Con el título "Inversión extranjera, puntal para el desarrollo", el viernes 4 de marzo de 2016, el diario Granma publicó una conversación de los periodistas Sheyla Delgado y Oscar Sánchez con la funcionaria Déborah Rivas, del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
En el párrafo introductorio los periodistas cuentan que el profesor de negociación, Emilio Rodríguez Mañalich, solía decir en clases: "la oportunidad es un ave blanca que pasa volando delante de nuestros ojos una sola vez… Y, de no aprovecharla difícilmente podremos volver a verla". Y a continuación dicen ellos que: "Oportunidades, precisamente, han sido el fruto más inmediato de la Ley No. 118 de Inversión Extranjera en el país…".
Razón lleva el profesor Rodríguez Mañalich, pues el tiempo es un juez severo y las oportunidades rara vez se repiten. Lo que no dicen ni los periodistas ni la funcionaria es que las autoridades cubanas son las que más oportunidades han perdido y continúan perdiendo.
Ningún país, mucho menos los subdesarrollados, puede sustraerse al papel que desempeña la inversión extranjera. Su rechazo en Cuba se mantuvo antes y después del derrumbe del socialismo en Europa Oriental. A pesar de lo pocos resultados obtenidos con el Decreto-Ley 50 de 1982 y con la Ley 77 de 1995, se mantuvieron las restricciones, la ausencia de garantías y el tratamiento negativo, por cuya causa de unas 400 empresas mixtas que funcionaban en el año 2002 solo quedaron alrededor de 200. Sin embargo, hubo que esperar 20 años, incluyendo los pocos resultados de las reformas iniciadas en 2008, para proceder a su modificación.
Es necesario enfatizar que el estancamiento económico actual tiene su raíz en el proceso de estatización desarrollado entre las leyes de reforma agraria de mayo de 1959 y de octubre de 1963, con el cual la economía, al quedar subordinada a la ideología y la política, se desnaturalizó.
La nueva legislación, la Ley 118, aunque más flexible que la precedente, resulta insuficiente para remontar la crisis. Según las propias autoridades cubanas el país necesita de un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 5 y el 7%. Para lograr ese propósito se necesitan tasas de acumulación e inversión de no menos de un 25%, lo que requiere de un flujo anual de inversión del orden de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares.
El escenario emergente de la reanudación de las relaciones con EEUU constituye una gran oportunidad para dar el salto, pero será imposible sin la correspondiente voluntad política para hacerlo. La naturaleza y los fracasos cosechados por el actual modelo no admiten su actualización, se impone, pues, la sustitución.
En la presentación del Proyecto de Ley, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, dijo que la misma "tiene fuertes implicaciones políticas ya que constituye una actualización profunda del proceso de transformaciones que se desarrolló al inicio de la Revolución para poner los principales medios de producción en manos del Estado Revolucionario". Es decir, el intento declarado es regresar a la estatización que generó la ineficiencia económica, con lo cual el nuevo fracaso está garantizado.
Algunos de los obstáculos de la actual Ley 118 son los siguientes:
1- El Gobierno busca fuentes de financiamiento externa a la vez que niega el derecho a los cubanos a participar como inversionistas.
2- No reconoce la función social de la propiedad y no admite la propiedad privada. En su lugar declara que no permitirá su concentración en personas jurídicas o naturales.
3- Limita a los cubanos a un listado de actividades, llamadas trabajo por cuenta propia, restringida casi totalmente a servicios y sin personalidad jurídica.
4- Aunque brinda determinadas "garantías" a los inversionistas, la subordinación de los órganos judiciales al Partido y al Estado convierten al Gobierno en juez y parte, lo que pone en total desventaja al inversionista.
5- No permite la libre contratación de la fuerza de trabajo y deposita esa función una empresa estatal.
6- No reconoce la libertad sindical —derecho de trabajadores y patronos para fundar sindicatos sin autorización previa—, un principio consagrado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, regulada en el Convenio 87 de esa institución e incorporada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Europea de Derechos Humanos.
Esas, entre otras limitantes, impiden aprovechar la oportunidad que brinda el actual escenario, en el que EEUU ha comenzado a flexibilizar el embargo, mientras el Club de París y otros acreedores están renegociando la deuda cubana y condonando toda o una parte de ella.
En la conversación con Granma, al referirse al impacto de la Ley de Inversión Extranjera, la funcionaria explicó que: "El bloqueo de EEUU contra la Mayor de las Antillas sigue siendo el obstáculo fundamental para la atracción de capital extranjero". Esa afirmación esquiva una verdad. Si es cierto que no se ha modificado sustancialmente —entendiendo por ello la derogación del embargo—, no es menos cierto que ha sufrido importantes modificaciones. Antes del inicio de las negociaciones, EEUU realizó enmiendas en las normas de los Departamentos del Tesoro y del Comercio y ha puesto en vigor un paquete de medidas que ha debilitado el embargo e influido en el acercamiento de otras naciones para negociar con Cuba.
Si de pérdidas de oportunidades se trata, el Gobierno de Cuba debería implementar medidas para crear un escenario favorable a la eliminación del embargo. Tales medidas neutralizarían a las fuerzas que se oponen, fortalecerían al sector privado y facilitarían el surgimiento de una clase media, que tanto necesita nuestra economía.
Le corresponde, pues, al Gobierno cubano, aprovechar la oportunidad, no solo para la normalización de las relaciones con EEUU, sino para lo más importante: devolver a los cubanos los derechos y libertades secuestrados, sin lo cual no habrá resultados positivos.
La situación constituye una inaceptable violación de la Constitución vigente, que en su artículo 14 reza: "la economía se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción". Y una negación del concepto martiano que define la República como estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba; espacio de libertad para la expresión del pensamiento; de muchos pequeños propietarios.