María Werlau, presidenta de Free Society Project y directora de su programa Archivo Cuba, cree que "la dictadura cubana tiene un plan de sucesión dinástica" y que "es muy difícil que haya una reacción más masiva del ciudadano cubano contra el Gobierno".
En una entrevista con el sitio de noticias argentino Infobae.com, consideró que "es muy difícil (ese alzamiento popular) en un Estado policial donde todo el mundo es vigilado".
"Existen en Cuba levantamientos de personas que protestan pero son aplastados muy rápidamente porque hay tropas especiales, como las brigadas de acción rápida, personas vestidas de civil, que están para agredir", dijo a la publicación argentina.
Werlau no cree "que el cambio en Cuba realmente pudiera venir de abajo para arriba". Consideró que tiene que haber "un quiebre desde arriba, que haya un vacío de poder, y eso lleve a que la gente se manifieste, como en Alemania, y ello cause más inestabilidad…"
Podría producirse un vacío de poder con la desaparición física de Fidel y Raúl Castro, señaló, pero dijo que "ya tienen la sucesión muy bien montada y adelantada en manos de los tres hijos de Raúl Castro", que es una cuestión "dinástica".
En su opinión "le van a hacer un maquillaje al sistema" algo que dice "ya se está preparando", abriendo un poco las elecciones "a ciertos candidatos independientes, algunos de los cuales son agentes del mismo Gobierno preparados para esto".
"Pero está pactado ya; Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, ya tiene bajo su cargo el aparato de seguridad. El yerno de Raúl, esposo de Débora, la hija mayor, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, está al mando ya hace años de GAESA, que es el conglomerado militar de empresas; son cientos de empresas que controlan la economía, con las cuales hay que asociarse si uno quiere invertir en Cuba", explicó.
Sobre Mariela Castro, "a quien ellos han pasado años limpiando la imagen, presentándola como una defensora de los derechos LGBT —declaró Werlau—, es diputada de la Asamblea del Poder Popular y seguramente va a tener un cargo importante. O sea, tienen un plan de sucesión dinástica pero con una cara ligeramente distinta. Y por supuesto sin uniforme militar".
Propaganda y un sistema de influencia
Por otra parte, la directora de Archivo Cuba señaló que el Gobierno de Cuba "ha tenido casi seis décadas para dedicar una cantidad increíblemente masiva de recursos humanos y monetarios a la propaganda y a un sistema de influencia a través de su aparato de inteligencia que es uno de los mejores del mundo".
Sin embargo, se ha promovido "que aparezca como un régimen legítimo y aceptable aunque sea claramente una dictadura; de eso no se habla".
"Es curiosa la retórica de los políticos latinoamericanos", criticó. "Se puede decir que Venezuela es un sistema inaceptable, y sin embargo está claro que la dictadura venezolana o el sistema de gobierno autocrático, semiautocrático, o como quieran decir, no llega ni a los talones de la dictadura cubana", dijo.
"En Cuba muy rápidamente se creó un sistema de contrainteligencia, una policía política que vigila al ciudadano", añadió.
Para Werlau el Código Penal cubano dice todo para describir un régimen contrario a los principios de una democracia.
"La Constitución cubana sólo garantiza los derechos a los ciudadanos si es en la construcción del socialismo y del comunismo. O sea, no hay ningún derecho que el ciudadano tenga que no sea subordinado a eso y esa es una cuestión subjetiva", explicó.
"El Código Penal tiene decenas de delitos contra la seguridad del Estado —prosiguió—, habilitando el fusilamiento, la pena capital, para muchísimas de estas cosas. Tiene la aberración jurídica que llaman 'peligrosidad predelictiva', por la cual se calcula que hay miles de personas sirviendo prisión por este supuesto delito. Es un delito para Cuba pero una aberración para cualquier otro país".
"Entre otras cosas, hay artículos que prohíben la salida y la entrada al país de los ciudadanos sin autorización del gobierno, en amplia violación de principios fundamentales del derecho incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Sobre si el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana y la apertura económica pudieran llegar a incidir en el régimen para una apertura política, María Werlau cree que no.
"(El Gobierno de) Cuba ha estado abierto (…) a la inversión en turismo de países capitalistas occidentales desde el año 93 oficialmente, si no antes. Con la caída del subsidio soviético, Cuba se vio forzada a abrir al capitalismo a ciertos sectores; aunque son enclaves y en sociedad con el Gobierno. Hay más de 20 años de experiencia: las empresas que han entrado a Cuba, incluyendo las de este país, no han exigido condiciones de empoderamiento a los ciudadanos, empezando con cosas tan básicas como contratar a sus empleados directamente sin tener que hacerlo en una entidad del Estado y pagándole al Estado que confisca el 95 % del salario", explicó.
"Todo extranjero que haga negocio en Cuba tiene que contratar empresas del Estado cubano que le dicen usted debe escoger entre estas personas", añadió.
La directora de Archivo Cuba dijo que su proyecto se dedica a documentar muertes y desapariciones ocurridas desde 1952, de forma "concienzuda, sistemática" en una base de datos donde están las personas "que han podido documentar".
Según Werlau, "el régimen cubano ha ejecutado extrajudicialmente a niños, a muchísimos menores de edad, porque con sus padres intentaban dejar el país en una balsa". En tal sentido, criticó "que se le tolere eso a un Gobierno en una región de países civilizados".
En su registro —dijo— hay "todo tipo de víctimas del espectro político ideológico" pues la idea es "crear una cultura de la vida y tener en claro cuánto ha costado en vidas este proceso".
La activista de derechos humanos dijo a Infobae que en Cuba "presos de conciencia hay pocos, varias decenas. Por lo general son opositores o defensores de derechos humanos menos conocidos, de las provincias", continuó.
"Ya no dan sentencias muy largas sino que por lo general detienen por períodos cortos, sueltan, vuelven a coger, pero muchísimas veces. Hay presos que son políticos porque están cumpliendo pena por querer irse del país y quizás robaron una embarcación", precicó.
"Y está toda esa otra categoría de presos que tienen causas comunes, como la peligrosidad predelictiva" que en opinión de Werlau "automáticamente debería ser considerado un presidio político".