Uno de los mayores enemigos de las sociedades modernas es el fenómeno de la corrupción. Ningún país está libre de este flagelo. Todas las naciones, en mayor o menor grado, han creado legislaciones y mecanismos de control para intentar atajar uno de los principales obstáculos al desarrollo económico y a la credibilidad de las instituciones democráticas. Conscientes de la magnitud del problema, la comunidad mundial aprobó en el año 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el primer instrumento jurídico de carácter internacional contra este extendido mal para los países signatarios.
La República de Cuba es uno de los países firmantes de esta Convención; sin embargo, en la III Conferencia de Estados Parte de la Convención, celebrada en 2009, el funcionario cubano que estuvo presente declaró: "Cuba reitera su decisión de continuar profundizando en el enfrentamiento a la corrupción (…) convencida de que el cumplimiento de los principios de la Convención impide que el mecanismo de revisión pueda ser susceptible de manipulaciones mal intencionadas en la selección de los Estados Parte que se examinen y de los examinadores, que puedan dar lugar a desvirtuar la esencia de esos principios".
De este fragmento puede entenderse entre líneas cómo el régimen cubano actual no toleraría que se usara la Convención para que instancias independientes supervisaran el estado de la corrupción en la Isla.
¿Qué se entiende por corrupción? Entre las varias definiciones al uso, podríamos quedarnos con la de Transparencia Internacional, la ONG encargada de monitorear los niveles de corrupción a escala planetaria, la cual define el fenómeno como el mal uso del poder encomendado para obtener fines privados. Esto tiene su expresión en múltiples delitos como fraude, soborno, apropiación indebida de un bien público o enriquecimiento ilícito. La corrupción se asocia, además, con prácticas de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, entre otros.
El caso de Cuba ocupa un lugar sui géneris. En su última evaluación, del año 2015, la ONG Transparencia Internacional colocó a Cuba en el lugar 56, o sea, más o menos en medio del ranking, lo cual paradójicamente sitúa a la Isla como una de las 60 naciones menos corruptas del planeta. Esta evaluación pudiera dar la impresión de que Cuba, aunque lejos de extirpar el fenómeno, pudiera ser un ejemplo para otras naciones que están mucho más arriba en dicha tabla. Sin embargo, medir el nivel de corrupción en el caso cubano es una tarea muy compleja debido a la nula transparencia de la gestión gubernamental.
La corrupción en la Isla —podría decirse— es un modo de vida. Con los salarios más bajos del continente (24 dólares mensuales), una economía bastante improductiva y una nomenclatura octogenaria, acostumbrada a no rendir cuentas de su proceder por más de cinco décadas, la corrupción se ha vuelto una práctica extendida y validada por amplias capas de la población que la ven en muchas ocasiones como el único modo de supervivencia.
De ahí la importancia de este dossier:poner en contexto el enorme daño que hace y hará a una futura democratización de la sociedad cubana este flagelo.
El periodista y analista cubano Carlos Alberto Montaner ha expuesto en su artículo "La corrupción y sus tres enormes daños" varios de los principales efectos nocivos de esta práctica en una sociedad que desee superar el subdesarrollo y consolidar su sistema democrático. "Primero: pudre la premisa esencial del Estado de Derecho desmintiendo el principio de que todos están sujetos a la autoridad de la ley. Si el político o el funcionario roban impunemente, o reciben coimas por otorgar favores, ¿por qué el ciudadano común va a pagar impuestos? ¿Qué le impide mentir o hacer trampas? La ley establece que es delito vender cocaína y también apoderarse de los bienes públicos. ¿Por qué no vender cocaína si otros desfalcan impunemente el tesoro nacional? ¿Por qué no asaltar un banco? ¿Qué diferencia moral hay entre robarles a todos o robarle a una empresa o a una persona específicamente?"
Montaner agrega: "Segundo: adultera y encarece todo el proceso económico. La economía de mercado está basada en la libre competencia. Se presume que los bienes y servicios compiten en precio y calidad. Es el consumidor final el que decide cuál empresa pierde o gana. Cuando un político o un funcionario favorecen a una empresa a cambio de una comisión, esta operación nonsancta fuerza al consumidor a seleccionar una opción peor y más cara, dado que el costo de la corrupción se agrega a los precios. Por otra parte, la corrupción elimina los incentivos para innovar y mejorar la calidad de lo ofertado, mientras reduce notablemente la productividad, que es la base del crecimiento".
Y concluye Montaner: "Tercero: destroza la estructura ideal de la meritocracia a que debe aspirar toda sociedad sana. Debilita la pasión por estudiar y frena el impulso de los emprendedores. En las sociedades corruptas prevalecen las conexiones personales. 'El que tiene padrinos se bautiza', es la consigna general. Los vínculos son más importantes que el esfuerzo por competir en un mercado abierto y libre. ¿Qué sentido tiene quemarse las pestañas estudiando cuando, para enriquecerse, basta pasarle un sobre bajo la mesa a un funcionario corrupto? ¿Para qué sudar y penar en el esfuerzo por crear una empresa exitosa, si para lograr el triunfo económico basta una combinación entre las relaciones personales y la falta de escrúpulos?"
Del daño causado por la corrupción y la posibilidad de que el sistema implosionara internamente habló de manera muy tardía el caudillo Fidel Castro en 2005, cuando expresó que el sistema podían destruirlo los "propios revolucionarios" debido a las extendidas prácticas de corrupción que existían por doquier. Desde su ascenso al poder, y en más de una alocución, su sucesor Raúl Castro ha llamado a combatir este mal al que, de modo erróneo, iguala con "la contrarrevolución".
Raúl Castro se refiere, obviamente, a las malas prácticas arraigadas en las empresas estatales y los grandes desfalcos de que estas han sido objeto por burócratas con acceso a bienes y recursos. Que esto suceda deja siempre muy mal parado el discurso duro del régimen y conlleva que los escándalos sean silenciados por la prensa oficial.
El General Presidente nunca hablará de la naturaleza corrupta de la elite militar cubana y el secretismo con que opera sus millonarios negocios. Por ahí comienza la corrupción en Cuba. Y la larga cadena termina con el simple ladrón que, aprovechándose de la crónica escasez de cualquier producto, revende en el mercado negro para sacar algún provecho.
¿De qué manera puede entorpecer la corrupción una futura transición hacia la democracia en la Isla? ¿Cómo se manifiesta en la actualidad cubana este dañino fenómeno? ¿Es la corrupción una actitud incorporada a nuestra idiosincrasia y, por lo tanto, imposible de extirpar? ¿Serán capaces las futuras generaciones de cubanos de crear instituciones transparentes que permitan una loable gestión pública? A esta y otras preguntas intentará acercarse este dossier para contribuir al debate sobre la futura democratización de Cuba.
Editor: Waldo Fernández Cuenca.
Subeditores: Alejandra Pomar Sánchez, Brandon Vargas, Juliette Isabel Fernández Estrada.
Fotos: Ana Paula Díaz.