"Los mayores peligros que hoy amenazan a la civilización son la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos, escribió el filósofo español José Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas.
Este, el tercero y último de los artículos introductorios acerca de la reforma constitucional, está dedicado al papel de la propiedad y la clase media.
La propiedad
La propiedad privada emergió de las primeras formas de vida comunitaria, se extendió con la esclavitud, cambió de forma con el feudalismo, volvió a mutar con el sistema capitalista y en los espacios que el socialismo le ha permitido demostró su eficacia. Lo que hay que cambiar es la proporción en que se redistribuye lo producido, es decir, lo referido a la justicia social.
El estatismo convierte la economía en factor de pobreza. Para convertir la propiedad en palanca del desarrollo se impone eliminarlo. Tal y como el desarrollo individual y el social se condicionan mutuamente, la propiedad privada y la social se complementan. El problema radica en determinar en cada época y lugar cuál o cuáles de sus formas resultan más ventajosas.
La clase media
Figuras relevantes del siglo XIX cubano se pronunciaron acerca de la propiedad y la clase media. Innumerables figuras, desde Juan José Díaz de Espada —obispo entre 1800 y 1830—, se refirieron al tema, que José Martí resumió así: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos".
Esa pequeña propiedad es el germen de la clase media; un sector que basado en el esfuerzo personal, el trabajo y la sobriedad, surgió en la Inglaterra del siglo XVII y se extendió al resto del planeta y por supuesto a Cuba.
La respuesta a la pregunta de cómo ve usted el panorama económico de Cuba, formulada por Lisandro Otero a empresarios cubanos en 1959, arroja luz sobre el pensamiento de un sector que fue barrido por la revolución. Uno de ellos, Julio Lobo, accionista mayoritario de centrales azucareros, dijo: "Con honestidad, capacidad y progreso en la administración pública, Cuba será una de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo. Es natural que los comunistas traten de infiltrarse en el nuevo Gobierno y en sus organismos, como ha ocurrido en los propios Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero con una administración capaz, honesta y progresista, los comunistas difícilmente encuentren una brecha".
Las constituciones republicanas y las confiscaciones
El artículo 32 de la Constitución de 1901 reza: "Nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización...". Mientras el artículo 87 de la de 1940 refrendó: "El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley".
La revolución de 1959 tomó otro camino. En ese año, con la primera ley de reforma agraria, el Estado concentró el 40,2% de las tierras cultivables. En 1960 expropió las grandes empresas norteamericanas y 36 centrales azucareros, 16 fábricas de tabaco, 14 de cigarrillos, 20 almacenes tabacaleros, los bancos nacionales y extranjeros, otras 362 grandes empresas y toda la industria nacional con más de 25 trabajadores. En 1962 se intervinieron peleterías, tiendas de ropa y ferreterías. En 1963 las mil fincas que tenían más cinco caballerías engrosaron el fondo estatal hasta el 70% de la tierra cultivable. Y en 1968 se confiscaron las 55.636 micro y pequeñas empresas que habían sobrevivido la ola expropiatoria.
La economía quedó estatizada, los dueños sustituidos por jefes y administradores. El desinterés y la ineficiencia generalizados se solapó con las subvenciones externas hasta que la desaparición de la URSS hundió al país en la crisis bautizada con el eufemismo de "Período Especial en Tiempos de Paz". Como resultado el Gobierno se vio obligado a permitir pequeños negocios privados.
En 1993 se autorizaron 117 actividades por cuenta propia. En 1994 se amplió el número hasta 157. En 1997 se permitió el arriendo de viviendas en la ciudad de La Habana. Y en 2010 se aumentó el número de actividades a 181 con múltiples limitaciones para impedir la formación de pequeños y medianos empresarios: los paladares solo podían tener 12 sillas; los que rentaban viviendas no podían ofertar otros servicios; los oficios quedaron sin aseguramiento de materiales e impedidos de contratar de personal de apoyo; la agricultura sin instrumentos de labranza, semillas, abonos, plaguicidas y altos impuestos en todas las actividades.
En agosto de 2010 las medidas introducidas por Raúl Castro aumentaron las actividades permitidas y la contratación de fuerza de trabajo con el fin de ocupar a los trabajadores estatales que quedarían disponibles. Los paladares pasaron de 12 a 20 sillas, se amplió la actividad de arrendamiento de viviendas. Se aumentaron otras tres actividades, se autorizó a vender productos y servicios a entidades estatales.
En lugar de propiciar la conversión del cuentapropismo en pequeñas y medianas empresas, a partir de los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados en abril de 2011, continuaron las prohibiciones hasta que en agosto de 2017 se toparon los precios, se confiscaron mercancías y equipos de transportistas privados y vendedores ambulantes, se suspendió la emisión de nuevas licencias y se redujeron las actividades permitidas hasta 123.
Ahora, el pasado 10 de julio de 2018, se dictaron nuevos impuestos, se limitaron las licencias a una autorización por persona, se impuso la obligatoriedad de una cuenta bancaria fiscal para las principales operaciones financieras, se eliminó la exoneración del pago de impuestos por la contratación de hasta cinco trabajadores, y se suspendieron las licencias para las actividades que más utilidades reportan al cuentapropismo.
Si la reforma constitucional en marcha no rectifica el rumbo equivocado, no habrá desarrollo. El freno a la actividad privada, empeñada en impedir el surgimiento de un empresariado nacional, atenta contra el destino de Cuba y de los cubanos.