La organización Archivo Cuba acusó el sábado al Gobierno cubano de beneficiarse de "la venta de productos sanguíneos y partes corporales, la migración forzada, el trabajo forzado de presos y menores de edad y el tráfico sexual".
La directora ejecutiva de Archivo Cuba, Maria Werlau, precisó que el Estado cubano "es posiblemente el mayor y más rentable traficante de personas del mundo".
Con estas palabras Werlau testificó recientemente ante el Congreso de los Estados Unidos, detallando como el régimen administra el gigantesco negocio de tráfico humano a través de numerosas entidades estatales.
Durante décadas, según la organización, el régimen ha exportado sangre y productos sanguíneos particularmente a países aliados.
De acuerdo con estadísticas internacionales, disponibles a partir del 1995, estas ventas le proporcionan al régimen castrista un promedio anual de 30 millones de dólares.
"El negocio —indica Archivo Cuba— carece del consentimiento requerido de alrededor de 400.000 ciudadanos cubanos que anualmente donan su sangre, presionados en campañas masivas supuestamente altruistas a nivel nacional".
La organización ha lanzado una campaña en redes sociales para informar a la ciudadanía cubana sobre este asunto.
Asimismo, el comunicado informa que "el Gobierno cubano comenzó en el 2005 una exportación misteriosa a Brasil, durante el Gobierno de Lula da Silva, de tejidos humanos y otras glándulas y partes del cuerpo humano de origen desconocido".
Dichas ventas —prosigue— "crecieron muy rápidamente y llegaron a un máximo de 88,4 millones de dólares en el 2013. Mientras tanto, comenzaron a recibirse informes desde Cuba de muertes sospechosas y del saqueo de partes humanas de cadáveres que parecen sugerir la mano del Estado y merecen una seria investigación".
Según Archivo Cuba, "el Estado cubano tiene un rol directo o indirecto en varias otras formas de tráfico humano: la migración forzada o auspiciada por el Estado, el trabajo forzado de prisioneros y menores, y el tráfico sexual, incluyendo de menores de edad, con la complicidad del Estado para atraer turismo".
En Cuba no hay protección legal para las víctimas como tampoco derechos individuales o colectivos fuera de los que reconoce el Partido Comunista, recuerda. "Lo que es peor —subraya—, en muchos de los casos de tráfico humano la dictadura militar cuenta con cómplices, participantes y auspiciadores a nivel mundial, incluyendo grandes corporaciones y prestigiosas fundaciones, agencias internacionales y los principales gobiernos democráticos del mundo".
"Porque el victimario es —directa o indirectamente—el Estado cubano, las víctimas caen sistemáticamente y de manera desesperanzadora en un virtual agujero negro, desprovistos de escasa o nula atención mundial y protección o apoyo internacionales".
En el caso de los trabajadores forzados sirviendo al régimen en el exterior, especialmente algunos profesionales de la salud, obtienen asilo en los Estados Unidos bajo el programa de visas especiales (Cuban Medical Professional Parole Program), que existe desde el 2006, pero está siendo revisado por el Gobierno de Obama.