La soberanía de la Patria no es más que el ejercicio irrestricto de todos los derechos de la dignidad humana en todo el territorio de nuestro país por todos los cubanos.
Cuba vive un cambio de época. Ello nos impone el apremio de velar por la soberanía de nuestra Patria. Preocupados por el presente y por el futuro, deseamos formular propuestas para ser estudiadas y debatidas públicamente, acerca de cómo podría desarrollarse, junto al proceso de actualización económica, la debida renovación del orden social cubano.
Quienes integramos el Laboratorio Casa Cuba, de procedencias ideológicas disímiles, partimos de un consenso en torno a cinco pilares que juzgamos cruciales e irrenunciables de cara al presente y el futuro de Cuba: abogamos por la realización de la dignidad humana, que se concreta mediante el ejercicio no-violento de la libertad, la igualdad y la hermandad, por la socialización de la riqueza espiritual y material que seamos capaces de crear, por la consecución de una democracia plena, por la búsqueda de la mayor estabilidad en este proceso de cambios, y por el resuelto rechazo a la intromisión de poderes extranjeros en los asuntos de Cuba.
Al proponer (nunca imponer) una definición mínima de República y algunos posibles instrumentos para realizarla, no deseamos promover agendas particulares, sino que cubanas y cubanos, con opiniones y creencias diferentes, entre todos contribuyamos a concretar, ampliar y profundizar estos criterios, que aspiramos a que sean la base de nuestra convivencia en un futuro próximo.
República:
Un orden público con un universo de actitudes, compromisos y reglas que garantizan a cada ser humano el disfrute de todas las capacidades necesarias para desempeñar su cuota de soberanía. El ejercicio de la soberanía ciudadana, que requiere un orden democrático, ha de tener como base las virtudes humanas, como medio principal el apoyo mutuo, y como meta la edificación de la justicia.
Instrumentos para afianzar la República en la Cuba de hoy y de mañana:
I. Garantizar el disfrute de los derechos civiles, familiares, políticos, culturales, sociales, laborales y económicos.
II. Implementar mecanismos eficaces para que todo ciudadano pueda disfrutar equitativamente de esos derechos, y para empoderar a los sectores desfavorecidos.
III. Asegurar el derecho a una información universal que sea libre y diversa, amplia y profunda, interactiva y crítica, sin censura ni monopolización. En particular, es imprescindible garantizar la transparencia de la gestión pública y el acceso masivo y participativo a Internet.
IV. Garantizar a la multiplicidad social y política de la nación el derecho de escoger diversas formas para auto-organizarse con el propósito de promover sus metas, influir en la opinión y en la acción de la sociedad, así como participar en la gestión pública.
V. Que creyentes y practicantes de las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones existentes en Cuba, puedan promover y sentir públicamente respetadas sus identidades, y auto-organizarse en comunidades con personalidad jurídica propia.
VI. Establecer diversos dispositivos para que la ciudadanía pueda controlar activamente el cumplimiento de la Constitución de la República, así como el desempeño de todas las instituciones oficiales.
VII. Procurar la mayor autonomía posible del desempeño de las instancias locales, entendidas como espacios comunitarios, con recursos y capacidades de decisión sobre estos, para el ejercicio del protagonismo solidario y la soberanía ciudadana.
VIII. Cuando un problema pueda resolverse en las bases -ámbito local, asociativo o de colectivo laboral-, las instancias superiores no deberán intervenir en su solución; las comunidades, asociaciones, empresas y colectivos de trabajadores han de tener la posibilidad de cooperar libremente entre sí para solucionar conjuntamente sus problemas.
IX. Derogar todas las normas que establecen discriminaciones entre ciudadanos según sus territorios de origen o residencia –incluyendo las que privilegian a extranjeros por sobre los cubanos-, así como las que proveen la posibilidad de sanciones penales para quienes no cometieron actos criminales (peligrosidad predelictiva: el “estado peligroso” y las “medidas de seguridad predelictiva”).
X. Instaurar mecanismos de control mutuo entre las diversas funciones públicas. Separar las funciones legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, así como perfilar la cooperación que debe existir entre las mismas.
XI. Cada contribuyente debe poder participar en la elaboración y aprobación del destino de los fondos que ingresa al erario público, así como exigir responsabilidades sobre su uso en propósitos sociales bien definidos.
XII. Elegir todos los cargos públicos representativos, por medio de elecciones directas, libres, secretas, periódicas y competitivas, entre candidatos nominados directamente por la ciudadanía.
XIII. También deberían ser electos siguiendo las reglas anteriores los máximos cargos ejecutivos de la República y de cada localidad.
XIV. Limitar a dos periodos la permanencia en los cargos ejecutivos de elección popular, y establecer límites de edad para tales funciones, así como determinar la incompatibilidad de cargos a ser ejercidos por una misma persona.
XV. Hacer efectiva la rendición de cuenta -periódica, pública e interactiva- de todos los funcionarios públicos.
XVI. Garantizar la realización del derecho del pueblo a revocar todos los mandatos.
XVII. Hacer el mayor uso posible del referéndum y del plebiscito, en todos los ámbitos y dimensiones.
XVIII. Asegurar eficazmente el derecho al trabajo y las garantías laborales; así como las libertades económicas necesarias, y subordinar la ejecutoria económica a compromisos sociales y ambientales.
XIX. Mantener, como derecho, el acceso universal y gratuito a la salud, mediante diversas formas sociales de organización, así como lograr una remuneración justa que esté a la altura de tal desempeño profesional.
XX. Garantizar el acceso universal y personalizado a una educación integral y democrática, humanista y diversa, con una remuneración justa para sus profesionales y un involucramiento activo de maestros, estudiantes, familiares y comunidades en la gestión de los planteles y la definición de los programas de estudio; así como a un desarrollo cultural libre y responsable.
XXI. Autonomía universitaria y académica, con libertad de cátedra y de investigación, y una participación activa de todos sus actores.
XXII. Asegurar vías eficaces para garantizar la participación equilibrada de la diáspora cubana en la vida del país.
XXIII. Todo el quehacer social debe cumplir los principios de legalidad, justicia y supremacía constitucional. Los preceptos constitucionales deben ser elaborados y aprobados con la participación protagónica del pueblo.
Sumamos nuestro modesto afán a los esfuerzos inolvidables de quienes han peleado y laborado por el triunfo del amor en nuestra tierra, a cuyas voces –un coro plural y diverso- unimos las nuestras, en común contraseña redentora.
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