Reinaldo González, Hilario Brache y Vilma de la Rosa no se conocen ni se pusieron de acuerdo, pero solicitaron que el Proyecto de Constitución de Cuba se modifique para permitir la elección por voto popular directo del presidente y los gobernadores provinciales, reporta la AP.
Brache, además, coincidió con Celio Curbelo en que la nueva Carta Magna no debería permitir el matrimonio gay, mientras que Yanet Mazorra y Carolina Rodríguez demandaron que a los cubanos se les deje invertir como a los extranjeros.
Son lagunas de las opiniones surgidas durante las "consultas" tuteladas del Proyecto de Constitución, que lleva a cabo el Gobierno hasta el próximo 15 de noviembre.
En un país sin encuestas de opinión, partidos políticos, campañas o medios de comunicación que no sean oficiales, estas reuniones acotadas en el tiempo son uno de los pocos espacios en los que los cubanos pueden expresar criterios. Aun así, deben estar dentro de lo que el Gobierno considera "constructivo", un eufemismo para aclarar que las opiniones no deben cuestionar al castrismo ni la jerarquía del Partido Comunista.
"El presidente del país tiene que ser elegido por votación directa de la población... entre varios candidatos", dijo Reinaldo González en el capitalino barrio del Vedado. "No tiene que habar multipartidismo, pero que sea por elección directa".
Durante más de medio siglo, el castrismo ha vetado la posibilidad de existencia de otros partidos políticos.
Aunque no cuestiona el unipartidismo, la opinión de González es contraria a las normas electorales actuales, por las cuales el presidente es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a su vez está compuesta por delegados propuestos por una comisión de candidatura controlada por el Partido Comunista.
Tras la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente, Raúl Castro admitió que su sucesor al frente de los consejos de Estado y de Ministros fue preparado durante décadas, lo que evidenció el carácter antidemocrático del proceso.
"Fidel hubo uno solo", exclamó Onelio Nelson García en otro encuentro, realizado en el municipio Playa. A su juicio, se debe impedir mediante una elección directa que el poder caiga en manos de "sátrapas o demagogos" que se eternicen en el cargo.
En otra reunión, la joven Vilma de la Rosa dijo que le preocupa que en la nueva Carta Magna el Partido Comunista sea más importante que la propia Asamblea Nacional, algo que se arrastra de la Constitución castrista vigente.
Otros pidieron que se elimine la limitación de mandatos a dos años para altos cargos públicos —propuesta de Raúl Castro— y se permita ocuparlos sin restricciones de edad.
Entre los temas sociales el más discutido sigue siendo la posibilidad de que la nueva Constitución abra la puerta al matrimonio gay.
"La naturaleza" impone que el matrimonio sea "entre un hombre y una mujer", dijo Hilario Brache. Este criterio lo comparten varias iglesias —incluyendo la católica— que rechazaron modificar las normas actuales, según las cuales solo se admite el matrimonio heterosexual, e iniciaron campañas como la entrega callejera de panfletos bajo la consigna de familia con "diseño original".
El Gobierno cubano, que suele ser restrictivo en cuanto al uso del espacio público, las ha permitido.
Muchos se han preguntado por qué estos y no otros temas acaparan atención en una sociedad que tiene problemas económicos y sociales más acuciantes, como el envejecimiento poblacional.
"Es un tema que está teniendo la repercusión lógica en una sociedad desentrenada en el debate", dijo a la AP el abogado constitucionalista Julio Fernández Estrada. "Es un tema propicio porque todo el mundo queda bien. Los homófobos siguen siéndolo y los defensores de este artículo consideran que es una modernización de la sociedad cubana".
Cambios en la ortografía del proyecto, propuestas para que las leyes sean consultadas antes de emitirse, peticiones para garantizar salarios que alcancen y cuestionamientos ante la posibilidad de que se cobre la educación superior —como plantearon algunos funcionarios en la Asamblea Nacional— forman parte de las consideraciones expresadas.
Las reuniones para analizar el Proyecto de Constitución se realizan en salones o parques y muchos de los ciudadanos participantes cargan los boletines impresos que enlistan 224 artículos de la futura Carta Magna. Mientras los asistentes realizan sus propuestas, un secretario toma notas en un acta para trasladarla a la comisión redactora de la ley de leyes.
La comisión, integrada por funcionarios de confianza del castrismo, elegirá qué propuestas incluye en el texto, que deberá pasar nuevamente por la Asamblea Nacional antes de ir a referéndum el 24 de febrero, un paso que el régimen espera sea "ratificación".
La incorporación de las propuestas de los cubanos al proyecto es un tema que preocupa a expertos como Fernández Estrada.
"La consulta, como quiera que sea, es positiva, demuestra que el pueblo cubano tiene conocimiento y sabe lo que quiere. Algunos se quedan callados, otros participan", comentó el jurista. "Pero ha señalado que la mayoría se interesa, que se leen el proyecto y tienen cosas que decir importantes para su país".
Algunos participantes dan nombre y apellido; otros no. Algunos detallan su profesión y edad, otros solo exponen sus posiciones en la medida en que se mencionan los artículos de su interés y unos más asisten pero no hablan.
Muchos cubanos creen que la reforma está destinada a cimentar el sistema actual y blindar el legado del castrismo antes de la muerte y el retiro definitivo de la llamada "generación histórica".
El proyecto contempla el reconocimiento de la propiedad privada y divide en varias figuras el poder del Estado —un presidente, un vicepresidente, un primer ministro y gobernadores provinciales—, pero mantiene sobre todos ellos el poder del Partido Comunista.
El texto ya no habla de la construcción de la sociedad comunista sino de un "Estado socialista de derecho", pero mantiene que el socialismo es "irrevocable" en Cuba.
Asimismo, diversifica los actores económicos y sociales como los pequeños emprendedores y establece la no discriminación de la identidad sexual, por un lado; mientras por otro mantiene los medios de prensa bajo la propiedad estatal y la regulación de la concentración de la riqueza.
El documento incluye además la mención de la traición a la patria y pide la sentencia máxima para quienes la cometan, lo que en Cuba significa pena de muerte.