La provincia de Sancti Spíritus experimenta un "comportamiento preocupante" en torno a los delitos de portación y tenencia ilegal de armas, "constatable en las 68 denuncias registradas en lo que va de 2017 por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)".
Según recoge un artículo publicado en el periódico oficial Escambray, las estadísticas "se encuentran a ojos vistas en la calle, en los hechos violentos acontecidos en la ciudad de Sancti Spíritus del pasado año a la fecha".
La publicación señala que "la mayoría de las causas radicadas por el delito de portación y tenencia ilegal de armas o explosivos en el sistema de Tribunales de la provincia está relacionada con la ocupación de instrumentos cortantes y punzantes como cuchillos, puñales, navajas, incluso tijeras".
Según datos tomados por el periódico local de un estudio del Servicio Provincial de Medicina Legal, en el 80% o más de los homicidios cometidos desde 2012 hasta 2015 se empleó arma blanca.
El artículo no precisa la cifra exacta de los asesinatos de esta índole, ni de las personas juzgadas por estos.
Sí dice que sobre la ciudad de Sancti Spíritus "gravitan los récords más negativos en esta tipicidad delictiva".
De acuerdo con María Ivón Fernández Álvarez, presidenta del Tribunal Municipal Popular, esto responde a la existencia en ciudad capital de sitios de gran afluencia de personas como la Plaza Cultural y el parque Serafín Sánchez, frecuentados en horario nocturno, en lo fundamental, por jóvenes, "los más implicados en el fenómeno".
Además, señala a los cocheros como portadores frecuentes de cuchillos y machetes, según una "alerta" emitida por un Consejo de la Administración Provincial.
Los choferes, tanto de vehículos de pasajeros estatales como privados, se enfrentan a menudo a la violencia de las personas, desesperadas ante la difícil situación de la transportación, una crisis que afecta más a las provincias interiores.
Escambray recuerda que quien, sin autorización legal, adquiera, porte o tenga en su poder un arma de fuego, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años. Si el hecho consiste en fabricar, vender o de cualquier modo facilitar a otro un arma de fuego, la condena es de tres a ocho años.
"En el caso de las armas blancas, quien porte o tenga alguna en su poder recibe la sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas, cuando las circunstancias de la ocupación evidencien que estaba destinada a la comisión de un delito o a la realización de cualquier acto antisocial".
La prensa oficial no reporta hechos de violencia y cuando aborda el tema lo hace de manera general sin entrar en detalles de cifras y sin profundizar en las causas del problema. Tampoco existen datos en la Oficina Nacional de Estadísticas sobre un fenómeno que aumenta de manera general en una sociedad como una ley de sobrevivencia y convivencia.