En Cuba existe un mito según el cual no hay racismo porque "todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis feliz".
Sin embargo, la realidad muestra que la invisibilización aumenta y se perpetúa la concepción de las "democracias raciales".
La invisibilización de las necesidades de los afrodescendientes, sumada a la continuidad de estereotipos y prejuicios, contribuye a perpetuar situaciones históricas de segregación y exclusión, racismo y discriminación racial. En particular las mujeres afrodescendientes enfrentan importantes obstáculos para el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.
En la Isla, según datos oficiales, los hombres y mujeres de origen africano constituyen una minoría. Sin embargo, la percepción general es que la información oficial no refleja la realidad en cuanto al equilibrio de razas.
En el Censo realizado en 2002, la población cubana ascendía a 11.177.743 habitantes. De estos, el 65% fue catalogado de blanco, el 10,1% de negro y el 24,9% de mestizo. En 2012 los negros disminuyeron: los hombres en un nueve por ciento y las mujeres en un ocho. El Estado reconoce que esta tendencia a la disminución se aprecia desde 1981, momento en que los negros constituían un 12% de la población. Actualmente son el 9,26%.
Hasta la fecha no existe información oficial que explique esta tendencia. Los motivos pueden ser varios. El primero estaría relacionado con la autoidentificación. No existe la variable "afrodescendencia" como categoría censal. Tampoco preguntas que permitan identificar la ascendencia y pertenencia de la población afrodescendiente.
Los datos oficiales no distinguen entre la etnia y la raza. Están enfocados en la identificación personal, basada en el "color de la piel", que fomenta las desigualdades sociales.
Los encuestadores actúan directamente según su propio criterio y sin preguntar a los entrevistados, por considerar la cuestión poco importante u "ofensiva". No tienen en cuenta el impacto del color de la piel en las respuestas.
Al mismo tiempo, el Estado no desarrolla campañas de concientización y capacitación sobre las categorías de autoidentificación, que incentiven a la población afrodescendiente a autoidentificarse, ni sensibiliza a los encuestadores en este tema.
Respecto al color de la piel, en los censos se ofrece información solamente sobre el sexo, la edad, estado civil, zona de residencia y población activa o no económicamente.
Es imposible saber por los datos del último censo, qué porciento de profesionales en el país son negros, en qué región, provincias, municipios y barrios están concentrados.
Las cifras son fundamentales; visibilizan la situación y constituyen una forma de reconocimiento frente a los otros. Permiten el diseño y adopción de políticas públicas teniendo en cuenta necesidades concretas. Sin datos confiables, sin indicadores y mediciones periódicas, es imposible tomar decisiones políticas destinadas a enfrentar el problema de la discriminación.
La tendencia actual es que la población mestiza aumente. Entre 1981 y 2012, lo hizo un 4,62%, mientras la negra disminuyó en un 2,74% y la blanca en un 1,88%.
Perfiles raciales
¿Cómo identificar perfiles raciales y el sesgo racial en el sistema de justicia criminal, y estrategias para eliminarlos, como mecanismo selectivo y discrecional de detención e investigación, que en Cuba continúa siendo una práctica extendida y afecta directamente a la población afrodescendiente?
La práctica de racial profiling o establecimiento de perfiles raciales como una "acción represora" se adopta por supuestas razones de seguridad o protección pública y está basada en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en sospechas objetivas. Esta práctica tiende a singularizar de manera discriminatoria a individuos o grupos con base en la errónea suposición de la propensión de las personas con tales características a la práctica de determinado tipo de delitos.
El establecimiento de perfiles raciales comprende la práctica de los agentes de policía y otros encargados de hacer cumplir la ley, de basarse en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si realizan actividades delictivas.
La población afrodescendiente es más susceptible de ser sospechosa, perseguida, procesada y condenada. Es común la detención selectiva de personas de piel oscura a partir de la utilización de perfiles raciales, vigilancia policial injustificada e interacciones negativas con la policía, así como tasas de arrestos desproporcionadas y sobrerrepresentación de personas de origen africano en el sistema de justicia penal.
A lo anterior contribuye la falta de información al respecto por parte las personas detenidas por la policía (y falta de autoidentificación), y que cuanto mayor es la discrecionalidad del agente, mayor es la utilización de estereotipos.
Las personas de piel oscura, especialmente jóvenes, invierten importantes sumas de dinero en su apariencia y vestimenta, con el objeto de evitar interacciones negativas con las agencias de seguridad. Estas ejercen un control más intenso sobre ellas que sobre personas de piel blanca, mediante el requerimiento de documentos de identificación y la realización de requisas, principalmente por el establecimiento del perfil del "individuo sospechoso", generalmente joven del sexo masculino y afrodescendiente.
La policía mantiene la noción de "individuo sospechoso" y utiliza categorías construidas en base a la "intuición", la "experiencia", el "olfato" o "el porte de cara". También existe el etiquetamiento según el cual las duras condiciones de vida que deben afrontar las personas negras, les haría más proclives a cometer delitos, principalmente delitos contra la propiedad.
Acceso a la justicia
La ausencia de mecanismos de denuncia, garantías judiciales, reparación, y la falta de sensibilidad de los operadores de justicia (ya sean administrativos o judiciales) en relación con la discriminación racial, contribuye a la persistencia del racismo en la Isla, profundiza la resignación por parte de los grupos discriminados y perpetúa patrones de segregación y exclusión.
El Gobierno no reporta denuncias o casos de discriminación. Esto demuestra la falta de conocimiento de sus derechos por parte de las víctimas, su falta de confianza en la policía y/o autoridades judiciales, y la falta de atención o sensibilidad por parte de las autoridades judiciales hacia situaciones de discriminación
Esta ausencia de registros de discriminación racial evidencia que tales casos no llegan a conocimiento de la justicia, ni han sido tratados por los tribunales, y denotan los obstáculos en el acceso a la ley y la ausencia de garantías judiciales efectivas para la población de piel oscura. Es común que las autoridades utilicen manifestaciones improcedentes y discriminatorias contra estas personas.
En materia de agravios y comentarios discriminatorios, existe una tolerancia total en los medios de comunicación y centros recreativos, donde se usa y abusa de los "chistes de negros", bromas y comentarios racistas.
No existe una vía judicial para su protección, como consecuencia de un proceso de "resignación frente a la injusticia, histórica y endémica", ya que "no existe una devolución de los procesos de denuncia que implique un fallo al denunciante".
En la falta de confianza de las personas afrodescendientes en el sistema de justicia, influyen los obstáculos en el acceso a los tribunales para el impulso de causas por el delito de racismo: el insulto racista, sin estar encuadrado en la ley, queda impune en la mayoría de los casos.
En general, la policía se niega a recibir y asentar este tipo de reclamos, por considerarlos poco relevantes. Existen además cuestiones de dificultad probatoria y falta de investigación adecuada, falta de tipificación o adecuación normativa.
La misma actitud se replica a nivel judicial, en la medida en que las autoridades judiciales no tramitan de oficio denuncias de discriminación, ni se encuentran dispuestas a recibir este tipo de denuncias.
Situación de la mujer afrodescendiente
La situación de racismo en Cuba afecta de manera especial a las mujeres afrodescendientes, que históricamente han sufrido una triple discriminación en base a su sexo, su pobreza extrema y su raza. Aunque esta es una realidad presente a lo largo de la historia de nuestro país, durante los últimos 50 años se enterró bajo una supuesta equidad. Las necesidades especiales de las mujeres negras —unidas de manera indivisible a otros factores como la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género— han sido totalmente ignoradas a la hora de adoptar políticas estatales, alimentando formas contemporáneas de racismo y prejuicio racial en la sociedad.
Esta discriminación afecta de manera especial a las mujeres afrodescendientes. Las estadísticas demuestran que son aún más pobres y tienen menores posibilidades de acceso a vivienda, salud y educación que los hombres blancos, los afrodescendientes y las mujeres no afrodescendientes, y que poseen aún menos posibilidades laborales y de participación política.
La comunidad afrodescendiente en su conjunto vive en las regiones más pobres, pero el peso de la discriminación es aún mayor para las mujeres de ascendencia africana debido a que sus múltiples papeles, tanto dentro como fuera del hogar, no se reflejan adecuadamente en su posición social, en su empleo y en su salario. En comparación con el resto de las mujeres se encuentran notoriamente subrepresentadas en las instancias de decisión, de manera que "en la esfera política, solo un minúsculo número de mujeres afrodescendientes ha logrado obtener posiciones de poder".
No existen estudios que contrasten la situación entre las mujeres blancas y las mujeres afrodescendientes.
Casos concretos
Laura Masa: mujer afrodescendiente de 50 años, madre a cargo de un hijo con esquizofrenia paranoide. Reside en el reparto El Morado, municipio La Lisa, provincia La Habana, desde 1990. Su casa, en pésimo estado constructivo, tiene paredes de madera, piso de tierra y techo de fibrocemento; está compuesta de una habitación múltiple (dormitorio y cocina) sin servicio sanitario, en estado de deterioro con peligro de derrumbe.
Las autoridades conocen su situación y recomiendan la construcción de una vivienda desde la fase de inicio para evitar accidentes. Han trascurridos 25 años de sus reclamos de ayuda al Estado. En agosto de 2014, Masa solicita a las autoridades que la reconozcan como propietaria del terreno que ocupa y la beneficien con un subsidio para construir. Hasta el momento no ha recibido respuesta y su caso empeora. El servicio de agua potable le es denegado por no poseer la propiedad de su inmueble.
Yurliani Tamayo Martínez: mujer afrodescendiente de 33 años, madre de dos niñas. Vive en una escuela con peligro de derrumbe, en el municipio 10 de Octubre, sin instalación hidráulica ni sanitaria, con filtraciones, tuberías albañales rotas, ratas, cucarachas y mosquitos. Escribe a las autoridades, pero no hay viviendas disponibles y por lo visto existen casos peores.
En 2010, un día después de pasar el ciclón Gustav, penetra en una vivienda cuyos moradores han abandonado el país. Funcionarios y policías intentan sacarla bajo amenazas de agresión física, "por los pelos y a patadas". El acoso continúa, Tamayo Martínez teme que al salir a la calle, tomen por la fuerzas a sus niñas para forzarla a entregar la vivienda.
El 9 de abril del 2010, a las 4:00 am, duerme con sus hijas de cuatro y un año respectivamente. Un estruendo asusta a la más pequeña. Comienzan a gritar. Han cortado la electricidad. Un hombre le dice, "abre que es tu primo Noslen", pero ella no tiene ningún familiar con ese nombre. Toma a las pequeñas en brazos. En vano intenta impedir con su cuerpo que derriben la puerta.
Por el balcón entran dos policías uniformados. Un hombre vestido de civil la arrastra por un pie, mientras los otros permiten la entrada de una oficial que le arranca de los brazos a sus niñas, a pesar de los gritos. La sacan por los pelos. Tras ser inmovilizada, Tamayo Martínez no puede ver, pero siente un pie presionando su cabeza mientras le gritan obscenidades. Una mano le aprieta el rostro. Instintivamente muerde un dedo. De un puñetazo le aflojan un diente.
La levantan del piso por las esposas y la sacan junto a sus hijas al pasillo, en paños menores y descalzas. Las bajan por las escaleras y la montan a ella en el auto patrullero. La mujer policía junto la abofetea mientras la ofende. Arrancan a toda velocidad, pero un centenar de metros después se acuerdan de que han dejado a las niñas semidesnudas en la frialdad de la madrugada. Regresan. Las toman rápidamente y las lanzan dentro del auto. Una cae con los bracitos hacia atrás y la otra boca abajo. Gritan entre llantos, reclaman a su madre mientras la oficial les dice "están presas".
Después de 12 horas las llevan al médico. La mayor de las niñas y Tamayo Martínez tienen contusiones. Como no tienen adonde ir, amenazan a Tamayo Martínez con llevar las niñas a un hogar sin amparo filial y a ella, a una prisión. Su familia tiene que responsabilizarse por ellas. Regresan al hospital al siguiente día. El ortopédico diagnostica una fractura en el codo y una contusión en el hombro. Continúan los dolores, una fractura en la segunda vértebra de la unión de la columna con la cervical pone en peligro su vida.
Yaumara Brown Surit: mujer afrodescendiente de 33 años. El 7 septiembre a las seis de la mañana es desalojada por funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda acompañados de la Policía Nacional. Rompen la puerta a punta de pie y la desalojan con sus dos pequeños hijos. Hay violencia y malos tratos por parte de las funcionarias estatales actuantes. Brown Suri resulta detenida junto a los niños, Sheyla y Maykel Valdivia Brown, de 11 y cuatro años de edad, que presencian la arbitrariedad de los funcionarios de Vivienda y la Policía.Ahora Sheyla no quiere salir a jugar por temor a dejar a su mamá y que algo suceda; presenta síntomas de regresión, se despierta asustada y con pesadillas, pierde el control del esfínter vesical, recibe tratamiento psiquiátrico por trastorno adaptativo ansioso.
Niurka Pérez Carbó, mujer afrodescendiente de 60 años, con cardiopatía isquémica, madre de un recluso. El 18 de noviembre de 2013 es agredida en la propia estación policial al intentar impedir la detención de su hijo. El carpeta la agrede con el dorso de la mano, más tarde se suman varios policías. La empujan, la halan de los pelos y los brazos, la golpean en los senos y el cuello y le dan patadas. Una agente le aplica una técnica en el brazo izquierdo y le provoca la fractura de cabeza del radio.
María Isabel Rodríguez, madre de un recluso que desde su adolescencia ha sido blanco de vigilancia policial injustificada, debido a que varios miembros de su familia han sido juzgados. Su hijo es procesado por peligrosidad predelictiva, por conducta antisocial, a ir directo del trabajo a la casa durante tres años. La autoridad policial local, insatisfecha, continuó acosándolo.
María Isabel Rodríguez le dice al oficial que es un mentiroso y está faltando a la ética profesional. Este alega que su hijo le ha dicho corrupto y resulta detenido. Ella lo acompaña, y asume la responsabilidad, pero su hijo se autoinculpa y pide que dejaen tranquila a su madre. Entonces es trasladado a un calabozo por dos agentes.
María Isabel Rodríguez trata de impedir que se lo lleven cuando el capitán Jorge Luis le da un piñazo por el pecho, diciéndole que se calle la boca, y el Jefe de Sector le a otro golpe en el mismo lugar. Ella pregunta por qué le pegan, si ha dicho la verdad, que el Jefe de Sector es un corrupto. Es entonces cuando le levantan una denuncia por desacato. Ella no quiere firmar y le toman la mano a la fuerza y marcan su huella dactilar en el acta. Le ponen a su hijo 1.000 pesos de fianza. Ella también quiere hacer una denuncia contra el Jefe de Sector por tanta amenaza, pero una oficial le pregunta si está loca: "cómo voy a levantar una denuncia contra nosotros mismos".
Mujer, negra, pobre y… disidente
Los disidentes, según el Gobierno, son personas de bajo nivel. Pero si se trata de una mujer afrodescendiente, entonces es conflictiva, grosera, vulgar e irrespetuosa de las autoridades. Madelaine Lázara Caraballo Betancourt, de 45 años de edad, y Sonia Garro Alfonso, de 39, mujeres negras y disidentes, fueron procesadas penalmente. Ambas residen en zonas donde predomina la población afrodescendiente.
En ambos casos, al momento de la detención las autoridades emplearon una fuerza excesiva. Ambas mujeres fueron caracterizadas como "guaposas, problemáticas", que se reunían con personas de pésima conducta social, para "manifestarse en contra del Gobierno". Con el objetivo de estigmatizarlas, contextualizaron los hechos literalmente con frases obscenas y lenguaje que no se emplea generalmente en las conclusiones provisionales de los fiscales.
Por su parte, Madelaine Lázara Caraballo Betancourt, portadora de VIH-SIDA, fue juzgada por Desorden Público, Desobediencia y Resistencia. En la tarde del primero de octubre de 2012, trató de impedir el desalojo de su familia. Su hija, con sus nietos menores de edad, habían penetrado en una ciudadela abandonada e inhabitable, en la Habana Vieja. Según las autoridades, ella comenzó a gritar obscenidades y lanzó una escupida que "impactó el pecho" de un oficial. Se aferró a una reja en la entrada de la edificación. Los agentes la separaron a golpes, provocándole un traumatismo en el hombro izquierdo. Madeleine cumplió casi dos años de prisión en el centro Penitenciario de San José de Las Lajas, Provincia Mayabeque, para portadores de VIH-SIDA.
Referencias
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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (2 de noviembre de 2011). Informes periódicos 14º a 18º de Cuba-Acta resumida de la 2055ª sesión. Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación). Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.
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Pérez, L. V. (7 de agosto de 2013). Conclusiones Provisionales del Fiscal contra Sonia garro Alfonso. La Habana, Cuba.
Sentencia No. 415 , Causa No. 2018/2010 seguida por los delitos de Atentado contra Yurleany Tamayo Martínez (Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial de la Habana 30 de septiembre de 2010).
YEG, L. (21 de junio de 2010). Conclusiones Provisionales del Fiscal contra Yurleanis Tamayo. La Habana, Cuba.