A solicitud de DIARIO DE CUBA, cinco analistas comentan las posibles repercusiones migratorias tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington.
1. ¿Está en peligro la Ley de Ajuste Cubano? ¿Por qué?
2. ¿Qué posibilidades existen de que bajen los precios de los pasajes aéreos y otros trámites migratorios o consulares tras la normalización de relaciones?
3. ¿Deberían ambos Gobiernos extender su red de consulados fuera de Washington y La Habana? ¿Veremos un consulado cubano en Miami a medio plazo?
Tomás Bilbao, director ejecutivo de Cuba Study Group, EEUU:
Los pasos tomados por el presidente Barack Obama no alteran de ninguna manera la Ley de Ajuste Cubano. El único reto a su permanencia viene de representantes de origen cubano en el Congreso de EEUU, quienes se han pronunciando a favor de su eliminación. En una encuesta reciente, elaborada por Florida International University, el 86% de los cubanoamericanos en el sur de la Florida favorecen la continuación de la Ley de Ajuste. Incluso en la generación que salió de Cuba entre 1959 y 1964, solo el 36% favorece su eliminación, mientras que el 64% se opone.
Los precios de los pasajes aéreos y otros trámites migratorios o consulares dependerán, en gran parte, de la oferta y la demanda. Mientras las aerolíneas respondan a un incremento en demanda con más vuelos, los precios se mantendrán o bajarán. Si, sin embargo, los gobiernos de EEUU o Cuba entorpecen el incremento en vuelos entre los dos países, serán los viajeros quienes pagarán esa intransigencia. Igualmente, los trámites migratorios dependerán de ambos gobiernos. Esperamos que ambos tomen todos los pasos posible para facilitar, acelerar y hacer más económicos los trámites consulares.
La extensión de la red de consulados será una decisión de cada gobierno, en la medida en que ellos identifiquen una necesidad de servir a sus ciudadanos en otras áreas fuera de las capitales.
Lincoln Díaz-Balart, abogado, excongresista de EEUU:
En la práctica, el futuro de la Ley de Ajuste Cubano y del embargo de Estados Unidos contra la dictadura (que, a pesar de la impresión creada por el presidente Obama, sigue en pie) está en manos de los congresistas cubanoamericanos (tres senadores y cinco representantes). Debido a la absoluta unidad existente entre los congresistas cubanoamericanos sobre Cuba y el respeto del que disfrutan entre sus colegas, el liderazgo del Senado y la Cámara de Representantes seguirá sus orientaciones sobre los temas cubanos.
No sé hasta cuándo continuarán apoyando la Ley de Ajuste los congresistas cubanoamericanos. Sí sé que continuarán exigiendo que se cumplan las tres condiciones existentes en la ley antes de que se pueda levantar el embargo (o sea, autorizar el financiamiento, las inversiones y el turismo masivo de Estados Unidos). Es importante recordar esas tres condiciones existentes en la ley antes que ningún presidente pueda levantar el embargo: la liberación de todos los presos políticos; la legalización de todos los partidos políticos, la prensa y los sindicatos independientes; y la convocatoria de elecciones pluripartidistas.
Sobre las sedes, seguramente la dictadura está deseosa de extender su red de espionaje en Estados Unidos con consulados en numerosas ciudades. No tengo conocimiento de los pormenores de las discusiones sobre ese tema entre la administración Obama y la dictadura.
Ernesto Gutiérrez Tamargo, abogado y presidente de la Asociación Cubano-Española de Derecho, España:
La Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act, de 1966. Por sus siglas en inglés, CAA) no está en peligro de que se pueda derogar a priori por un acto presidencial. Esencialmente, es una Ley de Derecho Público (Public Law 89-732/1966, que fue aprobada por el 89º Congreso de EEUU y con rango de Ley Federal). Al tener el rango público antes dicho y ser de interés general —a diferencia de las Private Law—, debe ser solo enmendada, revisada o revocada por el Congreso de Estados Unidos de América.
La Ley de Ajuste no tiene "cláusula democrática", a diferencia de la Helms-Burton de 1996, actual Ley del Embargo, que establece que para ser revocada debe ser previamente aprobada por el Congreso de EEUU y, antes de ser presentada por el presidente norteamericano, debe existir un gobierno de transición democrático en Cuba.
Pese a ello, la CAA ha de pasar por el control legislativo para su revisión. Asimismo, la CAA no está vinculada a ningún tipo de acuerdo o relación diplomática entre EEUU y Cuba, sino que solo establece como requisitos para otorgar la Tarjeta de Residencia Permanente en EEUU, a discreción del Fiscal General norteamericano, a aquellos nacidos en Cuba o ciudadanos cubanos que: a) han estado físicamente presentes en EEUU durante al menos un año; b) han sido admitidos o concedido permiso de entrada (la llamada paroled); y c) son admisibles como inmigrantes (aun cuando no cumplan los cubanos los requisitos de la Sección 245, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, relativos a los topes de inmigrantes).
Evidentemente, si bien la CAA tiene rango normativo autónomo, sí está, de un modo soslayado, vinculada a la situación de vigencia del embargo norteamericano a Cuba, el cual se encuentra condicionado al carácter dictatorial imperante en la Isla, que es el que provoca la situación de refugiados e inmigrantes cubanos hacia EEUU.
En cuanto a los pasajes aéreos y otros asuntos migratorios, parece lógico, al menos sería deseable, que los precios y costes de los trámites consulares mejoren en beneficio de los consumidores, y es posible que bajen ante una normalización diplomática entre Cuba y EEUU.
Los consulados son parte de los asuntos de Derecho Internacional Privado que atañe a personas físicas y/o empresas sin rango de soberanía (no es territorio de la bandera que lo precede) con intereses y/o vínculos entre súbditos o entidades de dos Estados con relaciones comerciales o no. Por ello, podría ser lógico que, de existir relaciones diplomáticas, se amplíe la red de consulados.
Un consulado cubano en Miami formaría parte de la normalización antes dicha, facilitaría muchos trámites privados, y el personal que Cuba designe debería ser ante todo profesional, técnico, respetuoso y no político.
María Isabel Alfonso, directora de Cuban Americans for Engagement (CAFE), EEUU:
La Ley de Ajuste Cubano surgió como resultado de una dinámica de anomalías en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y cuenta actualmente con el apoyo de una gran parte de la comunidad cubanoamericana. El mayor peligro para la misma son los senadores y congresistas cubanoamericanos, quienes están cuestionando la llegada de cubanos que, aunque piensan de manera diferente sobre el gobierno cubano, tienden a coincidir en su deseo de seguir conectados con su país de origen y mejorar la situación de los que viven en la Isla, independientemente de quién la gobierne. Muchos se benefician de la Ley y es entendible entonces que esa mayoría esté de acuerdo con que continúe en vigor, por lo menos hasta que toda la política de hostilidad sea desmantelada.
Dentro de la nueva dinámica de relaciones Cuba-EEUU que se está dibujando hoy, hay que valorar cuáles serían las repercusiones de la misma. Es cierto que la Ley ha sido un agravante, en gran medida, a las relaciones entre los dos gobiernos. Sin embargo, a los efectos de Cuba, es predecible que los que ahora se benefician de la ley, contribuyan de una manera más práctica, rápida y directa a un impulsar una nueva dinámica económica en la Isla, teniendo en cuenta el nuevo marco de relaciones trazado por el presidente Barack Obama.
Menos controversial es el tema de la implementación de la ley de pies secos y pies mojados. Esa aplicación favorece los intentos desesperados de llegar a territorio norteamericano en acciones riesgosas y pone en riesgo de manera directa la estabilidad de las relaciones bilaterales. Quizás una solución pragmática sería que Cuba y EEUU complementen la Ley, sin derogarla, con un acuerdo para la lucha común contra el tráfico ilegal de personas.
CAFE ha trabajado en proponer una Ley de Defensa de los Viajes Familiares, para que nunca más se les ocurra a los congresistas pro-embargo meterse con nuestros derechos a visitar a nuestros familiares, no importa las razones que tengan para querer evitar un flujo de dinero a Cuba. Familia es familia. Si mal estuvo que el gobierno cubano no dejara a Celia Cruz regresar a Cuba al funeral de su madre en 1962, igualmente inhumano y condenable fueron las regulaciones de Bush contra los viajes familiares propuestas por los Rubio, Díaz-Balart, Ros-Lehtinen y ahora el Sr. Curbelo.
En cuanto a la reducción de los precios de los pasajes aéreos y otros trámites, no va a pasar naturalmente, hay que luchar por ese objetivo. Existen grupos, tanto en el gobierno cubano como entre los emigrados, que han desarrollado intereses alrededor de esos altos precios. Hay que actuar con prontitud en ese sentido y crear condiciones para que no se justifique de ninguna forma posible ese abuso que se comete con los emigrados. En CAFE abogamos porque se elimine la prohibición de viajar a Cuba para que todos lo podamos hacer comercialmente, y así en un ambiente competitivo desde varias ciudades estadounidenses será más fácil y más barato.
En el caso de los pasaportes, haya bloqueo o no haya bloqueo, los precios que se cobran son exorbitantes. Según el propio Granma, el precio de $100 (según la equivalencia con el CUC) es el tercero más caro de América Latina para un pasaporte. Pero al artículo se le olvidó mencionar que a los que vivimos en EEUU nos cobran $375, es decir más de tres veces ese costo. ¿Bajo qué principio jurídico se nos cobra un precio a unos ciudadanos, diferente a los demás, según el lugar donde vivimos? Son cosas que habrá que seguir conversando y cambiando. Hasta ahora, una dinámica de diálogo cordial con la Sección de Intereses de Cuba en Washington ha demostrado que los cambios son posibles.
Necesitamos consulados, y no solo en Miami. Abrir consulados en varias ciudades de EEUU debe contribuir a que se haga normal la relación con Cuba entre los emigrados cubanos y los norteamericanos en general. Se pueden usar esos consulados para hacer presentaciones sobre las posibilidades de negocios, de intercambio educacional, de visitas religiosas y humanitarias, artístico-cultural con Cuba. Todo eso serviría para acabar de socavar el embargo/bloqueo y ampliar la base económica y política en EEUU, para los que queremos acabar de una vez y para siempre con esa política de subordinación plattista articulada en Washington, y heredera de las peores tradiciones imperiales.
Wilfredo O. Allen, abogado de inmigración de Miami, EEUU:
La Ley de Ajuste Cubano no está en peligro en este momento por varias razones. Se puede resumir de la siguiente forma:
-El gobierno norteamericano otorga 20.000 visas a Cuba a través de reunificación familiar. Estas personas ingresan en Estados Unidos con un parole que les permite ajustar status un año y un día después, bajo el ajuste cubano. Si no fuera así, las 20.000 visas cubanas acabarían con visas al resto del mundo.
-El ajuste cubano fue derogado por la reforma migratoria de 1996, pero continúa en vigor hasta que el presidente norteamericano le declare al Congreso que Cuba tiene un gobierno electo democrático y transparente. No creo que eso ha ocurrido, ni va a ocurrir en un futuro cercano.
-Ni Cuba ni Estados Unidos tienen interés en que la inmigración entre ambos países se reduzca en este momento, incluyendo la inmigración ilegal.
Los precios de los trámites y pasajes depende solamente de Cuba, y no creo que tenga interés en rebajarlos. Sí deberían expandir los consulados. No creo que lo veremos en Miami, pero seguro en Nueva York y posiblemente en Tampa.