El Ministerio de Finanzas y Precios echó atrás parte de una resolución publicada el pasado martes por la Gaceta Oficial de Cuba que establecía, dentro de un protocolo ante desastres naturales, cobrar el "margen comercial" y el transporte de las donaciones a los damnificados.
La resolución número 645 de 2017 en su artículo 24.1 inciso c) indicaba que cuando a los damnificados se le hiciera "entrega de productos recibidos como donación (interna o externa)" esta se hacía "sin costo alguno para los mismos", sin embargo aclaraba a continuación que "en estos casos se cobraría el margen comercial, que incluye los gastos de distribución y transportación, según corresponda, por quien la ejecuta".
Más adelante, el artículo 55, abundaba que para los bienes de consumo que se recibieran mediante donaciones y se entregasen "directamente a la población utilizando empresas de comercio minorista o mayorista o a través de transportación propia", se le cobraría "el gasto de la transportación", el cual se calculaba "dividiendo el gasto de la transportación entre el valor total de la donación a entregar, determinando el monto per cápita a cobrar a la población".
Este jueves la Gaceta Oficial publicó otra resolución de la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza —la número 700 de 2017—, que modifica ambos artículos y establece que los "productos recibidos como donación" se entreguen a los afectados de desastres naturales sin costo de ningún tipo.
Tras el paso de huracanes como el Matthew, en 2016, o el Sandy, en 2012, numerosos damnificados y organizaciones de derechos humanos denunciaron la venta de donaciones que incluían desde colchones hasta materiales de construcción.
En el caso de Irma, el malestar generado por el cobro de las donaciones podría ser peligroso para el Gobierno, ya que el huracán dejó un rastro de destrucción en la mayoría de las provincias del país y miles de damnificados.
Cuestiones que no cambian
En su actualización de los procedimientos para casos de desastres, el Gobierno determinó que la entrega de recursos financieros para cubrir los gastos que correspondan por los perjuicios, así como las adecuaciones tributarias que se precisen en estas circunstancias, estará determinado por una evaluación de los presidentes de los gobiernos provinciales y municipales.
Un funcionario del Ministerio de Finanzas y Precios, citado por el diario oficial Granma, dijo que los afectados realizarán los pagos establecidos, "mediante bonificación, efectivo, crédito bancario, la combinación de estas modalidades o subsidio".
Ya la semana pasada el Gobierno había comunicado que financiaría solo el 50% del precio de los materiales de la construcción a los damnificados con la destrucción total o parcial de sus viviendas tras el paso del huracán Irma por la Isla.
La proporción es insuficiente en un país donde el salario promedio ronda los 30 dólares mensuales y no existen aseguradoras que cubran los daños en este tipo de situaciones.
La decisión de financiar solo una parte de los materiales de construcción u otros recursos necesarios implica que el Gobierno deja sobre los hombros de los damnificados buena parte del problema que él mismo ha creado. En el caso del fondo habitacional, durante décadas no ha hecho nada para paliar su deterioro. También ha incumplido sus planes de construcción de nuevas viviendas.
La nueva política financiera del Estado ante desastres naturales también deja en posición de desventaja a los cuentapropistas. Estos trabajadores quedarán exentos del pago de las cuotas tributarias solo por un periodo de uno a tres meses, y en el caso de que queden "totalmente imposibilitados del ejercicio de sus actividades".
"Cuando haya sido afectado de forma parcial el desarrollo de sus labores", las cuotas tributarias solo se disminuyen hasta un 50%, por el mismo término de tiempo; e incluso la aplicación en último caso de estas cuestiones queda a juicio de algún funcionario.
En situaciones normales este sector sufre para salir adelante con sus negocios. Enfrentan dificultad para conseguir materia prima, por falta de un mercado mayorista con precios preferentes. Además de los altos impuestos que devengan, los golpea la burocracia y las restricciones impuestas por el Estado a muchas de sus actividades.