No hay dudas de que la situación de la agricultura cubana despierta sumo interés en todos aquellos que, tanto dentro como fuera de la Isla, siguen de cerca la actualización del modelo económico que lleva a cabo el gobernante Raúl Castro. Y casi existe consenso en el sentido de que los resultados del sector agropecuario van quedando por debajo de lo esperado.
La consulta de los documentos "Sector Agropecuario. Indicadores Seleccionados" (enero-junio de 2017) y "Panorama Uso de la Tierra Cuba 2016", emitidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), permite desentrañar algunas claves de la ineficiencia productiva de ese sector.
Al parecer, todos los análisis conducen a un elemento del que mucho se ha hablado: el sentido de pertenencia que exhiban las diferentes formas de propiedad o gestión que participan en las labores del agro cubano.
Hemos decidido dividir esos actores productivos en dos grandes grupos. El primero formado por las empresas estatales y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC); mientras que el segundo está integrado por los propietarios privados y los usufructuarios de tierras ociosas. No consideramos en el análisis a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) ni a las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS), ambas de escasa significación en la estructura porcentual de la superficie cultivada, así como en los niveles de producción.
Las UBPC, en el plano teórico, no son una forma de gestión estatal, sino cooperativa. Sin embargo, la realidad indica que sus asociados no se sienten dueños de lo que producen ni de lo que comercializan. Son entidades que, en general, carecen de autonomía, y a menudo el plan de la economía nacional define qué produce cada una de ellas, en qué cuantía, así como lo que deben destinar para vender a las entidades comercializadoras del Gobierno, y a los precios que fijen estas últimas.
Los usufructuarios de tierras ociosas, por su parte, no son propietarios de las tierras que trabajan, las que siguen siendo estatales. No obstante, durante el tiempo que dure el usufructo son responsables de la labor que realicen, y a pesar de alguna que otra amenaza gubernamental de retirarles las tierras si no se comportan según lo esperado, en su desempeño semejan a los actores privados.
Pues bien, al cierre de 2016, las empresas estatales y las UBPC poseían el 53,9% de las tierras cultivadas del país, Con semejante superficie, en el primer semestre de 2017, produjeron solamente el 21,4% de las viandas, el 17,9% de los plátanos, el 13,8% del tomate, el 35,7% del arroz, el 10,6% del maíz, el 23,8% de los frijoles, el 15,7% de los cítricos, y el 13,6% de los frutales.
En cambio, los propietarios privados y los usufructuarios, con solo el 35,8% de las tierras cultivadas, produjeron en igual período el 73,5% de las viandas, el 79,4% de los plátanos, el 81,3% del tomate, el 62% del arroz, el 87,2% del maíz, el 71,8% del frijol, el 83,2% de los cítricos, y el 84,6% de los frutales.
Únicamente en la papa, debido al monopolio que por decisión gubernamental disfrutan los actores estatales para su producción y comercialización, fue inferior la gestión privada.
Todo hace indicar que, empezando por el señor Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de Agricultura, y terminando por la cúpula gubernamental y partidista, ninguno de ellos le presta mucha atención a los datos que emite su propia Oficina Nacional de Estadísticas.
De suceder lo contrario, y por supuesto después de dejar atrás el dogma político-ideológico, tal vez estuvieran considerando la opción de pasar a manos privadas la mayoría de las tierras cultivables del país.