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Tribunales

Ocho jóvenes cienfuegueros, procesados por acercarse a la Base Naval de Guantánamo

Sus familiares temen que el Gobierno utilice los casos de forma ejemplarizante.

Cienfuegos

Ocho jóvenes residentes de la barriada cienfueguera de Obourke están siendo procesados judicialmente en la provincia de Guantánamo, tras ser apresados por estar cerca de la Base Naval de Guantánamo, a la que supuestamente pensaban ingresar para pedir refugio.

De acuerdo con los testimonios ofrecidos por Francisco Aguilar Conde y Edil Aníbal Martel, padres de Jesús Miguel Aguilar Álvarez y Anniel Martel Jáuregui, dos de los detenidos, los jóvenes salieron de Cienfuegos dos semanas atrás, luego de escuchar rumores de que una embarcación anclada en la bahía de Guantánamo, en el área controlada por Estados Unidos, estaba recogiendo a todo el que cruzase a ese lado para trasladarlo a tierra continental.

El rumor se extendió por toda Cuba. Hasta el momento se desconoce quién lo difundió y con qué intención, pero influenció a cientos de jóvenes de diversas provincias que se dirigieron a Guantánamo a probar suerte.

Ante tal realidad, las autoridades policiales y militares de la provincia oriental pusieron retenes en las vías que conducen a la base y al municipio de Caimanera para impedir el paso de los que iban llegando y han efectuado un número indeterminado de detenciones.

"Entre los atrapados están nuestros hijos", cuenta Aguilar. "Los muchachos decidieron adentrarse en una zona boscosa cercana a la base militar para eludir la vigilancia policial y allí fueron apresados".

"Cuando los cogieron, mi hijo fue golpeado. A uno de ellos le pusieron una pistola en la cabeza y se la rastrillaron; además los amenazaban con un perro", explica Martel.

Ambos padres aseguran que sus hijos están siendo procesados por supuesto delito de "intento de salida ilegal del país", y que uno de los fiscales que atiende el caso les aseguró que la sanción por tal causa puede ir desde una multa hasta los tres años de cárcel o más, de acuerdo a si existen o no agravantes.

Los entrevistados se quejan de que todo el proceso ha estado preñado de irregularidades. Argumentaron que sus hijos han sido amenazados para que no denuncien las golpizas y maltratos que han padecido y que los fiscales han desestimado las denuncias sobre los excesos policiales hechas por los familiares de los encarcelados.

De igual modo, a los familiares les fue comunicado que los arrestados serán juzgados en Guantánamo y posteriormente trasladados hasta su provincia de origen.

Tanto Aguilar como Martel consideran que quieren hacer del de sus hijos un caso ejemplarizante, para asustar a otros jóvenes y evitar que se sientan estimulados ante rumores similares en el futuro.

"Nuestros hijos son doblemente víctimas: del rumor y de la desinformación gubernamental. Si el Gobierno hubiese informado a tiempo, nuestros hijos no estarían siendo juzgados", comentó Aguilar.

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