El Ministerio Público del Distrito Federal en San Pablo, presentó este martes una acción civil legal contra los términos de la cooperación técnica que permitieron llevar a Brasil a los galenos cubanos de Más Médicos.
Esa acción judicial busca que la Justicia obligue con urgencia al Gobierno federal a presentar las cuentas detalladas de los valores transferidos a la OPS (Organización Panamericana de la Salud), responsable por la contratación de los médicos a partir de 2013 y por los cinco años de vigencia de ese programa.
La procuraduría ha pedido a la Justicia establecer un plazo de 30 días para que el Ministerio de Salud publique los datos, invocando "objetivos de transparencia".
Exige también que se impida al Gobierno firmar nuevos convenios de este tipo hasta que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) analice las auditorías realizadas a los recursos transferidos a la OPS y a las prestaciones de cuentas parciales.
En 2017, el TCU señaló irregularidades en la prestación de tales cuentas y subrayó que "ningún acuerdo internacional puede regir sobre el principio constitucional de prestación de cuentas instituido en el artículo 70, párrafo único, de la Constitución Federal".
El Ministerio Público, por su lado, señala que los cuatro billones de reales invertidos por el Gobierno brasileño en el acuerdo no están claros, pues la ejecución del convenio no establece "metas, estrategias o resultados a ser alcanzados". Además, la Procuraduría afirma que las prestaciones de cuentas presentadas por el organismo internacional no esclarecen cómo fueron invertidos esos recursos.
La procuradora de la República responsable por esta acción legal, Luciana Loureiro, dijo que el acuerdo "pone en jaque principios constitucionales brasileños tales como la publicidad, la legalidad, la moralidad y la motivación de los actos administrativos."
"Es el deber del Ministerio Público Federal negociar la modificación del programa Más Médicos en lo que atañe a los controles de su economía, efectividad y trasparencia de las transferencias hechas a la OPS (...) No se aspira al fin del programa, sino solamente a que se haga efectiva la trasparencia y fiscalización en la aplicación de los recursos públicos brasileños," agregó.
El MP también se cuestiona los pagos recibidos por los médicos cubanos en comparación con los de otros profesionales extranjeros también actuantes dentro del programa. "Cuando la OPS recibía 10.000 reales por profesional integrante de la iniciativa es de conocimiento público que esa suma no era entregada enteramente a los médicos, quedando buena parte de ella retenida por el Gobierno cubano", dice una nota del Ministerio Público Federal.
Y cierra: "El destino específico de tal suma financiada por el Sistema Único de Salud brasileño es desconocida. La información está protegida por una supuesta 'cláusula de conficencialidad' pactada entre OPS y Cuba, negando al Ministerio de Salud cualquier acto fiscalizador."
