La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió este jueves a un juez que deseche una orden judicial que allanó el camino para que tribunales en Miami aborden una demanda de médicos cubanos exiliados en contra de esa organización internacional por conspirar con los gobiernos de Cuba y Brasil para facilitar una "red de tráfico humano" y "esclavitud".
Decenas de miles de médicos y profesionales de la salud de la Isla participaron en el programa Más Medicos en Brasil, alrededor de 3.500 de los cuales viven actualmente en Estados Unidos, la mayoría —unos 1.500— en el sur de Florida. Los galenos demandantes participaron en el programa entre 2013 y 2017.
En una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami, los abogados de la OPS alegaron que la demanda debería ser descartada porque se trata de una organización internacional protegida por leyes que le dan inmunidad a Estados extranjeros, o que en su defecto la demanda sea transferida a Washington DC, donde la institución tiene su sede.
"Está claro que las organizaciones internacionales gozan de inmunidad de demandas y procesos judiciales", expresó uno de los abogados de la OPS, Patrick Carome.
"La corte tiene dos opciones: desechar la demanda porque la jurisdicción es incorrecta, o transferirla a otro distrito", dijo, según el reporte de AP.
El juez Darrin Gayles dijo que tomará una decisión pronto.
En febrero pasado, no obstante el argumento de la OPS, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que las organizaciones internacionales con base en Estados Unidos no tienen inmunidad absoluta y pueden ser demandadas en ciertos casos en tribunales estadounidenses.
La histórica decisión de la Corte Suprema, tomada con siete votos a favor y uno en contra, afectó a International Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional, IFC), brazo del Banco Mundial que otorga fondos para proyectos privados en países pobres y en desarrollo.
IFC concedió 450 millones de dólares para la construcción en Mundra, Gujarat (oeste de la India), de una central eléctrica de 4.000MW que funciona con carbón y es propiedad de la empresa Tata Power. Sin embargo, agricultores, pescadores y habitantes de la zona acudieron a un tribunal federal estadounidense en 2015 para denunciar la contaminación del aire y del agua que provoca la planta, inaugurada en 2012.
La compañía no cumplió con el plan de acción ambiental y social para la planta, confirmó la Corte Suprema en su dictamen, y aunque aceptó haber causado daños —según EarthRights International—, argumentó tener total inmunidad contra las demandas y dijo que simplemente no podía ser responsabilizada.
Un tribunal de menor rango y un tribunal de apelaciones fallaron a favor de IFC. Pero la Corte Suprema rechazó las alegaciones de la empresa y determinó que la Ley le otorga solo la misma protección que a los gobiernos extranjeros y no una "inmunidad absoluta".
La decisión significa que otras instituciones internacionales tendrían también una protección limitada. Por ello, la decisión es un precedente favorable para la demanda contra la OPS interpuesta en Miami, como también podría estimular nuevas querellas.
Cuatro médicos cubanos presentaron en noviembre pasado la demanda colectiva en nombre de miles de colegas que participaron en el programa Más Medicos.
Los profesionales alegaron que fueron víctimas de tráfico humano y que la OPS sólo les pagó un 10% o menos de los honorarios que Brasil le abonó a la institución por sus servicios. Aseguran que la OPS le pagó al menos un 85% de ese dinero al Gobierno cubano y retuvo el 5% restante, y que los debe compensar con el monto total que pagó Brasil por sus servicios, más los daños ocasionados.
También sostienen que la demanda debe ser atendida en los tribunales de Miami porque al menos uno de los demandantes reside en Florida y porque la OPS puede ser demandada en cualquier sitio donde se encuentre, realice investigación, servicios o desarrolle actividades. Aseveran también que las leyes no ofrecen inmunidad a la OPS.
"Se los puede demandar en cualquier lugar", dijo Samuel Dubbin, uno de los abogados de los médicos cubanos. Sugirió que la OPS quiere llevar el caso a la capital estadounidense porque allí los tribunales serían más proclives a desechar la demanda.
Los demandantes —Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Russela Margarita Rivero Sarabia— sostienen que la OPS y sus funcionarios Joaquín Molina y Alberto Kleiman conspiraron con otros empleados de la organización y con ministros de los gobiernos de Cuba y Brasil para crear el programa, que llevaba médicos cubanos a Brasil para que atendieran a poblaciones en regiones remotas.
Esta situación se da luego de que la Corte Penal Internacional recibiera varias denuncias contra el Gobierno cubano por "tráfico humano" en lo que denomina "misiones médicas internacionalistas".
