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Política

Empresarios españoles incomodan al embajador cubano en Madrid al preguntar sobre los derechos laborales en la Isla

El diplomático elude contestar una cuestión sobre las reglas para la contratación de trabajadores en un acto sobre oportunidades de negocio.

Madrid

El embajador cubano en España, Eugenio Martínez, rechazó el martes explicar los detalles del mercado laboral de la Isla a las personas que acudieron a un diálogo sobre Cuba en Madrid, promovido por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. El encuentro buscaba promover las inversiones en la Isla sin cuestionar el actual régimen político cubano.

En un momento del encuentro, Martínez interrumpió a una persona del público que durante su intervención quiso hacer una reflexión sobre la situación del mercado laboral en la Isla donde actualmente el Estado es el único empleador.

Según explicó este miércoles a DIARIO DE CUBA el diputado del Partido Popular (PP) español Teófilo de Luis, que estuvo en la cita, el embajador cubano señaló que las condiciones de contratación de los trabajadores cubanos se explicarían particularmente a los empresarios interesados en invertir y que no iba a explicarlas en ese encuentro.

De Luis aseguró que el apunte sobre las condiciones laborales de los trabajadores parece que resultó incómodo para el embajador cubano, hasta tal punto que interrumpió en dos ocasiones a la persona que planteó la cuestión. "Demostró  falta de pericia democrática", señaló De Luis.

El diputado español cree que este es un flanco por el que se puede provocar nerviosismo en el Gobierno cubano porque "ni tan siquiera pueden ampararse en su Constitución, que reconoce al trabajador cubano el derecho a reunirse".

El encuentro organizado por Zapatero y Moratinos confirma al diputado popular que se debe seguir reclamando cambios políticos al régimen de La Habana, dado que la situación actual solo conduce a legitimar la "semiexplotación" laboral de los cubanos por parte del régimen.

"Hoy las empresas que invierten en Cuba deben recurrir a una empresa colocadora estatal, que determina las condiciones de trabajo; el empresario no puede determinar el sueldo, las prestaciones sociales, ni las primas a la productividad, con lo cual si hay una reactivación económica no puede premiar con una mejor retribución al que mejor trabaja", lamentó De Luis.

Para el diputado popular "todo este lío tiene que saltar por los aires, hablando en términos de modelo económico". En ese sentido, dijo que el mercado de trabajo "tiene que permitir que los trabajadores se asocien y defiendan sus intereses, que las empresas tengan la libertad de contratar libremente, y el trabajador de establecer un diálogo con quien paga".

En caso contrario, señaló De Luis, se estaría permitiendo al Estado cubano condenar a los trabajadores de la Isla a  una situación de "semiexplotación" laboral que "no puede ser".

"Si eso es así —reiteró De Luis— los que creemos en la libertad y el respeto a los derechos humanos tenemos que denunciar que es una explotación encubierta de la mano de obra en Cuba".

El diputado español considera que en este terreno hay una posible línea de trabajo para "retorcer un poco la inmovilidad de los dictadores". Las empresas decididas a invertir tienen que ser conscientes de que si se las vincula con algún tipo de explotación laboral su reputación de marca se puede ver afectada ante los consumidores responsables.

Por otro lado, De Luis señaló que en el encuentro en Madrid vio que "las ofertas de oportunidades de negocio" que ofrece el Gobierno cubano "no son tan atractivas y que el público no tiene perfil de empresario con músculo gordo". En todo caso, advirtió sobre cuestiones de seguridad jurídica, todavía no resueltas, y la falta de transparencia en la Isla, que deben generar recelo entre los posibles inversionistas.

De Luis explicó además que en el congreso del Partido Popular Europeo, que se celebra en Madrid, su compañero de partido Antonio López-Istúriz hizo referencia este miércoles a una resolución —no aprobada por error en la tramitación— que defendía la protección de los derechos de los trabajadores cubanos. El texto de la resolución fue sometido a la opinión de organizaciones opositoras en Cuba que lo apoyaron.

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