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POLÍTICA

ONG demandan la inclusión del feminicidio como delito específico en el Código Penal cubano

Por primera vez el Gobierno saca a la luz cifras alrededor del fenómeno: un párrafo en un informe internacional de 145 páginas.

La Habana

Un párrafo en un informe internacional de 145 páginas presentado por el Gobierno de Cuba reveló por primera vez cifras oficiales de muertes de mujeres por razones de género, un tema tabú en la Isla y que se incorporó al debate público gracias a un mayor acceso a internet.

Sin más detalles por parte de las autoridades sobre el documento presentado en abril, la agencia IPS recopiló las valoraciones de especialistas y ONG que atienden a mujeres en situación de violencia, sobre la significación e impacto que pudiera tener este hecho en un país cuyo Gobierno siempre ha pregonado que no hay violencia de género y, menos, feminicidios.

"Un efecto de la Revolución", según dijo la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín, hija de Raúl, sobrina de Fidel Castro.

"El primer paso para encaminarse en la solución de un problema es el reconocimiento de su existencia", dijo a IPS la psicóloga Mareleén Díaz, que trabaja en el no gubernamental Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), que desde 2007 organiza actividades y una campaña contra la violencia de género de alcance nacional.

Díaz interpreta de esta forma la información incluida por las autoridades en el Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030, presentado en abril durante la tercera reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y que desde entonces está disponible en internet.

En su apartado particular, el documento indicó (final de la página 64): "En femicidios, según otras fuentes, el número de muertes ocasionadas por su pareja o expareja han disminuido entre el 2013 y 2016 en un 33,0%".

También agregó que, en 2016, "la tasa de femicidios fue de 0,99 por 100.000 habitantes de la población femenina de 15 años y más" del país, sin agregar más especificaciones ni cómo las autoridades cubanas definen este problema.

Según la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), las mujeres de 15 años y más sumaban ese año 5.052.239 de una población total de 11.200.000 habitantes. A partir de esos datos, IPS calculó que la cantidad de víctimas fatales de la violencia machista pudo ser de aproximadamente 50 en 2016.

Esa primera cifra cubana pudiera resultar baja si se compara con otros países latinoamericanos, aunque especialistas aseguraron que se necesita conocer más detalles sobre el dato cubano, que pudiera remitirse solo a las asesinadas por su pareja o expareja.

¿Para cuándo el feminicidio codificado en el Código Penal cubano?

El feminicidio se ha ido incorporando a las legislaciones latinoamericanas para tipificar el homicidio de mujeres por su condición de tales, a causa de machismo o misoginia. El delito se maneja con variaciones, según la magnitud del fenómeno, la sensibilidad social y la respuesta del Estado.

A partir de cifras de 19 países de 2016 y 2017, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) resumió que la mayor prevalencia de los feminicidios se reporta en El Salvador, con una tasa de 10,2 por 100.000 mujeres; Honduras (5,8), Belice (4,8), Trinidad y Tobago (3,0), Guatemala (2,6) y República Dominicana (2,2).

"En los últimos tiempos en Cuba, los medios de comunicación y periodistas han estado apuntando y visibilizando con ejemplos que este problema existe", continuó Díaz, en referencia a los múltiples casos conocidos públicamente, que han sido más desde que e la ciudadanía tiene acceso a internet en los celulares.

"Pero no ha sido así en el caso de las cifras que han sido inexistentes o no públicas", lamentó la experta, para quien este reconocimiento llega en un momento de cambios legislativos para avalar reiteradas demandas de activistas y feministas de incluir el feminicidio como delito específico y elaborar una ley contra la violencia de género, de la que Cuba carece.

En un país sin cifras ni reportes frecuentes sobre cualquier tipo de homicidio, causan preocupación entre la ciudadanía los casos de feminicidio, compartidos en las redes sociales o por la prensa independiente.

Solo en lo que va de 2019 trascendieron las historias de Lis Obregón, de 27 años, que fue apuñaleada por su expareja en la puerta de la guardería de sus hijos; una mujer de 46 años fue asesinada por su exesposo en la comunidad rural de San Pablo de Yao y la estudiante de medicina, de 21 años, Leydi Laura García fue hallada muerta.

Sometimiento a la violencia durante años

"Antes de que ocurra el feminicidio, se viven muchas violencias, de años de evolución. Por lo general, las mujeres que nos llegan a la consejería están siendo violentadas entre cinco y 15 años antes, y entonces deciden venir a buscar ayuda", explicó la psiquiatra Ivón Ernard, quien coordina la Consejería a Mujeres en Situaciones de Violencia.

Este servicio, en alianza con otras entidades como el sector sanitario y tribunales, fue creado en 2016 en la sede de OAR en La Habana.

"Afortunadamente, de los casi 200 casos que hemos atendido, hasta donde sabemos, ninguno ha terminado en asesinato. Damos seguimiento a las mujeres cuando salen de la consejería, porque nos percatamos que esto no es suficiente y empezamos a hacer grupos de apoyo para ellas", abundó la experta.

Especialistas y feministas reclaman que el Estado cubano debe elaborar un sistema integral de prevención y atención a las mujeres en situación de violencia, que incluya leyes específicas, la capacitación del personal de la policía, juristas, de la salud, entre otros, refugios o casas de acogida para las víctimas y atención para los agresores.

Con limitaciones, ofrecen alguna atención a mujeres víctimas las 174 Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, que pertenecen a la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, la única organización femenina con registro legal en el país, controlada por el Gobierno.

Otro espacio pionero se mantiene desde 2010 en el no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD), en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, que consiste en una consulta especializada para mujeres víctimas dentro del Programa de Atención Psicopastoral.

"Celebrar un día no es suficiente, hacer campañas ya no es suficiente", sostuvo Rita María García, directora del CCRD. "No hay percepción de riesgo porque no se han promulgado leyes, decretos y la base jurídica cubana no contempla fuertes condenas y un sistema para las denuncias que proteja a las mujeres", precisó.

A 12 años de campañas sobre la violencia de género, especialistas consideran que resultan impostergables cambios en la institucionalidad cubana.

"No creo que ni aun llevando las estadísticas reales, nuestro país se encuentre al mismo nivel de violencia que el resto de Latinoamérica", estimó. "Aun así las cifras son alarmantes, no hay un día que no escuchemos o conozcamos no solo casos de feminicidio, sino de una violencia real, palpable y desesperante", lamentó.

Justo este año fue publicado el informe final de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género, que fue aplicada en 2016 y arrojó las primeras cifras sobre violencia de género, pero solo en la pareja. De las 10.698 mujeres entrevistadas, 26,7% declaró haber recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo.

"Este reconocimiento amplía la visión sobre violencia contra la mujer y lo particulariza a un delito que no está tipificado en nuestro Código Penal (1987). La academia pudiera reelaborar este concepto en la Cuba de hoy e incorporarlo a las reformas desde lo legal", dijo la psicóloga Maidenys Aguerrebere, del CCRD.

"El conocimiento en la población es mínimo porque persisten muchos mitos que invisibilizan el femicidio. Este concepto es nuevo para muchas personas y en no pocos casos lo asocian a otros contextos del mundo", estimó Valia Solís, que es una especialista fundadora de la consulta del CCRD.

En Cuba los procesos judiciales en torno al feminicidio se siguen por homicidio, que en el Código Penal cubano se castiga con penas de entre siete y 15 años de privación de libertad, en lugar de por asesinato, que se castiga con penas de entre 15 y 30 años y amerita el análisis de agravantes como la premeditación, el aumento del sufrimiento de la víctima, su imposibilidad de defenderse y su relación familiar o conyugal con el perpetrador.

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