El Partido Popular español (PP, en la oposición) presentó este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) que critica con dureza la explotación por parte de La Habana de los médicos destinados a misiones en el exterior, e insta a Madrid a valorar dar "asilo político" y "facilidades para la inserción laboral" en España a los profesionales de la salud cubanos que huyen de esas condiciones abusivas.
Resalta que es "una inmigración que requiere de apoyo humanitario y es de altísima calidad".
En la propuesta, obtenida por DIARIO DE CUBA y que se basa en muchos de los resultados de la investigación de este periódico sobre la industria de exportación de médicos por parte del gobierno cubano, el PP llama a exigir a La Habana una "inmediata explicación" de las presiones y restricciones de libertades a las que somete a su personal médico en otros países, las cuales el partido opositor español considera constitutivas "de trata de personas y esclavitud moderna".
Por otra parte, señala que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez debe "realizar una condena general" de situaciones análogas "en cualquier país del mundo" y "fijar de antemano la posición de España al respecto".
La PNL, iniciativa de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Dolors Montserrat Montserrat, y el diputado Carlos Rojas García, recuerda la resolución presentada en pasado 10 de enero por los senadores Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano) en el Senado estadounidense.
Esa resolución bipartidista, basada en una investigación de DIARIO DE CUBA sobre los abusos contra los médicos cubanos, pidió al Gobierno de Donald Trump reabrir el programa de refugio para profesionales de la salud de la Isla que escapan de misiones en el exterior (cerrado por la Administración de Barack Obama) y calificó de "tráfico humano" el negocio que hace La Habana con la venta de los servicios de esos trabajadores.
En su PNL, el PP español resalta que "los médicos cubanos son conocidos en muchos países del mundo por su extraordinaria pericia, su vocación y su arduo trabajo en situaciones extremas".
Sin embargo, añade, han sido "utilizados como herramienta esencial de la diplomacia cubana, para acercarse a otros países y fortalecer con ellos las escasas relaciones internacionales que tenía la Isla".
Asimismo, "esa supuesta solidaridad (…) en realidad era la tapadera para una fuente de ingresos que sometía a los profesionales de Cuba a unas situaciones infrahumanas", advierte.
La venta de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es la principal fuente de ingresos del Gobierno cubano, que se queda con al menos el 70% del dinero que pagan en concepto de salarios los países de destino.
Los contratos se realizan a través de una opaca Sociedad Anónima, la Comercializadora de Servicios Médicos (CSMSA).
El PP menciona en su proposición no de ley el vínculo establecido por la CSMSA con entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), intermediaria en el pacto entre La Habana y Brasilia para el programa Más Médicos, por el que fueron enviados a Brasil cerca de 20.000 profesionales cubanos.
En el esquema de Más Médicos, la OPS obtenía el 5% del monto que pagaba Brasil por los trabajadores de la salud de la Isla.
"Condiciones inasumibles"
También recuerda el PP en su PNL la Resolución Ministerial No. 168 de 2010, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, que constituye el "Reglamento disciplinario" para los trabajadores civiles enviados a otros países.
Ese reglamento, alerta el PP, contiene "condiciones inasumibles para cualquier persona en su ámbito laboral". Cita entre ellas la obligación de los médicos cubanos de regresar a la Isla "al concluir su misión, en la fecha y a través de los medios de transportación señalados por la entidad que lo envió".
En ese sentido, apunta que el Código Penal cubano, en su artículo 135, establece penas de prisión de tres a ocho años para el "funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero que la abandone, o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente, a hacerlo".
El mismo reglamento, cuestiona el PP, obliga a los trabajadores de la salud cubanos a informar sobre su intención de contraer matrimonio en la nación donde prestan servicios, solicitar autorización para viajar a otra zona de ese país o incluso a Cuba.
Las normas del Gobierno cubano incluso prohíben a los profesionales de la salud tener relaciones con ciudadanos del país donde se encuentran, cuya conducta el régimen considere molesta para sus intereses. Mucho menos con cubanos que hayan escapado durante misiones en el extranjero.
El PP denuncia en su PNL que el "todos los médicos del país conocen que se les prohíbe volver en ocho años si no regresan a Cuba tras la misión".
La Resolución No. 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, dice el partido español, "viola de forma flagrante los principios sindicales más básicos y todos los acuerdos internacionalmente aceptados respecto a las condiciones laborales y sindicales del trabajador". Llama a Madrid recomendar a La Habana su derogación y la modificación del Artículo 135 del Código Penal.
En su proposición no de ley, el PP pide al Gobierno español solicitar al de Cuba que elimine las restricciones y los condicionamientos para la entrada al país de los profesionales de la salud cubanos sin antecedentes penales.
Resalta "que muchos de ellos viven y tienen derechos en España como ciudadanos y, por tanto, deben ser defendidos por el Estado español con el derecho nacional e internacional".
Destaca el caso de profesionales con hijos menores de edad en Cuba, "cuyos derechos son protegidos por la Convención Sobre los Derechos del Niño", que La Habana ha firmado y ratificado y que viola cuando impide que los niños puedan reunirse con sus padres.
