Como parte de la denominada "actualización del modelo económico", las autoridades toman medidas para hacer más eficiente el trabajo de las empresas y entidades estatales. Ello adquiere suma importancia en el contexto de las reformas implementadas por el gobernante Raúl Castro, ya que se persiste en considerar al sector estatal como la columna vertebral de todo el sistema de propiedad que se erige en la Isla.
Sin embargo, un obstáculo de grandes proporciones se interpone ante el deseo de los jerarcas del castrismo: el delito y la corrupción parecen indetenibles en las referidas empresas y entidades. De acuerdo con datos suministrados por la Contraloría General de la República, durante el año 2015 se detectaron 233 delitos, entre los que 106 clasificaron como hechos de corrupción. De los perjuicios económicos propinados al patrimonio público, el 33% correspondió al presupuesto del Estado, mientras el restante 67% fueron a empresas y entidades. Se recomendaron 6.614 medidas disciplinarias contra los infractores directos y sus colaboradores.
Entre las anomalías que casi siempre afloran en controles y auditorías, sobresalen los faltantes y pérdidas de bienes, la existencia de cuentas por pagar vencidas, la inejecución por negligencia de recursos aprobados para inversiones, la deficiente gestión de los sistemas de contratación, así como indisciplinas tributarias.
Mención aparte para los problemas que presenta la contabilidad en buena parte de las empresas y entidades, bien sea por desconocimiento o falta de personal capacitado, y en ocasiones porque les conviene a los propios jefes y administradores ―los que con frecuencia suelen ser los que más roban―, lo cierto es que en muchos centros laborales los registros contables no reflejan la realidad de esos lugares. Y sin una contabilidad confiable, de nada valen los supuestos logros que se puedan obtener.
¿Alguien se imagina a una empresa que, como parte de la estrategia concebida para que trabaje con mayor autonomía, sea autorizada a pagar ilimitadamente el salario de sus trabajadores, y no cuente con una contabilidad confiable que certifique el cumplimiento de los indicadores que permiten la formación del estímulo salarial? Un verdadero paraíso para el caos y el despilfarro.
Nadie podría negar que el delito y la corrupción existen en cualquier tipo de sociedad. No obstante, las evidencias indican que semejantes fenómenos son más frecuentes en las economías estatizadas, donde los jefes o administradores, al no ser dueños en efectivo, no poseen el adecuado sentido de pertenencia. Entonces, si le roban al Estado se estaría cumpliendo aquello de que "nadie se roba a sí mismo".
Lo más grave del asunto es que ese robo en empresas y entidades estatales ―en ocasiones se usa eufemísticamente el término "desvío de recursos"― se aprecie como algo normal para muchas personas. Se trataría de una de las maneras de "lucha" con la que muchos cubanos intentan escapar de la crisis de la vida diaria.
A propósito, en el contexto de una visita que la señora Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República, hiciera hace poco a Santiago de Cuba, el primer secretario del Partido Comunista (PCC) en el territorio, Lázaro Expósito Canto, al referirse al delito empresarial afirmó que "hay que escapar de esa trampa de ver lo anormal como normal, de permitir la impunidad, y salir todos los días a la calle impregnados del sentimiento de fidelidad a Fidel, a Raúl, al Partido y a la Revolución, para que nuestra conducta marque ante las masas el cumplimiento del deber con disciplina y responsabilidad".
Sin embargo, la maquinaria del poder no da su brazo a torcer. Los gobernantes no aceptan que las manifestaciones de delito y corrupción son, en buena medida, una consecuencia de la centralización económica.
A menudo vinculan esos fenómenos con eventos coyunturales que ha padecido la Isla. La Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista constituye un ejemplo de ello. Tras reconocerse que últimamente se han incrementado entre las personas las diferencias económicas y sociales no provenientes del trabajo aportado, y que además este no es retribuido de manera adecuada, el inciso 30 de la referida Conceptualización expresa que: "Todo ello ha afectado la motivación para trabajar y ser eficiente, a la vez que se observa cierta erosión de valores inherentes a nuestra sociedad, el incremento de manifestaciones de corrupción, delitos, indisciplinas y otras formas de marginalidad social".
Al no ir a la esencia del problema, el castrismo pretende combatir el delito y la corrupción mediante mecanismos que ya han exhibido su inoperancia. El general-presidente, por ejemplo, acudió a fórmulas guevaristas de trabajo sobre la conciencia del hombre. En su Informe Central al VII Congreso del PCC, apuntó que: "Grandes potencialidades se pierden a causa del inadecuado trabajo con las reservas de cuadros y por la débil influencia de los responsables en el proceso de selección y formación de la cantera, lo cual propicia que personas sin compromiso y ética sean promovidas a responsabilidades vinculadas al control y disposición de recursos materiales y financieros, creando el caldo de cultivo para la corrupción y otras ilegalidades e indisciplinas".
La otra modalidad con que cuentan las autoridades para combatir el delito y la corrupción ―quizás la más publicitada― es el denominado "control interno" en las empresas y entidades. Es decir, un mecanismo preventivo que detecte los problemas antes de que lleguen los controladores o auditores externos. Este control interno casi siempre resulta fallido por dos razones principales. En primer lugar, a muchos jefes no les agrada tener en la empresa a alguien que le esté fisgoneando constantemente todas sus acciones, y por tanto envían al auditor interno a realizar otras labores. Por otra parte, no son muchos los especialistas que aceptan ser auditores internos. Para ocupar esa responsabilidad tienen que estar dispuestos a chivatear a sus propios compañeros de trabajo. Y sabemos que en este país ser tildado de chivato es uno de los pecados que no se perdonan.
Otro elemento que muestra las irregularidades de la sociedad cubana es la magnitud que va alcanzando la economía sumergida. En algunos casos como consecuencia de actos delictivos o hechos de corrupción, pero en otros como un mecanismo de defensa del cubano de a pie ante imposiciones del Estado o el no reconocimiento por este último de las relaciones de mercado. Un ejemplo lo tenemos en las operaciones de compra y venta de viviendas. Comprador y vendedor se ponen de acuerdo y declaran oficialmente un valor para la transacción, por el cual pagan los impuestos correspondientes. Sin embargo, el valor real de la transacción, hecha a escondidas, es mucho mayor ―hasta diez veces el informado de manera legal―, con lo cual el Estado deja de ingresar sumas considerables de dinero.
Según los investigadores Roger Keeran y Thomas Kenny, en su libro Socialismo traicionado (Ciencias Sociales, La Habana, 2015), el gran tamaño alcanzado por la economía sumergida en la antigua Unión Soviética ―se dice que hacia la década de los 80 podía ser hasta la tercera parte de los ingresos de un ciudadano corriente― fue un factor determinante en la caída del comunismo en esa nación. ¿Se repetirá la misma historia en Cuba?