En el año 2011 se promulgó la Resolución 516 del Ministerio de Comercio Interior que contemplaba el arrendamiento a sus trabajadores de barberías, peluquerías y otros locales dedicados a reparaciones menores. De esa forma el Estado pretendía librarse de la administración de ciertas actividades económicas de menor connotación, al tiempo que los empleados de dichos establecimientos pasaban a un régimen tributario parecido al de los trabajadores por cuenta propia: pagan un impuesto fijo mensual, la contribución a la Seguridad Social, además del impuesto por el arrendamiento.
Sin dudas, se trata de una medida que, en un primer momento, contó con el beneplácito de casi todos, por cuanto abría una brecha en el ineficiente e hipertrofiado aparato estatal. También se avizoraba un mayor sentido de pertenencia de los trabajadores, así como un servicio que satisficiera plenamente a los usuarios. Sin embargo, a dos años de la puesta en marcha de los arrendamientos, hay evidencias de que no todo marcha según lo previsto.
La primera clarinada sobrevino mediante un reportaje del periódico Trabajadores, aparecido en la edición del pasado 24 de junio. El trabajo periodístico se refiere a la difícil situación que afrontan muchos barberos y peluqueras en la ciudad de Las Tunas. Uno de los barberos encuestados afirma que el dinero que recauda apenas le alcanza para pagar el impuesto, el arrendamiento, la Seguridad Social, y la corriente eléctrica que consume el local. Tal vez ese agobio financiero haga que nunca se alcance el añorado sentido de pertenencia, pues los locales estaban desordenados, sucios y con los baños clausurados.
En lo referido a la esperada mejoría en la calidad de los servicios, no ha sucedido de esa manera, al menos en Las Tunas. Lo mismo en las barberías que en las peluquerías, las tarifas han aumentado. Pero no solo la insatisfacción se relaciona con la afectación del bolsillo de los clientes, sino también con otros detalles referentes a lo placentera de la estancia en los locales.
Por ejemplo, una cliente de cierta peluquería comentó que, antes del arrendamiento, los equipos de aire acondicionado estaban encendidos todo el tiempo, y podía escucharse música indirecta. Ahora, en cambio, los acondicionadores de aire solo se encienden en determinados momentos, sobre todo cuando se llena el local, ya que así no se encarece demasiado el pago del consumo eléctrico; un pago que, como ya expresamos, corre a cuenta de los propios barberos y peluqueras.
Después de ponernos al tanto de estos problemas, que probablemente se repitan en otros territorios del país, decidimos conocer cómo marcha el arrendamiento en La Habana, la capital que contiene el mayor número de unidades arrendadas a sus trabajadores. Y el panorama no dista mucho del manifestado en Las Tunas.
A todo lo expuesto habría que agregar la inconformidad de barberos y peluqueras con el tratamiento que reciben por parte del sistema de Seguridad Social; un descontento que seguramente podríamos hacer extensivo a buena parte de los trabajadores por cuenta propia.
Un barbero aseveró que no entiende por qué, si se enferma y deja de trabajar una parte del mes, debe pagar de todas maneras el impuesto a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Otro fígaro, casi alarmado, relató la tribulación que enfrentó al solicitar su jubilación.
El hombre arribó a los 65 años de edad —edad oficial de jubilación en Cuba—, y lleva dos años contribuyendo a la Seguridad Social, o sea, el mismo tiempo del arrendamiento. Cuando acudió a la oficina del Ministerio de Trabajo para iniciar los trámites de jubilación, le comunicaron que, para disfrutar de tal condición, se precisan tres años de contribución a la Seguridad Social como mínimo. Después de haber trabajado 30 años para el Estado, este barbero deberá laborar tres años más, y esperar hasta sus 68 años, para jubilarse. Una situación que viola todas las disposiciones laborales emitidas al respecto.
Por otra parte, hay insatisfacción en los clientes, quienes han visto aumentar hasta en un 100% las tarifas de cortes de pelo.
Es evidente que se impone una revisión de la política impositiva, así como del tratamiento que reciben estos arrendatarios por parte de la Seguridad Social. Solo así se podrá evitar que un proyecto del que mucho se esperaba, sucumba en sus primeros años de vida.