La Defensoría del Pueblo de la Unión Europea (EU) investigará la decisión del Servicio Europeo de Acción de Exterior (SEAE) de no divulgar el contenido del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación alcanzado con La Habana, según informó en una carta la Ombudsman Emily O'Reilly.
"He decidido abrir una investigación sobre la alegación y reclamación siguientes: El SEAE erróneamente decidió no revelar el documento. El SEAE debe divulgar el documento", dijo O'Reilly en su carta, dirigida a Erik Jennische, director del Programa América Latina de la organización Civil Rights Defenders, a la cual DIARIO DE CUBA ha tenido acceso.
Jennische ha denunciado en los últimos meses la negativa del SEAE a revelar al "público general" el contenido del tratado alcanzado con La Habana en marzo pasado.
En abril, el jefe de la División de Asuntos Parlamentarios del SEAE, Gabriele Visentin, respondió a una solicitud de Jennische que la divulgación "podría minar el proceso" y "perjudicar las relaciones entre la UE y Cuba".
La carta de la Ombudsman responde a una queja presentada por Jennische a la Defensoría del Pueblo.
"Con el fin de decidir si el SEAE debe ser invitado a dar una opinión sobre su queja, como un primer paso en mi consulta, llegué a la conclusión de que sería conveniente inspeccionar el documento", dijo la irlandesa O'Reilly.
"Por lo tanto, he informado al SEAE que mi oficina realizará una inspección del documento. Una copia del reporte de la inspección será enviada a usted a su debido tiempo", añadió.
La semana pasada, fuentes diplomáticas de la UE citadas por la agencia Europa Press dijeron que el bloque espera firmar antes de que acabe el año su acuerdo con La Habana para terminar de "normalizar relaciones".
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE tenían previsto "dar sus puntos de vista" sobre el acuerdo este lunes, durante una reunión en Bruselas, aunque no se esperaba "ningún debate para reabrir el texto" pactado con el Gobierno de Raúl Castro.
El Defensor del Pueblo Europeo es la persona a la que pueden dirigirse los ciudadanos de la Unión Europea para pedir la reparación de los daños causados por una mala administración dentro de las instituciones o de los organismos del bloque.