Un título tan cursi podría parecer sacado de la más mediocre novela negra, sin embargo, se refiere a hechos reales: el restaurante La Divina Pastora, perteneciente a la corporación Gaviota, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), enclavado en áreas del Parque Histórico Morro-Cabaña, en La Habana, ha sido cerrado para iniciar un proceso de licitación. Sus trabajadores han quedado "disponibles" en la "bolsa de trabajo", en espera de una futura "reubicación". Son las nuevas víctimas de otra conjura de la mafia verdeolivo.
Ninguno de ellos vio venir el golpe. Frustrados y profundamente preocupados por la pérdida de sus ingresos y la angustia del desempleo, los 23 trabajadores han dirigido cartas de reclamación a diferentes instancias, incluyendo el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Hasta el momento no han recibido respuestas.
No obstante, muchos de ellos se resisten a asimilar lo ocurrido, sin comprender que la conspiración estaba cuidadosamente planificada en detalle por los jerarcas de uniforme. Hay quienes, ingenuamente, creen que todavía hay esperanzas de solución. Pero la suya es una batalla perdida: desde un principio la suerte estaba echada y su destino sellado. Los intereses económicos de la cúpula militar no se detendrían por nimiedades tales como respetar los trabajos de un puñado de individuos perfectamente prescindibles.
La conjura
Meses atrás comenzó a rumorearse que La Divina Pastora estaría entre los restaurantes que formarían parte del experimento piloto de las cooperativas no agropecuarias que se proponía desarrollar el Gobierno, inmerso en sus controvertidas "reformas". En un inicio, los trabajadores se preocuparon ante la posibilidad de que esto provocara un plan de despidos para lograr una mayor rentabilidad y eficiencia, propias de una empresa cooperativa; pero bien pronto se entusiasmaron ante la perspectiva de trabajar de manera autónoma e incrementar los ingresos personales, incluso sin incurrir en el riesgo de las ilegalidades que pululan en todos los establecimientos estatales, en particular los que operan con moneda convertible, como es el caso.
Para mayor ventura, "desde arriba" se les aseguró que no habría despidos. Esto disipó las reservas iniciales y provocó las expectativas de los que pensaban que sería un nuevo y ventajoso comienzo en un restaurante de posición privilegiada, justo a la entrada de la bahía de La Habana, en la fortaleza de La Cabaña, al otro lado de la ciudad: una vista panorámica de la capital y una plaza frecuentada por numerosos turistas extranjeros.
La primera sorpresa sobrevino cuando en una Mesa Redonda de la TV, dedicada al tema, un periodista declaró que "los trabajadores de La Divina Pastora" no querían cooperativizarse. Atónitos ante semejante calumnia, éstos escribieron al programa, reclamaron al Instituto de Radio y Televisión y elevaron su queja por escrito a las más diversas instancias. Los medios oficiales no rectificaron el error y con el paso de los días incorporaron el incidente como un pequeño desliz involuntario, quizás debido a una desinformación o confusión de los responsables del programa.
Poco después el presidente de la corporación Gaviota, en persona, se presentó conciliadora y paternalmente en el restaurante ante los trabajadores y, entre otras cosas, les explicó que la cooperativa sería algo positivo, favorable para todos, y que formaba parte fundamental de las transformaciones económicas que constituían imperativos para el país. Era un plan priorizado del Gobierno, ineluctable. Así, pues, debían elegir a cuatro de ellos, en representación de todos, para que recibieran un seminario acerca de lo que sería la empresa cooperativa y las características del proceso de transformación al nuevo modo de explotación del restaurante.
Los representantes elegidos, en efecto, pasaron su seminario y pusieron el mayor empeño en actualizarse sobre el asunto, mientras las expectativas de sus compañeros subían de punto ante la inminencia del cambio.
El golpe
Un primer impacto contra las ilusiones llegó cuando, en otra reunión, a los empleados aspirantes a cooperativistas se les habló de impuestos y de cifras concretas. Eran sencillamente astronómicas. Según los parámetros que se les impondrían, tendrían que abonar, además de todos los impuestos por disímiles conceptos, 40 CUC por cada metro cuadrado de superficie ocupada, incluyendo las áreas de parqueo, las cuales —por razones obvias— no generan los mismos ingresos que el salón-restaurante propiamente dicho.
Y esa era la menor de las cifras que escucharían: para iniciar la cooperativa se imponía que aportaran un adelanto de 116 mil CUC, un monto definitivamente alucinante. Cundió una sensación de irrealidad que se expandió como un cuerpo sólido en medio de la reunión y arrancó un clamor general. Aquello debía ser un error, no podía ser serio. Con seguridad alguien se había equivocado. ¿De dónde podrían obtener ellos una cifra tan elevada de dinero? Pero no, la cifra había sido asignada ya por los especialistas y la directiva de Gaviota. ¡Ah, compañeros, hay que pedir un crédito bancario y acordar con éste los plazos de devolución y los intereses!
Se decidió que una representación de los trabajadores iría al Banco a solicitar el préstamo y acordar las condiciones. Nadie quería descorazonarse.
El Minfar: ¿un paraíso fiscal en sí mismo?
La amable empleada del Banco no entendía qué era lo que solicitaban aquellas personas. ¿De qué crédito estaban hablando?, ¿sobre qué fondos creían que podían acceder a un préstamo, en especial tan elevado? De hecho, les explicó, La Divina Pastora jamás había ingresado un centavo a las arcas del Banco. Es más, Gaviota misma no había realizado ingreso alguno en todos sus años de existencia, por ningún concepto, como si de una entidad fantasma se tratara. ¿Y entonces, qué podían hacer los trabajadores? La gentil empleada bancaria no sabía; solo conocía lo que no podían hacer: obtener crédito.
Ahora bien, más allá del drama de un colectivo de trabajo, esto lleva a consideraciones de otra naturaleza en un país donde, al menos de jure, se está librando una batalla tenaz contra la corrupción y las ilegalidades, para lo cual el General-Presidente ha creado una implacable Contraloría provista de los más rigurosos registros, que opera a través de un inflexible cuerpo de inspectores en coordinación con la PNR. Los carretilleros, merolicos, pequeños comerciantes y toda suerte de timbiricheros podrían dar fe de los frecuentes operativos e inspecciones fiscales a que son sometidos regularmente y del monto de las multas que se imponen, además de otras reconvenciones ante la menor violación (o sospecha de ella) en que incurran.
Pero, asumiendo como cierto que no existen rastros visibles de los movimientos financieros de la corporación "estatal" Gaviota en el Banco (también estatal), si se ignoran sus ingresos e inversiones y sus cuentas son absolutamente desconocidas, ¿cómo se aplicarían a ella los chequeos de contraloría? ¿En virtud de qué derechos supra-constitucionales estaría una corporación militar exenta de escrutinio fiscal? ¿Acaso se podrían considerar sus finanzas como "información sensible" y por tanto, secreta, solo por ser una entidad económica del Minfar, aunque eminentemente capitalista?
Y se trata ésta de una corporación que agrupa tanto restaurantes como hoteles en diferentes locaciones turísticas del país, bases de transporte, tiendas y otros establecimientos, es decir, con ingresos significativos, y en la que —además— laboran miles de trabajadores civiles que pagan seguridad social y cobran salarios, vacaciones y otras prestaciones como la maternidad, las licencias médicas, etc. ¿No existe un registro bancario de los cobros e ingresos de ellos por estos conceptos?
Sin dudas, hay decenas de preguntas sin respuestas en este como en otros macronegocios de la élite verdeolivo. Sabemos que dicha élite no mercadea con timbiriches. Al menos nadie ha visto a ningún militar de charreteras arrastrando una carretilla de viandas, hortalizas y frutas por nuestras calles, ni vendiendo bisutería u otras mercaderías corrientes en pequeños locales; la humildad solo es buena en los discursos. Todo sugiere que en Cuba circulan tres monedas: dos de ellas visibles, el CUC y el CUP, y una invisible e irrastreable, el capital de los monopolios militares.
Por eso no es de extrañar que, ante la evidente incapacidad financiera de los trabajadores de La Divina Pastora, y ante sus quejas y reclamaciones, nuevamente se presentó ante ellos el señor director de Gaviota, esta vez ceñudo, autoritario e investido de todos los poderes, y les espetó sin ceremonias que las cifras asignadas por concepto de impuestos sobre el espacio, así como el capital inicial, "no eran negociables". Telón.
Epílogo
A los atribulados trabajadores les fue informado que el viernes 20 de septiembre de 2013 el restaurante quedaría cerrado y se procedería a su licitación. Porque resulta que ya hay (en realidad siempre hubo) un inversor con capital disponible para asumir la "cooperativa". Como habrán adivinado los lectores, se trata de un miembro prominente de la casta de los ungidos que seguramente no precisó de un crédito bancario ni de una declaración de ingresos para colocar el dinero requerido.
En cuanto a los trabajadores, bien, gracias, cada uno en su casa procurando tragar el buche amargo. Quizás se estén preguntando de qué valió que durante años pagaran puntualmente sus cotizaciones al sindicato, que asistieran a las marchas "revolucionarias" convocadas por el mismo poder que ahora los desalojó, y que —procurando "no señalarse"— obedecieran mansamente y sin rechistar cada orientación de las alturas. Por el momento, solo esperan que alguien les explique a qué se refería el presidente de Gaviota cuando les dijo que "nadie quedaría desamparado".