En enero de 2016 las autoridades de Guantánamo desalojaron de forma violenta a varias familias instaladas en la zona sur del municipio cabecera. Hoy algunos de los afectados cumplen "sanciones injustas" tras procedimientos que consideran irregulares.
"A las 6:00 de la mañana se nos tiraron en el barrio cinco patrullas, varias ambulancias, dos camiones llenos de trabajadores y un camión de 'boinas negras' (efectivos de Tropas Especiales)", recuerda Larixa Mosquera Tamayo, condenada a tres años de privación de libertad.
"Algunas personas estábamos despiertas porque tenemos niños en edad escolar y estábamos en los preparativos para mandarlos a la primaria. Yo me entero porque oigo los gritos y el llanto de la gente y, cuando salgo, veo algo parecido a una guerra. Según iban llegando los carros, comenzaban a demoler todas las casas sin importar que hubiese alguien durmiendo, incluyendo los niños", añade Mosquera, madre de tres niños de cuatro, siete y 11 años de edad, uno de los cuales resultó herido en el desalojo.
"Pregunté qué pasaba, pues ya se habían comenzado los trámites para gestionar de forma legal un terreno. Intenté ver al teniente coronel Javier, que era quien se encontraba al frente del operativo, para preguntarle, pero no pude llegar a donde estaba", continúa.
Según Mosquera, un mayor de la Policía mandó a un "boina negra" a interceptarla.
"Es entonces cuando mi hijo mayor me abraza por la cintura y empieza a gritar que no me llevaran. El 'boina negra' tiró a mi niño contra una cerca de alambre de púas. Cuando me percaté de que mi hijo tenía el uniforme lleno de sangre, le fui arriba al militar. Me metieron a la fuerza en la patrulla y me llevaron detenida", añade.
El asentamiento desalojado —comenta el presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de una comunidad aledaña— contaba con alrededor de 12 viviendas. Sus pobladores habían construido sus precarias viviendas sin autorización, en un terreno lleno de basura y rodeado de maleza en la comunidad Ho Chi Minh, al sur de la ciudad.
"Personalmente, no estoy de acuerdo con lo que sucedió", dice. "Ese lugar era un vertedero. Además de la contaminación que representaba, se prestaba para que los delincuentes robaran animales e hicieran otras cosas, hasta que estas personas limpiaron todo y cercaron bien".
"Ahora que no hay nadie viviendo ahí y tampoco hicieron la vía que estaba en proyecto, la cosa es peor que antes. No hay razón para agredir a tantas personas y menos a un niño", opina.
La madre de Arianne Tiril Terry, de 26 años de edad y una de las agredidas que hoy se encuentra en prisión, dice que las autoridades fueron a decirle a su hija que tenía que salir, pero "ella se negó y se quedó dentro de la casa con su niño cargado y con cuatro meses de embarazo".
"La sacaron por los moños, la arrastraron y le dieron golpes a tal punto que perdió la barriga", denuncia la madre. "Mi hija hizo su casita allí porque tenía necesidad, para vivir con su niño de cuatro años", señala.
"La cogieron presa porque se defendió y sacó carteles con fotos de Antonio Maceo, Fidel Castro y otros. Se los arrebataron, los rompieron y tiraron al piso", relata.
Según la mujer, su nieto está ahora bajo custodia de la Seguridad Social.
"Yo soy una mujer enferma a la que el médico le prohibió todo tipo de esfuerzo físico y mi nieto es hiperactivo, a tal punto que los vecinos me han tenido que avisar que se sube al techo de la casa", justifica. "Luego de ese día, el niño parece que cambió de vida y es como si tuviese un trauma", lamenta.
Larixa Mosquera afirma que el proceso judicial en su contra fue irregular.
"El 31 de mayo de 2016 me hicieron el juicio en Tribunal Municipal, pero el abogado que contraté renunció a última hora a mi defensa", se queja.
"Me pusieron una abogada, pero no pudo evitar que me condenaran injustamente. Cuando me llegó el resumen del juicio, nada de lo que se dijo allí estaba en el papel y apelé en el Tribunal Provincial", detalla. "Ningún abogado del Bufete Colectivo quería aceptar el caso hasta que un señor mayor se brindó".
"Para sorpresa mía, no hubo audiencia y, en cambio, el día 27 de junio me dijeron que fui sancionada a tres años de cárcel, que estoy cumpliendo de la casa al trabajo porque mi marido quedó impedido en un accidente y tenemos tres niños", asegura.
Mosquera Tamayo dice que fue a ver al abogado en busca de una explicación para la decisión tomada por el Tribunal Provincial. "Me dijo que el tribunal determinó que no era necesario citarme para dar un veredicto".
"Después de todo lo sucedido —señala Mosquera Tamayo— he ido en tres ocasiones a Fiscalía Militar y cinco veces a Ciudadanía para quejarme porque pienso que estoy cumpliendo sanción injusta gracias al abuso de poder de los militares en este país, pero siempre me evaden o me dicen que por mi culpa ningún oficial perderá su uniforme".