El Gobierno publicó este viernes una resolución que, dijo, acabará con el vacío y la "dispersión legislativa" que favorece la desprotección del consumidor en el comercio interno. Admitió una tendencia creciente" en las violaciones de los derechos de los clientes y dijo que la normativa "arrojará luces" sobre una futura ley al respecto, reporta la prensa oficial.
Aprobada por el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), la Resolución 54 de 2018 entrará en vigor dentro de 30 días. Según el diario Granma, del Partido Comunista, la principal fortaleza del documento radica en la "capacidad de recopilar (…) todo aquello que estaba disperso".
Los cubanos se quejan constantemente de los maltratos de los vendedores, robos en el peso de los productos, adulteraciones, desabastecimiento, incumplimiento de los horarios de venta y altos precios, entre otros problemas que ocurren tanto en los establecimientos en moneda nacional como en los que funcionan en divisas.
La sección "Cartas" del propio diario Granma recogió este mismo viernes la denuncia de un cliente que pagó 216 pesos por un paquete de pollo que contenía 1,33 libras de agua congelada, y la "frustración" de otro ante la "pésima calidad" y el "deficiente gramaje" de una lasaña que un restaurante sirve a 15 pesos, reporta EFE.
La resolución establece derechos y deberes de los consumidores "que no estaban explícitos en ninguna norma rectora" y "determinan las obligaciones generales de los proveedores de productos y servicios", ya sean estatales o privados, según el diario oficial.
El reglamento estipula que los clientes deben recibir mercancías y prestaciones con calidad, tener garantizado el oportuno abastecimiento de bienes de primera necesidad y la protección de sus "intereses económicos" de modo que puedan adquirir artículos con "adecuada relación calidad-cantidad-precio".
Además, incluye el derecho a compensaciones por daños y perjuicios, y dispone vías y mecanismos para tramitar reclamaciones.
La normativa indica asimismo que los clientes podrán exigir que se les dispense "un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen, medida de los productos y servicios de cualquier naturaleza que adquieran".
La jefa de la Dirección de Protección al Consumidor del MINCIN, Yalina Garbey, dijo a Granma que mensualmente el Ministerio tramita de 70 a 80 quejas, de las que un 60% tiene que ver con "insatisfacciones sobre productos y servicios".
La cifra es irrisoria comparada con las numerosas quejas que se escuchan a los cubanos en las calles. Esto indica que muchos no tienen confianza en que la situación se resuelva.
Las denuncias contemplan incumplimientos de los ciclos en la venta de productos del sistema de racionamiento, el "irrespeto a los horarios de servicio", la no devolución de cambio, "la introducción de mercancías en establecimientos comerciales y el ocultamiento de estas para luego ofertarlas a los revendedores".
"La calidad de algunos servicios, sobre todo en lo que concierne al peso y el maltrato de los vendedores, así como las violaciones de los precios, concentran la mayor parte de los reclamos", señaló Garbey.
La funcionaria dijo que desde el año 2000 el Gobierno trabaja en la actualización de su Ley de Protección al Consumidor, una labor "lenta" que se paralizó en 2011.