mi defendido rechazó. Cuando me entero de ese suceso, pido que este juez se separe del tribunal, pero ellos van ya a la fuerza y le imponen a mi defendido una multa de 100 pesos y a mí otra de 50 pesos.
Yo pido una audiencia en Justicia para ventilar la recusación y la multa que se me impone, pero la recusación nunca se hace efectiva, ni me quitan la multa, ni nunca hay una respuesta de esta audiencia. Yo me entero por una jueza que Fernández Malvarez estaba preparando algo para intentar sacarme de circulación. Empiezan a cocinar ya otra causa para intentar a toda costa quitarme del medio y esta es la primera de las acusaciones que recibo, por "estafa".
¿Cómo arman esta causa hacia tu persona?
Esta causa inicialmente la arman a partir de una muchacha que es prostituta y que había entrado en componenda con las autoridades para salir del país de manera ilegal. Alguien la mandó a que me viera para que la ayudara, pero ella nunca hizo ningún contrato conmigo. Ella dice que había ido a mi casa y con quien había hablado era con mi esposa, nunca me enrola a mí, ni aparezco como implicado.
Las autoridades hablan con esta mujer, que se encuentra en prisión, para que haga una nueva declaración donde me involucre. A cambio, le prometen ponerla en libertad y sacarla del país. Yo pido un careo con ella, pero no me lo conceden. Cuando me entero de ese trato presento una denuncia contra Fernandez Malvarez y ella a su vez empieza a reclamar que cumplan lo prometido, porque si no iba a decirlo todo. Como en todo ese tejemaneje estaban implicados varios militares de alto rango, le dan la libertad a esa mujer y la sacan rápidamente del país.
Todo esto lo trama Fernández Malvarez porque paralelo a esa acusación falsa está el caso de Iván Lafo Soto y lo que quieren es que yo no pueda defenderlo. No es casual que deba prestar declaración en el juicio contra mí por estafa el mismo día, 12 de octubre del 2004, y a la misma hora que a mi defendido le celebran el juicio. Finalmente, a Iván Lafo Soto lo condenan a 12 años de privación de libertad.
A pesar de que llevé mi caso ante el ministro de las FAR no se revocó la condena de ocho meses de privación de libertad y cumplí la sentencia en su totalidad.
Cuando sales de la cárcel te expulsan de Bufetes Colectivos y tu labor al lado del oficialismo termina. Te vinculas posteriormente a la Asociación Jurídica Cubana ¿Cómo ocurrió la batalla legal por tratar de legalizar esta Asociación?
Para la legalización de la Asociación Jurídica Cubana desarrollamos dos procesos. Primero pedimos una certificación al Registro de Asociaciones donde nos hicieran constar que no existía otra organización con ese nombre. Pasó el tiempo y no daban ninguna respuesta, entonces presentamos un Recurso de Alzada ante la ministra de Justicia [María Esther Reus] contra el encargado del Departamento de Registro. La ministra tenía 20 días para responder ese recurso; pasaron esos días y nada, pasaron los 45 días naturales y nada. Establecimos contra ella una demanda ante el Tribunal Provincial y tuvimos que llegar hasta el Tribunal Supremo, quien dictaminó que era un derecho del ciudadano hacer esa solicitud y obtener respuesta. Con ese fallo fue que nos dieron la certificación y con eso completamos todos los documentos para iniciar la solicitud de legalización.
En este segundo proceso, que empezó en 2012, la directora de Asociaciones dictó una resolución respondiendo que no se autorizaba la legalización de esta organización independiente. Contra esa resolución presentamos un Recurso de Alzada, pero la ministra de Justicia ratificó la resolución de la directora de Asociaciones.
Esa resolución se puede impugnar ante los tribunales. Establecimos una demanda contra la ministra de Justicia y llegamos hasta el Tribunal Supremo, que finalmente dijo que no, pero no definió el tema fundamental: si Bufetes Colectivos y la Unión de Juristas de Cuba eran asociaciones o no, que era lo único que podía impedir, según la Ley de Asociaciones actual, la constitución de la Asociación Jurídica Cubana.
Julio ¿Tienes conocimiento de cuántas personas en Cuba han demandado a la ministra de Justicia?
A ciencia cierta no sé, pero no creo que hayan sido muchas, tal vez sea yo el único que la haya demandado ante los tribunales. En Cuba debe haber otras muchas personas con argumentos y razones para demandar a la ministra de Justicia, pero necesitan de un abogado que lleve ese proceso ante los tribunales y, como Bufetes Colectivos es una organización subordinada totalmente al Ministerio de Justicia, es muy difícil que puedas hallar a alguien que se atreva a hacer algo semejante.
No es casual que a mi esposa la encarcelaran por la misma fecha que establecimos la demanda contra esta alta funcionaria del Gobierno en pos de legalizar la Asociación Jurídica Cubana. Todas las flagrantes violaciones a la ley que se han cometido en el proceso contra mi esposa y contra mí guardan una estrecha relación con ese proceso y con el que trabajo actualmente, la legalización del Centro de Información Legal Cubalex. Pero conmigo no lo tendrán fácil. No cejaré en denunciar todos los atropellos y desmanes cometidos hasta que la justicia más temprano que tarde se imponga.