El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que su Gobierno se opone "por principios" a la activación del título III de la ley Helms-Burton, que permitiría reclamar ante cortes de EEUU propiedades en Cuba que fueron expropiadas tras la llegada al poder de Fidel Castro.
En declaraciones a la prensa tras su reunión con Mike Pompeo en el Departamento de Estado, Borrell dijo que había reiterado la oposición de España a la activación del título III de la ley Helms-Burton, suspendido desde su creación en 1996 y al que tradicionalmente se ha opuesto la Unión Europea (UE), incluida España.
"Hemos hablado de cuestiones importantes, hemos conversado sobre la posibilidad de que se aplicara el artículo III de la ley Helms-Burton a Cuba y ya sabe EEUU que, en eso, estaríamos radicalmente en desacuerdo, los europeos y España en particular", manifestó el titular español de Exteriores, según el reporte de EFE.
El título III de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EEUU a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de su confiscación.
Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos cada seis meses, de forma que nunca ha llegado a entrar en vigor por completo.
Sin embargo, en enero, cuando tocaba renovar esa suspensión, el Gobierno del presidente Donald Trump disparó todas las alarmas al hacerlo solo durante 45 días y, posteriormente, en marzo, volvió a renovar dicha suspensión durante 30 días, una medida que expira el 17 de abril.
A pesar de mantener la suspensión, el Ejecutivo tomó una importante decisión con respecto al título III: en marzo por primera vez en la historia estableció que los cubanoestadounidenses podían demandar a compañías cubanas sancionadas por Washington, aunque las extranjeras seguían exentas.
Borrell explicó que España se opone a la medida por una "cuestión de principios", pero también porque podría perjudicar a empresas españolas, por ejemplo, en el sector turístico.
En Cuba, muchos de los hoteles son propiedad de compañías controladas por el conglomerado militar GAESA, de las Fuerzas Armadas, y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.
El secretario de Estado Mike Pompeo y el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, conversaron además sobre cómo las empresas españolas que operan en Venezuela podrían verse afectadas por las sanciones al petróleo venezolano que ha impuesto EEUU.
Borrell explicó que algunas compañías españolas han recibido advertencias del Ejecutivo estadounidense, que quiere que las empresas petroleras de todo el mundo corten lazos con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Según reveló Borrell el 12 de mayo, las autoridades españolas y estadounidenses han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de que España acoja a funcionarios venezolanos que decidan romper con Maduro, aunque ese intercambio no ha desembocado todavía en ningún acuerdo.
